miércoles, 1 de mayo de 2013

Texto de la Ley 26.774 (Ampliación de derechos políticos por edad y otros)

Voces:


ACTIVIDAD POLITICA ~ ARGENTINO NATIVO ~ AUTORIDAD DE MESA ~ CAMARA

NACIONAL ELECTORAL ~ CIUDADANIA ~ CIUDADANO ~ DERECHO POLITICO ~ DOCUMENTO

DE IDENTIDAD ~ ELECCIONES ~ ELECTOR ~ EMPADRONAMIENTO ~ LEY ELECTORAL ~ LEY

ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS ~ PADRON ELECTORAL ~ PARTIDO POLITICO ~

SUFRAGIO



Norma:


LEY 26774

Emisor:


PODER LEGISLATIVO NACIONAL (P.L.N.)

Jurisdicción:


Nacional

Sumario:


Ley de ciudadanía argentina - Electores - Edad - Inmunidades - Deber de votar - Registro Nacional de

Electores - Padrones provisionales - Autoridades de mesa - Atribuciones y deberes - Requisitos -

Inadmisibilidad del voto - Emisión - Procedimiento del escrutinio -- Modificación de las leyes 346, 17.671,

19.945, 23.298, 25.432, 26.215 y 26.571.



Fecha de Sanción:


31/10/2012

Fecha de Promulgación:


01/11/2012

Publicado en:


BOLETIN OFICIAL 02/11/2012 - ADLA2012-E, 4308

Cita Online:


AR/LEGI/78D5

El Senado y Cámara de Diputados

de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de

Ley:


ARTICULO 1°


— Modifícase el artículo 7° de la ley 346, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan de todos los
derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República.


ARTICULO 2°


— Modifícanse el inciso b) del artículo 10 y el artículo 10 bis de la ley 17.671, que
quedarán redactados de la siguiente manera:
b) Al cumplir la persona los catorce (14) años de edad, oportunidad en que se completarán todos los datos y
antecedentes, incluyendo una nueva fotografía. En esta etapa de actualización, que suple al anterior
enrolamiento y empadronamiento, se entregará el documento nacional de identidad que corresponde;
Artículo 10 bis: En oportunidad de la primera actualización de los datos de identificación, se requerirá la
presentación del certificado que acredite escolaridad actual, extendido por autoridad competente.
Al tramitar la persona la actualización prevista a los catorce (14) años de edad, se solicitará el certificado de
aprobación de la Educación General Básica, o la acreditación de escolaridad actual.


ARTICULO 3°


— Modifícanse los artículos 1°, 6°, 12, 15, 18, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 41, 43, 61, 68, 72, 73,
75, 75 bis, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 112, 125, 127 y 137 de la ley 19.945, que quedarán redactados de la
siguiente manera:

Artículo 1º: Son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad, y los

argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) años de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones

previstas en esta ley.

Artículo 6°: Inmunidad del Elector. Ninguna autoridad estará facultada para reducir a prisión al elector

desde veinticuatro (24) horas antes de la elección hasta la clausura del comicio, salvo el caso de flagrante delito

o cuando existiera orden emanada de juez competente. Fuera de estos supuestos no se le estorbará en el tránsito

desde su domicilio hasta el lugar donde aquél se halle instalado, ni podrá ser molestado en el desempeño de sus

funciones.

Artículo 12: Deber de votar. Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se realice en su

distrito.

Quedan exentos de esa obligación:

a) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas

mientras dure el acto comicial;

b) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban

votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.

Tales electores se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá

certificación escrita que acredite la comparecencia;

c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al

acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en

su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares.

Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento

del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y

hacerle entrega del certificado correspondiente;

d) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento

deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso el empleador o su

representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con diez (10) días

de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

La falsedad en las certificaciones aquí previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de las penas

establecidas en el artículo 292 del Código Penal. Las exenciones que consagra este artículo son de carácter

optativo para el elector.

Artículo 15: Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores es único y contiene los

siguientes subregistros:

1. De electores por distrito;

2. De electores inhabilitados y excluidos;

3. De electores residentes en el exterior;

4. De electores privados de la libertad.

El Registro Nacional de Electores consta de registros informatizados y de soporte documental impreso. El

registro informatizado debe contener, por cada elector los siguientes datos: apellidos y nombres, sexo, lugar y

fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar

se trata, fecha de identificación y datos filiatorios. Se consignará la condición de ausente por desaparición

forzada en los casos que correspondiere. La autoridad de aplicación determina en qué forma se incorporan las

huellas dactilares, fotografía y firma de los electores. El soporte documental impreso deberá contener además de

los datos establecidos para el registro informatizado, las huellas dactilares y la firma original del elector, y la

fotografía.

Corresponde a la justicia nacional electoral actualizar la profesión de los electores.
 
 
Artículo 18: Registro de infractores al deber de votar. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro de

infractores al deber de votar establecido en el artículo 12. Luego de cada elección nacional, elaborará un listado

por distrito, con nombre, apellido y matrícula de los electores mayores de dieciocho (18) años y menores de

setenta (70) años de edad de quienes no se tenga constancia de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento

del Poder Ejecutivo. Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar a la

Cámara el listado correspondiente a los electores de su distrito.

Artículo 25: De los padrones provisionales. El Registro Nacional de Electores y los subregistros de electores

de todos los distritos, tienen carácter público, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para

ser susceptibles de correcciones por parte de los electores inscritos en ellos. Los padrones provisionales están

compuestos por los datos de los subregistros de electores por distrito, incluidas las novedades registradas hasta

ciento ochenta (180) días antes de cada elección general, así como también las personas que cumplan dieciséis

(16) años de edad hasta el mismo día del comicio. Los padrones provisionales de electores contendrán los

siguientes datos: número y clase de documento cívico, apellido, nombre y domicilio de los inscritos. Los

mismos deberán estar ordenados por distrito y sección.

Los juzgados electorales podrán requerir la colaboración de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio

del Interior y Transporte para la impresión de las listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo el

proceso de impresión.

Artículo 26: Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la publicación de

los padrones provisionales y de residentes en el exterior diez (10) días después de la fecha de cierre del registro

para cada elección, en su sitio web y/o por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales

de privacidad correspondientes, para ser susceptible de correcciones por parte de los electores inscritos en él. Se

deberá dar a publicidad la forma para realizar eventuales denuncias y reclamos así como también las consultas

al padrón provisional.

Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elector o partido

político tendrá derecho a pedir, al juzgado federal con competencia electoral, que se eliminen o tachen del

padrón los electores fallecidos, los inscritos más de una vez o los que se encuentren comprendidos en las

inhabilidades establecidas en esta ley. Previa verificación sumaria de los hechos que se invoquen y de la

audiencia que se concederá al elector impugnado, en caso de corresponder, los jueces dictarán resolución. Si

hicieran lugar al reclamo comunicarán a la Cámara Nacional Electoral para que disponga la anotación de la

inhabilitación en el Registro Nacional de Electores. En cuanto a los fallecidos o inscritos más de una vez, se

eliminarán los registros tanto informáticos como los soportes en papel.

El impugnante podrá tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y será notificado en todos los casos

de la resolución definitiva, pero no tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con

vista al agente fiscal.

Artículo 29: Padrón definitivo. Los padrones provisorios depurados constituirán el padrón electoral

definitivo destinado a las elecciones primarias y a las elecciones generales, que tendrá que hallarse impreso

treinta (30) días antes de la fecha de la elección primaria de acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 31.

El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y

por orden alfabético por apellido.

Compondrán el padrón de mesa definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector, un código

de individualización que permita la lectura automatizada de cada uno de los electores, los datos que para los

padrones provisionales requiere la presente ley y un espacio para la firma.

Artículo 33: Errores u omisiones. Plazos para subsanarlos. Los electores estarán facultados para pedir, hasta

veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón. Ello

podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces

dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado,

y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio.

No darán órdenes directas de inclusión de electores en los ejemplares ya enviados a los presidentes de mesa

Las reclamaciones que autoriza este artículo se limitarán exclusivamente a la enmienda de erratas u

omisiones. No serán admisibles las reclamaciones e impugnaciones a que se refieren los artículos 27 y 28 de

esta ley, las cuales tendrán que ser formuladas en las oportunidades allí señaladas.

Artículo 35: Comunicación de autoridades civiles y militares respecto de electores inhabilitados. Las

autoridades civiles y militares deberán formalizar, noventa (90) días antes de cada elección mediante

comunicación a los jueces electorales la referencia de los electores inhabilitados en virtud de las prescripciones

del artículo 3° y que se hallasen bajo sus órdenes o custodia o inscriptos en los registros a su cargo.

El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el presente artículo, pasados treinta (30) días del

plazo fijado en ellos y sin necesidad de requerimiento alguno, hará incurrir a los funcionarios responsables en

falta grave administrativa. Los jueces electorales comunicarán el hecho a los respectivos superiores jerárquicos

a los fines que corresponda.

Si las autoridades que se mencionan aquí no tuviesen bajo sus órdenes o custodia a electores comprendidos

en la prescripción del artículo 3°, igualmente lo harán saber a los jueces pertinentes en el plazo a que alude el

primero de ellos.

Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se dividirá en mesas, las que se constituirán con hasta

trescientos cincuenta (350) electores inscritos, agrupados por orden alfabético.

Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a sesenta (60), se incorporará a la

mesa que el juez determine. Si restare una fracción de sesenta (60) o más, se formará con la misma una mesa

electoral. Los jueces electorales pueden constituir mesas electorales, en aquellos circuitos cuyos núcleos de

población estén separados por largas distancias o accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de los

electores al comicio, agrupando a los electores considerando la proximidad de sus domicilios y por orden

alfabético.

Los electores domiciliados dentro de cada circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez realizada esta

operación se procederá a agruparlos en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.

Artículo 43: Atribuciones y deberes. Tienen las siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de lo

establecido en la ley 19.108 y reglamento para la justicia nacional:

1. Proponer a las personas que deban ocupar el cargo de secretario, prosecretario y demás empleos.

2. Aplicar sanciones disciplinarias, inclusive arresto de hasta quince (15) días, a quienes incurrieren en falta

respecto a su autoridad o investidura o a la de los demás funcionarios de la Secretaría Electoral, u obstruyeren

su normal ejercicio.

3. Imponer al secretario, prosecretario o empleados sanciones disciplinarias con sujeción a lo previsto en el

reglamento para la justicia nacional. Además, en casos graves, podrán solicitar la remoción de éstos a la Cámara

Nacional Electoral.

4. Recibir y atender las reclamaciones interpuestas por cualquier elector y por los apoderados de los partidos

políticos, sobre los datos consignados en los aludidos registros.

5. Designar auxiliares ad-hoc, para la realización de tareas electorales, a funcionarios nacionales,

provinciales o municipales. Las designaciones se considerarán carga pública.

6. Cumplimentar las demás funciones que esta ley les encomienda específicamente.

Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará resolución, con

expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos. La

misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la que
 
resolverá en el plazo de tres (3) días por decisión fundada.

Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias se correrá el

orden de lista de los titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de ésta; y

el partido político a que pertenezca podrá registrar otro suplente en el último lugar de la lista en el término de

cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella resolución. En la misma forma se sustanciarán las nuevas

sustituciones.

En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será reemplazado

por el candidato a vicepresidente. En caso de vacancia del vicepresidente la agrupación política que lo haya

registrado, deberá proceder a su reemplazo en el término de tres (3) días. Tal designación debe recaer en un

elector que haya participado en las elecciones primarias como precandidato de la lista en la que se produjo la

vacante.

Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después de las cuarenta y

ocho (48) horas de notificadas.

La lista oficializada de candidatos será comunicada por el Juez a la Junta Electoral dentro de las veinticuatro

(24) horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso.

Artículo 68: Miembros de las fuerzas armadas. Limitaciones de su actuación durante el acto electoral. Los

jefes u oficiales de las fuerzas armadas y autoridades policiales nacionales, provinciales, territoriales y

municipales, no podrán encabezar grupos de electores durante la elección, ni hacer valer la influencia de sus

cargos para coartar la libertad de sufragio ni realizar reuniones con el propósito de influir en los actos

comiciales.

Al personal retirado de las fuerzas armadas, cualquiera fuera su jerarquía, le está vedado asistir al acto

electoral vistiendo su uniforme.

El personal de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, tiene derecho a concurrir a los comicios de

uniforme y portando sus armas reglamentarias.

Artículo 72: Autoridades de la mesa. Para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad a los

electores que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en la cual se debe tener en cuenta su

grado de instrucción y edad, a los electores que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los

inscriptos en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con el título de presidente. Se

designará también un suplente, que auxiliará al presidente y lo reemplazará en los casos que esta ley determina.

En caso de tratarse de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación, las autoridades de mesa

designadas para la primera vuelta cumplirán también esa función en caso de llevarse a cabo la segunda vuelta.

Los electores que hayan cumplido funciones como autoridades de mesa recibirán una compensación

consistente en una suma fija en concepto de viático.

Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el comicio, el Ministerio del Interior y Transporte determinará

la suma que se liquidará en concepto del viático, estableciendo el procedimiento para su pago que se efectuará

dentro de los sesenta (60) días de realizado el comicio, informando de la resolución al juez federal con

competencia electoral de cada distrito. Si se realizara segunda vuelta se sumarán ambas compensaciones y se

cancelarán dentro de un mismo plazo.

Artículo 73: Requisitos. Los presidentes y suplentes deberán reunir las calidades siguientes:

1. Ser elector hábil

2. Tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años de edad.

3. Residir en la sección electoral donde deba desempeñarse.

4. Saber leer y escribir.

A los efectos de verificar la concurrencia de estos requisitos, las Juntas Electorales están facultadas para

solicitar de las autoridades pertinentes los datos y antecedentes que estimen necesarios.

Artículo 75: Designación de las autoridades. El juzgado federal con competencia electoral nombrará a los

presidentes y suplentes para cada mesa, con una antelación no menor de treinta (30) días a la fecha de las

elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.

Las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados.

Las notificaciones de designación se cursarán por el correo de la Nación o por intermedio de los servicios

especiales de comunicación que tengan los organismos de seguridad, ya sean nacionales o provinciales.

a) La excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres (3) días de notificados y

únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificadas. Transcurrido

este plazo sólo podrán excusarse por causas sobrevinientes, las que serán objeto de consideración especial por la

Junta;

b) Es causal de excepción el desempeñar funciones de organización y/o dirección de un partido político y/o

ser candidato. Se acreditará mediante certificación de las autoridades del respectivo partido;

c) A los efectos de la justificación por los presidentes o suplentes de mesa de la enfermedad que les impida

concurrir al acto electoral, solamente tendrán validez los certificados extendidos por médicos de la sanidad

nacional, provincial o municipal, en ese orden. En ausencia de los profesionales indicados, la certificación podrá

ser extendida por un médico particular, pudiendo la Junta hacer verificar la exactitud de la misma por

facultativos especiales. Si se comprobare falsedad, pasará los antecedentes al respectivo agente fiscal a los fines

previstos en el artículo 132.

Artículo 75 bis: Registro de autoridades de mesa. La justicia nacional electoral creará un Registro Público

de Postulantes a Autoridades de Mesa, en todos los distritos, que funcionará en forma permanente. Aquellos

electores que quisieren registrarse y cumplan con los requisitos del artículo 73 podrán hacerlo en los juzgados

electorales del distrito en el cual se encuentren registrados, mediante los medios informáticos dispuestos por la

justicia electoral o en las delegaciones de correo donde habrá formularios al efecto.

La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presencial o virtual,

debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte prestar el apoyo necesario.

Artículo 86: Dónde y cómo pueden votar los electores. Los electores podrán votar únicamente en la mesa

receptora de votos en cuya lista figuren asentados y con el documento cívico habilitante. El presidente verificará

si el elector a quien pertenece el documento cívico figura en el padrón electoral de la mesa.

Para ello cotejará si coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas indicaciones

contenidas en dicho documento. Cuando por error de impresión alguna de las menciones del padrón no coincida

exactamente con la de su documento, el presidente no podrá impedir el voto del elector si existe coincidencia en

las demás constancias. En estos casos se anotarán las diferencias en la columna de observaciones.

1. Si por deficiencia del padrón el nombre del elector no correspondiera exactamente al de su documento

cívico, el presidente admitirá el voto siempre que, examinados debidamente el número de ese documento, año

de nacimiento, domicilio, etc., fueran coincidentes con los del padrón


2. Tampoco se impedirá la emisión del voto:

a) Cuando el nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de alguno o algunos datos relativos

al documento cívico (domicilio, clase de documento, etc.);

b) Cuando falte la fotografía del elector en el documento, siempre que conteste satisfactoriamente al

interrogatorio minucioso que le formule el presidente sobre los datos personales y cualquier otra circunstancia

que tienda a la debida identificación;

c) Al elector que figure en el padrón con libreta de enrolamiento o libreta cívica duplicada, triplicada, etc., y

se presente con el documento nacional de identidad;

d) Al elector cuyo documento contenga anotaciones de instituciones u organismos oficiales, grupo

sanguíneo, etc.

3. No le será admitido el voto:

a) Si el elector exhibiere un documento cívico anterior al que consta en el padrón;

b) Al elector que se presente con libreta de enrolamiento o libreta cívica y figurase en el registro con

documento nacional de identidad.

4. El presidente dejará constancia en la columna de ‘observaciones’ del padrón de las deficiencias a que se

refieren las disposiciones precedentes.

Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna autoridad, ni aun el juez electoral, podrá ordenar al

presidente de mesa que admita el voto de un elector que no figura inscripto en los ejemplares del padrón

electoral.

Artículo 88: Derecho del elector a votar. Todo aquel que figure en el padrón y exhiba su documento cívico

tiene el derecho a votar y nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los presidentes no aceptarán

impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del elector para figurar en el padrón electoral.

Está excluido del mismo quien se encuentre tachado con tinta roja en el padrón de la mesa, no pudiendo en

tal caso emitir el voto aunque se alegare error.

Artículo 89: Verificación de la identidad del elector. Comprobado que el documento cívico presentado

pertenece al mismo elector que aparece registrado como elector, el presidente procederá a verificar la identidad

del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho documento, oyendo sobre el punto a los fiscales de

los partidos.

Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente lo hará constar

en el sobre correspondiente. De inmediato anotará el nombre, apellido, número y clase de documento cívico y

año de nacimiento, y tomará la impresión dígito pulgar del elector impugnado en el formulario respectivo, que

será firmado por el presidente y por el o los fiscales impugnantes. Si alguno de éstos se negare el presidente

dejará constancia, pudiendo hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los electores presentes. Luego colocará

este formulario dentro del mencionado sobre, que entregará abierto al elector junto con el sobre para emitir el

voto y lo invitará a pasar al cuarto oscuro. El elector no podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere

constituirá prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo acreditación en contrario.

La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario importará el desistimiento y

anulación de la impugnación; pero bastará que uno solo firme para que subsista.

Después que el compareciente impugnado haya sufragado, si el presidente del comicio considera fundada la

impugnación está habilitado para ordenar que sea arrestado a su orden. Este arresto podrá serle levantado sólo

en el caso de que el impugnado diera fianza pecuniaria o personal suficiente a juicio del presidente, que

garantice su comparecencia ante los jueces.

La fianza pecuniaria será de pesos ciento cincuenta ($ 150) de la que el presidente dará recibo. El importe de

la fianza y copia del recibo será entregado al empleado del servicio oficial de correos juntamente con la

documentación electoral una vez terminado el comicio y será remitido por éste a la Secretaría Electoral del

distrito.

La personal será otorgada por un vecino conocido y responsable que por escrito se comprometa a presentar

al afianzado o a pagar aquella cantidad en el evento de que el impugnado no se presentare al juez electoral

cuando sea citado por éste.

El sobre con el voto del elector, juntamente con el formulario que contenga su impresión digital y demás

referencias ya señaladas, así como el importe de la fianza pecuniaria o el instrumento escrito de la fianza

personal, serán colocados en el sobre al que alude inicialmente el primer párrafo de este artículo.

El elector que por orden del presidente de mesa fuere detenido por considerarse fundada la impugnación de

su voto inmediatamente quedará a disposición de la Junta Electoral, y el presidente, al enviar los antecedentes,

lo comunicará a ésta haciendo constar el lugar donde permanecerá detenido.

Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta, el elector

colocará en el sobre su boleta de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa. El sobre cerrado será depositado

por el elector en la urna. El presidente por propia iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar se

verifique si el sobre que trae el elector es el mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente

elecciones nacionales, provinciales y/o municipales, se utilizará un solo sobre para depositar todas las boletas.

Los electores ciegos o con una discapacidad o condición física permanente o transitoria que impida, restrinja

o dificulte el ejercicio del voto podrán sufragar asistidos por el presidente de mesa o una persona de su elección,

que acredite debidamente su identidad, en los términos de la reglamentación que se dicte. Se dejará asentada

esta circunstancia en el padrón de la mesa y en el acta de cierre de la misma, consignando los datos del elector y

de la persona que lo asista. Ninguna persona, a excepción del presidente de mesa, podrá asistir a más de un

elector en una misma elección.

Artículo 95: Constancia de emisión de voto. Acto continuo el presidente procederá a señalar en el padrón de

electores de la mesa de votación que el elector emitió el sufragio, a la vista de los fiscales y del elector mismo.

Asimismo se entregará al elector una constancia de emisión del voto que contendrá impresos los siguientes

datos: fecha y tipo de elección, nombre y apellido completos, número de D.N.I. del elector y nomenclatura de la

mesa, la que será firmada por el presidente en el lugar destinado al efecto. El formato de dicha constancia será

establecido en la reglamentación. Dicha constancia será suficiente a los efectos previstos en los artículos 8°, 125

y 127 segundo párrafo.

Artículo 112: Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Nacional

realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto se

habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción. En el caso de la elección del

Presidente y Vicepresidente de la Nación lo realizará en un plazo no mayor de diez (10) días corridos.

El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para

verificar:

1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.

2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.

3. Si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con

motivo del acto electoral y escrutinio.

4. Si admite o rechaza las protestas.

5. Si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres remitidos por el

Presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido

político actuante en la elección.

6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, computándolos en

conjunto por sección electoral.

Realizadas las verificaciones preestablecidas la Junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los

resultados consignados en el acta, salvo que mediare reclamación de algún partido político actuante en la

elección.

Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500)

al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no

se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección. Cuando

se acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 12, se entregará una constancia al

efecto. El infractor incluido en el Registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá

ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección. El

juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del infractor a la fecha prevista en el artículo 25,

comunicará la justificación o pago de la multa al juez electoral donde se encontraba inscripto el elector.

Será causa suficiente para la aplicación de la multa, la constatación objetiva de la omisión no justificada.

Los procesos y las resoluciones judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la

aplicación de la multa, podrán comprender a un infractor o a un grupo de infractores. Las resoluciones serán

apelables ante la alzada de la justicia nacional electoral.

Artículo 127: Constancia de justificación administrativa. Comunicación. Los jefes de los organismos

nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales expedirán una constancia,

según el modelo que establezca la reglamentación, que acredite el motivo de la omisión del sufragio de los

subordinados, aclarando cuando la misma haya sido originada por actos de servicio por disposición legal, siendo

suficiente constancia para tenerlo como no infractor.

Los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o

municipal, que sean mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años de edad, presentarán a sus

superiores inmediatos la constancia de emisión del voto, el día siguiente a la elección, para permitir la

fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta

seis (6) meses y en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía.

Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones en que sus

subalternos hubieren incurrido. La omisión o inexactitud en tales comunicaciones también se sancionará con

suspensión de hasta seis (6) meses.

De las constancias que expidan darán cuenta a la justicia nacional electoral dentro de los diez (10) días de

realizada una elección nacional. Estas comunicaciones tendrán que establecer el nombre del empleado, último

domicilio que figure en su documento, clase, distrito electoral, sección, circuito y número de mesa en que debía

votar y causa por la cual no lo hizo.

Artículo 137: Inscripciones múltiples o con documentos adulterados. Domicilio falso. Retención indebida de

documentos cívicos. Se impondrá prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si no resultare un delito más

severamente penado, al elector que se inscribiere más de una vez, o lo hiciere con documentos apócrifos,

anulados o ajenos, o denunciare domicilio falso.

Serán pasibles de la misma pena quienes retengan indebidamente documentos cívicos de terceros.


ARTICULO 4°


— Modifícanse los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 20, 23 y 25 quáter de la ley 23.298, que

quedarán redactados de la siguiente manera:
 
Artículo 1°: Se garantiza a los electores el derecho de asociación política para agruparse en partidos

políticos democráticos.

Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre

funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política

para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las

disposiciones y requisitos que establece esta ley.

Artículo 2°: Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política

nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos.

Las candidaturas de electores no afiliados podrán ser presentadas por los partidos siempre que tal

posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas.

Artículo 3°: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

a) Grupo de electores, unidos por un vínculo político permanente;

b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método

democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y organismos partidarios, en la forma que

establezca cada partido, respetando el porcentaje mínimo por sexo establecido en la ley 24.012 y sus decretos

reglamentarios;

c) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que comporta su inscripción

en el registro público correspondiente.

Artículo 6°: Corresponde a la Justicia Federal con competencia electoral, además de la jurisdicción y

competencia que le atribuye la ley orgánica respectiva, el contralor de la vigencia efectiva de los derechos,

atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales

reglan con respecto a los partidos sus autoridades, candidatos, afiliados y electores en general.

Artículo 20: A los fines de esta ley, el domicilio electoral del elector es el último anotado en la libreta de

enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad.

Artículo 23: Para afiliarse a un partido se requiere:

a) Estar inscripto en el subregistro electoral del distrito en que se solicite la afiliación;

b) Comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad;

c) Presentar por cuadruplicado una ficha solicitud que contenga: nombre y domicilio, matrícula, clase,

estado civil, profesión u oficio y la firma o impresión digital, cuya autenticidad deberá ser certificada en forma

fehaciente por el funcionario público competente o por la autoridad partidaria que determinen los organismos

ejecutivos, cuya nómina deberá ser remitida a la Justicia Federal con competencia electoral; la afiliación podrá

también ser solicitada por intermedio de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe

de la misma certificará la autenticidad de la firma o impresión digital.

Las fichas solicitud serán suministradas sin cargo por el Ministerio del Interior y Transporte a los partidos

reconocidos o en formación que las requieran, sin perjuicio de su confección por los mismos y a su cargo,

conforme al modelo realizado por el Ministerio del Interior y Transporte respetando medida, calidad del

material y demás características.

Artículo 25 quáter: Los electores pueden formalizar su renuncia por telegrama gratuito o personalmente ante

la secretaría electoral del distrito que corresponda. A tal fin se establece en todo el territorio de la República

Argentina un servicio de telegrama gratuito para el remitente, para efectivizar las renuncias a partidos políticos.

El gasto que demande este servicio será cargado, mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta del Ministerio

del Interior y Transporte. El juzgado federal con competencia electoral una vez notificado de la renuncia a una

afiliación, deberá darla de baja y comunicarlo al partido al cual ha renunciado.


ARTICULO 5°


— Modifícanse los artículos 3°, 4° y 6° de la ley 25.432, que quedarán redactados de la

siguiente manera:

Artículo 3°: En todo proyecto sometido a consulta popular vinculante, el voto del electorado en los términos

de la ley 19.945 será obligatorio.

Artículo 4°: Toda consulta popular vinculante será válida y eficaz cuando haya emitido su voto no menos

del treinta y cinco por ciento (35%) de los electores inscriptos en el padrón electoral nacional.

Artículo 6°: Puede ser sometido a consulta popular no vinculante, todo asunto de interés general para la

Nación, con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente

reglado por la Constitución Nacional, mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de

una mayoría calificada para su aprobación. En este tipo de consulta el voto del electorado no será obligatorio.


ARTICULO 6°


— Modifícanse los artículos 18 y 27 de la ley 26.215, que quedarán redactados de la

siguiente manera:

Artículo 18: Administración financiera. El partido deberá nombrar un (1) tesorero titular y uno (1) suplente,

o sus equivalentes de acuerdo a su carta orgánica, mayores de edad, con domicilio en el distrito correspondiente,

debiendo ambos ser afiliados. Las designaciones con los respectivos datos de identidad y profesión deberán ser

comunicados al juez federal con competencia electoral correspondiente y a la Dirección Nacional Electoral del

Ministerio del Interior y Transporte.

Artículo 27: Responsables. En forma previa al inicio de la campaña electoral, las agrupaciones políticas, que

presenten candidaturas a cargos públicos electivos deben designar dos (2) responsables económico-financieros,

que cumplan los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,

26.215, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones

legales, reglamentarias y técnicas aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con

competencia electoral correspondiente, y al Ministerio del Interior y Transporte.


ARTICULO 7°


— Modifícase el artículo 23 de la ley 26.571, que quedará redactado de la siguiente

manera:

Artículo 23: En las elecciones primarias deben votar todos los electores, de acuerdo al registro de electores

confeccionado por la justicia nacional electoral.

Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que constarán

las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el día de la elección general.

El elector votará en el mismo lugar en las dos (2) elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza

mayor, de lo cual se informará debidamente por los medios masivos de comunicación.


ARTICULO 8°


— El Poder Ejecutivo nacional instrumentará una campaña de difusión y documentación

destinada a que los jóvenes de catorce (14) años de edad tramiten la renovación del Documento Nacional de

Identidad en los términos del artículo 10, inciso b) de la ley 17.671, con anterioridad a la fecha de cierre de los

padrones provisionales prevista en el artículo 25 de la ley 19.945.


ARTICULO 9°


— Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los

términos de la presente ley.


ARTICULO 10.


— Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS




 

TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

— REGISTRADO BAJO EL Nº26.774 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Gervasio Bozzano.


Decreto 2106/2012



POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación Nº26.774 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Aníbal F.

Randazzo.



Actualización:



-


ley 346: 1852-1880

ley 17.671: XXXVIII-A, 1212

ley 19.945 (Código Electoral Nacional - t. o. 1983): XLIII-C, 2815

ley 23.298: XLV-D, 3635

ley 25.432: LXI-C, 2679

ley 26.215: LXVII-A, 168

ley 26.571: LXX-A, 99.


Antecedentes Paralamentarios:



Proyecto del senador Fernández, Anibal y otros, considerado y aprobado con modificaciones por el Senado en la

sesión del 17 de octubre de 2012 y considerado y sancionado por la Cámara de Diputados en la sesión del 31 de

octubre de 2012.

jueves, 27 de diciembre de 2012

Fertilización in vitro CIDH (Sumario)

Caso A. M y otros ("Fertilización In Vitro") vs. Costa Rica. Corte Interamericana de Derechos Humanos
28/11/2012
 
 
Derecho a la realización de prácticas de Fertilización In Vitro. Status del embrión no implantado. Condena al Estado de Costa Rica a adoptar las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de la técnica de Fertilización In Vitro dispuesta por una resolución de la Sala Constitucional de dicho país. La Corte Interamericana señala que dicha prohibición afecta severamente el derecho a la integridad personal, libertad personal, vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva, el acceso a servicios de salud reproductiva y a fundar una familia. Añadió que la infertilidad es una limitación funcional reconocida como una enfermedad y que las personas con infertilidad en Costa Rica debían considerarse protegidas por los derechos de las personas con discapacidad, que incluyen el derecho de acceder a las té cnicas necesarias para resolver problemas de salud reproductiva. Con respecto a la interpretación que cabía asignarle a las normas de la Convención Interamericana involucradas, la Corte Interamericana señaló que la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 de la Convención citada tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento el embrión no puede ser considerado persona y no habría lugar a la aplicación del artículo 4 del referido Tratado. Además, la Corte sostuvo que no es posible concluir de las palabras “en general” contenidas en dicha norma, que la protección del derecho a la vida con arreglo a tal disposición sea absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo, e implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.

viernes, 17 de agosto de 2012

Breves nociones acerca de la "Política"

Política.






I. Introducción.



Será materia de las líneas que viene procurar la aprehensión de un concepto de “política”.



La necesidad científica de precisar el lenguaje torna indispensable este primer paso, pues los fenómenos que analizaremos a lo largo de nuestros estudios girarán alrededor de este concepto que, por otra parte, ayudará en la definición de otros que campean en el mundo que penetramos; mundo en el que se entrecruzan derecho y política.



En efecto: la ciencia política, el nombre de nuestra materia- “derecho político- , la noción del Estado como organización jurídico-política, la constitución como carta de estructuración política, los partidos políticos, las cuestiones políticas no judiciables, son, entre otras, categorías que pondremos bajo la lupa y que, por propia definición o significación lingüística, envuelven la exigencia que expresamos.



A ello concurrimos.



II. Algunas dificultades



Como veremos más adelante, la palabra “política” es multívoca en la medida en que puede denotar diversas cuestiones; puede tener diferentes significados.



Desde una perspectiva estrictamente semántica, política es, para las reglas del castellano, un adjetivo. El diccionario de la Real Academia Española (1) la conceptúa de esta manera: “…1. adj. Perteneciente o relativo a la doctrina política. 2. adj. Perteneciente o relativo a la actividad política. 3. adj. Cortés, urbano. 4. adj. Cortés con frialdad y reserva, cuando se esperaba afecto. 5. adj. Dicho de una persona: Que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. U. t. c. s…”.



No obstante podemos precisar que, aún desde la expresión vulgar, apreciamos su uso tanto como adjetivo cuanto como sustantivo (“la política”) y se le utiliza, aún, en género neutro: “lo político”.



El lenguaje común, continuamos, nos brinda algunas pistas interesantes, pero no nos da la solución que pretendemos, pues nos interesa connotar y denotar el término científicamente (conceptuar su identidad) ya que a la zaga de Sartori (2), comprendemos que la especialización del lenguaje es la nota distintiva del conocimiento científico.





Autores calificados nos advierten del problema, pero también nos otorgan algunos elementos a tener en consideración.



Max Weber en su obra “El político y el científico” (3) indica la amplitud del término que abarca, a su parecer y en dirección extensa, cualquier tipo de actividad directiva autónoma. Así, considera que puede hablarse, desde ese ángulo, de la política económica, de la política social, de la política de una asociación determinada, y aún de la política desde una perspectiva personal, cuando se dice, por ejemplo, mi política es no hacer caridad o, citándolo textualmente se habla de “...la política de una esposa astuta que trata de manipular sutilmente a su marido....”.





Sartori mismo nos comenta de la crisis de identidad de la noción, crisis que el autor define como crisis de “…ubicación…”. Al respecto explica: “…Si nos entendemos sobre esta ubicación, y no nos dispersamos demasiado en cuanto a la ubicuidad de la política, ésta puede ser definida, identificada. Las decisiones políticas abarcan materias muy diferentes; pueden ser de política económica, de política del derecho, de política social, de política religiosa, de política de instrucción etc. Si todas estas decisiones son inicial y básicamente “políticas”, es por el hecho de que son adoptadas por un personal situado en el dominio “político”. Es ésta su naturaleza política…” (4)



No obstante, y a fin de no abrumar al lector en las primeras líneas del trabajo, se debe convenir en que a pesar de sus diversos significados la palabra política sirve para calificar y caracterizar y distinguir un cierto sector de la realidad humana, razón por la cual política y realidad política se identifican, tal como lo sostiene Mario Justo López.



Ya volveremos sobre estos puntos.



III. Etimología de la palabra “política”



El vocablo política se deriva de la voz “polis” y, como ésta, fue usada en el griego clásico.



Su significado originario estaba circunscrito al tipo de sistema a que se refería y por ello estaba históricamente condicionado.



Polis era para los griegos un modo de organización y, por consecuencia, podría arriesgarse a exponer que “política” era todo aquello que el hombre hacía en la polis. Claro, que "el hombre" era el hombre griego, para quien la polis era connatural, diferenciándose de otros seres: las mujeres, los esclavos y los extranjeros.



Aristóteles, en su "Política" explica la dimensión de la Polis frente al hombre con las palabras que extractamos de su obra: "...Mas la comunidad que se compone de muchas aldeas es la ciudad, la cual, hablando sumariamente, es para sí perfecta y bastantemente suficiente, y se juntó por fin del vivir con mayor comodidad. Por esto, toda ciudad es comunidad natural, pues son los elementos de que se compone, de tal modo que ésta es el fin de aquellas, y la misma naturaleza es el fin de aquéllas …(omissis)....De aquí se colige claramente que la ciudad es una de las cosas más naturales, y que el hombre, por su naturaleza, es animal político o civil y que el que no vive en la ciudad, esto es errante y sin ley, o es mal hombre o es más que hombre...."; y más adelante "... debe considerarse a la ciudad como anterior a la familia y aún a cada uno de nosotros, pues el todo necesario es primero que cada una de sus partes...(omissis)...Consta, pues, que la ciudad es cosa que consiste en natura, y que es primero que ninguno. Porque si cada uno viviera solitario no podría bastarse a si mismo; será, comparado con la ciudad, de la misma manera que las partes con el todo. Pero aquel que en ninguna cosa puede hacer compañía, o el que por ser para sí mismo suficiente no tiene necesidad de cosa alguna, ninguna parte es de la ciudad; de manera que será bestia o será Dios..." (5)





Pero debe andarse con cierta precaución a la hora de enlazar el origen con la idea actual.



Es verdad que, como veremos más adelante, la idea de realidad humana en comunidad organizada campea en torno del concepto, pero no necesariamente en los términos en que “polis” implicaba



Sartori refiere, precisamente, a la variabilidad del concepto según las épocas, a acepciones diferentes en épocas diferentes.



Para el profesor Florentino, la sustantivación del concepto actual de política nada tiene que ver con el termino griego "politiké" y que nuestro concepto de hombre político nada tiene que ver con aquél pensado por Aristóteles. Y manifiesta: “...Si para Aristóteles el hombre era un zoon politikón, la sutileza que frecuentemente se omite es que Aristóteles definía de esta manera al hombre y no a la política...Al decir animal político Aristóteles expresaba, pues, la concepción griega de la vida...en el vivir político, en la politicidad, los griegos no veían una parte o un aspecto de la vida; la veían en su totalidad y en su esencia....”, el hombre no político, predica, era un "..idion..", un ser carente cuya insuficiencia "...consistía, precisamente en haber perdido o en no haber adquirido la dimensión y la plenitud de la simbiosis con la propia "polis". Brevemente un hombre no político era simplemente un ser inferior un menos que hombre...." (6)



En este plan discursivo el autor de marras añade "...Las complejas y tortuosas vicisitudes de la idea de política van mas allá de la palabra política, en todas las épocas y en mil aspectos. La política de Aristóteles era a la vez una antropología; ligada indisolublemente al “espacio de la polis”. Caída la “polis”, la politicidad se atenúa, diluyéndose variadamente o transformándose en otra. Por otro lado la política se juridiza desarrollándose en la dirección indicada por el pensamiento romano. Por otro lado se teologiza, adecuándose a la visión Cristiana del mundo, después en relación con la lucha entre el papado y el imperio y por último en la ruptura entre el protestantismo y el catolicismo....”, empero, continúa el maestro, la política no se configura en su especificidad y autonomía hasta Maquiavelo.





IV. “Armar” un concepto de política.



Ayudándonos con las pistas que señalábamos arriba, intentaremos “armar”- perdónese la licencia verbal- una idea de lo que es “política”.



Confesamos que, a lo largo del tiempo, este camino metódico que recorreremos a tal fin es el mismo que el que transitamos en las clases, adonde invariablemente y en conjunto, llegamos a conclusiones aceptables, consensuadas y en las que cada uno de los participantes aportan una pieza al “rompecabezas” (otra vez una digresión lingüística).



Veamos.



La primera cuestión radica en establecer que para construir el concepto de política ha de partirse de dos premisas básicas: a. la persona humana como centro de todas las cosas. b. la persona que vive y convive.



Es que no es posible concebir a la política sino en el hombre.



A pesar de que la naturaleza nos presenta maravillosas formas de organización entre los animales y fenómenos de supremacía y subordinación en el orden vegetal (vienen a la memoria las obras de Mauricio Maeterlink “La vida de las abejas”, “La inteligencia de las flores”) no podemos afirmar que las relaciones políticas puedan darse en esos espacios, porque es el hombre el único que racionalmente administra su conducta y se propone fines.



El hombre en cuanto ser único dotado de razón en la escala superior del orden natural es aquél a que refiere la “política”



Empero la política no puede, por su propia esencia, darse en el hombre solo. No existía política en el Robinson Crusoe de Defoe, único en su isla; pero bastó la llegada de Viernes para que interactuara y por ende realizara – en sentido lato- actividad política.



De suerte que hay “política” cuando ocurre interacción humana, o actividad humana en interferencia intersubjetiva.





Pero esa interferencia intersubjetiva no es neutra; implica, siempre, la aparición de relaciones de mando y obediencia, la existencia de relaciones de “poder”, definido éste, en líneas generales, como la capacidad de uno o de unos para determinar la conducta de otro u otros.



Ahora bien, tampoco, con lo expresado, agotamos la búsqueda.



Es que, como veremos, no cualquier relación de esta índole es de naturaleza política en el sentido científico del término, aunque, como se había comentado arriba, un concepto extensivo resulta fuertemente indicativo (el ejemplo de la esposa astuta resulta elocuente al respecto).



Las relaciones de mando y obediencia se dan en cualquier plano de la actividad humana en interacción; pero en nuestro caso debemos referir a una actividad directiva en una organización; pero no en cualquier organización.



Un club de fútbol, una sociedad comercial, una asociación civil o cualquier agrupamiento de personas razonablemente ordenado y con fines específicos, importa vinculaciones en las que “el poder” está presente. Es más, en los casos citados existen incluso estatutos que configuran tanto los órganos de poder, cuanto las reglas que regulan la relación que se establece entre los que mandan y los que obedecen.



En este plano, la política es una actividad generalizada que tiene lugar en todos aquellos ámbitos en los que los seres humanos se ocupan de producir y reproducir sus vidas en el marco de un fin común determinado.



Puede suponer tanto enfrentamiento como cooperación, ya que es factible que surjan disputas tanto sobre el proyecto en sí cuanto en sus formas de implementación.



¿Pero es esto suficiente para definir el concepto que se analiza?



No, decididamente. Aún desde lo semántico o lo histórico (de allí las pistas a las que aludíamos desde el comienzo) la política se da en la sociedad, ese agrupamiento humano, consolidado y relativamente estable, asentado en un ámbito geográfico delimitado.



Nos preguntamos, ¿en cualquier tipo de sociedad? Respondemos que no, pues las relaciones que definimos como “políticas” se realizan, al menos contemporáneamente, en la sociedad organizada: en el Estado, que no es sino el modo de organización social más perfeccionado, valga el uso pertinaz de la palabra organización.



De allí que, si bien desde una perspectiva amplia, la política se traduce en el conjunto de actividades tendientes o destinadas a organizar la vida de un grupo a través de la discusión e implementación de un proyecto común de orden, lo que presupone acciones destinadas a obtener, influir, conservar o modificar el poder y la organización necesaria para llevar a cabo ese orden. Desde una mirada más específica la política se liga a cuestiones relacionadas con lo público, lo que es común para el grupo social.



En las organizaciones que señalamos arriba, la relación se encuentra siempre restringida al ámbito del grupo que es parte de la formación y su efectividad se encuentra condicionada a que sus miembros continúen en ella voluntariamente. En cambio, en el poder estatal, el poder político se caracteriza como irresistible, sobre todo dentro del ámbito espacial y personal de la comunidad, pues posee la capacidad de imponer coactivamente sus decisiones.



En síntesis, y desde nosotros, podemos- en principio- conceptuar a la política como la actividad humana ocurrida en la sociedad organizada en Estado, caracterizada por las vinculaciones de mando y obediencia que se dan en su seno y orientada a la realización, obtención, mantenimiento o influjo respecto del poder.



V. Argumentos de autoridad que pueden ratificar o, acaso, demostrar la falsedad o insuficiencia del concepto dado.



Aunque estamos en la creencia razonable de haber dado un concepto más o menos apropiado sobre política, consideramos pertinente ponerlo en vilo mediante la observación de otras opiniones que nos permitirán ratificarlo, ajustarlo, o desdeñarlo.



Luis Aznar (7) sostiene, en una primera aproximación al tema, que “…la política refiere a aquellas decisiones que obligan a los miembros de una determinada comunidad- en nuestros días, la comunidad política casi excluyente es el Estado- Nación- a accionar de acuerdo con los contenidos de las mismas, ya que de no hacerlo se exponen a algún tipo de sanción…”, el “…ámbito donde los desacuerdos pueden manejarse colectivamente…”.



Este autor pasa revista a las ideas de Karl Marx- Federico Engels y Max Weber combinándolas críticamente (“…combinación crítica de saberes, posiciones y puntos de vista…). De los primeros extrae la idea de que las relaciones socioeconómicas y las relaciones políticas constituyen una unidad, y de ahí la necesidad de analizar las interrelaciones que se generan entre ambos niveles, por ejemplo las complejas articulaciones entre el Estado y el mercado. De Weber la noción de que política se relaciona (y a la inversa) con poder, dominación legítima (mandado eficaz y de autoridad) y disciplina, dirigiéndose la discusión hacia el Estado moderno (asociación política especializada en el ejercicio de la dominación y del poder de base territorial que reclama el monopolio de la fuerza) y los partidos políticos que tienen que competir en la sociedad moderna con otras corporaciones. En ambos casos la política se relaciona con lo social.



De estas premisas, aquí parafraseadas en extrema síntesis, extrae, quien citamos, que la política contemporánea “… consiste, en lo fundamental, en el manejo del poder y la dominación en contextos sociales en los que se ha desarrollado tanto un Estado moderno, como un régimen político y un conjunto de dinamismos – de representación, electorales, de presión, etc.- relacionados con la inclusión- exclusión y las actividades políticas de diversos grupos y organizaciones sociales…” (8).



Por fin, siempre en los límites de este trabajo, Aznar evoca que los autores contemporáneos han logrado cierto acuerdo en diferenciar en el tratamiento del concepto política en tres formas que estima presentes en la tradición anglosajona: a. “polity” que implica la sociedad política, la organización política, las formas y las estructuras en que se desarrolla la actividad política b. “politics”: accionar político, los procesos anclados en el poder o con capacidad de influir en otros, lo que incluye la naturaleza del poder, su distribución y transmisión, su ejercicio y sus límites y c. “policy”: el contenido y los resultados, la política pública, la política como programa de acción aplicado a la sociedad, que es pública en cuanto afecta el todo con carácter obligatorio.



Hanna Arednt (9) nos precave sobre los prejuicios que trae aparejada una idea de la política, en especial de aquellas ideas que, para lo interior, refieren a la actividad como “...Una sarta fraudulenta y engañosa de intereses e ideologías mezquinos, mientras que la exterior fluctúa entre la propaganda y la cruda violencia…”. Sin embargo considera que para hablar de política es menester comenzar por ellos, por los prejuicios.



Al penetrar en el distrito de lo que política es, la autora echa mano de una tajante definición “…El sentido de la política es la libertad…”. Pero, renglón seguido, aclara que ese juicio, eficaz en la antigüedad, tiene poco asidero en los tiempos modernos, en los que la libertad y la política han debido separarse. En segundo lugar pone de resalto lo inconciliable que, en tiempos modernos, resultan los términos derecho a la vida y política, pues los Estados han puesto al mundo en riesgo de desaparición. Notablemente impresionada por los acontecimientos bélicos y la aparición de los totalitarismos en el siglo XX, Harendt se pregunta sobre el sentido, medio y fin de la política, resaltando las dificultades que aparejan las respuestas en ese sentido en la actualidad.





No obstante (10), al comienzo de su trabajo pone de manifiesto que política tiene como basamento “…una pluralidad de hombres…” que tratan “…de estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres (nos enseña) se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de un caos absoluto de las diferencias…” y sigue: “…El hombre, tal como la filosofía y teología lo entienden, sólo existe- o se realiza- en la política con los mismos derechos que los más diversos se garantizan. En esta garantía voluntaria y en la concesión de una exigencia de igualdad jurídica, se reconoce que la pluralidad de hombres que deben su pluralidad únicamente a sí mismos, tienen que agradecer su existencia a la creación del hombre…”



El sistema de nuestra autora parte de la premisa, así, que no hay política en el hombre sino entre hombres y por añadidura fuera del hombre. No hay nada sustancial al hombre en la política sino en la relación con otros, de allí que concluya en que la política importa la organización de los diversos en consideración a una igualdad relativa y para diferenciarlos de los diversos. (11)



El dialogo entre hombres, de allí la importancia asignada al lenguaje, es lo que brinda a su pensamiento la nota característica: un ámbito plural entre los que dialogan, quienes participan entre y conceden durabilidad al mundo.



Como citamos al principio, Giovanni Sartori (12) en el capítulo de la obra que consultamos- designado “¿Qué es Política”- emprende la tarea de fijar y resolver diversos problemas que aparecen a la hora de establecer un concepto. El autor denuncia la crisis del vocablo, crisis que asocia a su “ubicuidad”, más que a su identidad. Y así como estima relativamente simple distinguir los comportamientos económicos y los éticos (sub punto: “La identidad de la Política”) señala que en “política” no se da “…un comportamiento que tenga carácter de uniformidad asimilables a los comportamientos morales y económicos. Y quizás allí resida la cuestión. La expresión “comportamiento político” no se puede tomar al pie de la letra. No equivale a indicar un tipo particular de comportamiento; sino un ámbito; un contexto…”. Al respecto, refiere a que el modo más útil de afrontar la crisis de identidad de la política “…no es preguntarse en qué se diferencia el comportamiento del animal político del (sic) animal social y económico; es preguntarse cómo se han ido diferenciando y organizando desde el punto de vista estructural las colectividades humanas. Por consiguiente la pregunta pasa a ser: cuál será la denotación de las expresiones “en política” y “sistema político”, con respecto al sistema económico…”



Considera limitativo restringir una noción de política a los vocablos “coerción” y “poder”, pues existen, en la vida social, otros modos de coerción o poder: “control social”, “poder económico”, “poder militar” y aún niega la pertinencia de la idea de que el poder político tiene la exclusividad de los medios de coerción, monopolizando la fuerza, no debiéndose confundir, a su criterio, “…los resortes del poder o “la influencia” sobre el poder, con “tener poder” así como se debe distinguir el “cómo” y el “donde” se genera el poder político, del “cómo” y “donde” se lo ejerce.



Por fin, Sartori alude a que el aprieto se resuelve al tratar de comprender “sobre” la ubicación y reflexiona: “…y no nos dispersamos demasiado en cuanto a la ubicuidad de la política…” ya que de esta manera la política puede ser identificada, definida; y cierra: “…Las decisiones políticas abarcan materias muy diferentes, pueden ser de política económica, de política del derecho, de política social, de política religiosa, de política de instrucción, etc. Si todas estas decisiones son inicial y básicamente políticas, es por el hecho de que son adoptadas por un personal situado en el “dominio político”. Es esta su naturaleza política…” (13) –



No vamos a eludir, y haremos una pequeña digresión, que el pensamiento del autor que comentamos es de difícil captación a una primera lectura. Más difícil aún cuando sólo realizamos extractos de una obra que compone un todo sistemático.



Pero la relectura de los párrafos transcriptos, pertinaz y razonada, nos permite advertir que la clave para entender la noción (identidad) que el autor propone, radica en la ubicación que le otorguemos a los actos que los hombres cumplen en el mundo social y que habrá “política” cuando aquellos estén situados en un contexto de dominio político. La dificultad aparecería en la captación del campo “de los dominios de la política” por un lado, aun cuando pueda desentrañarse que ese territorio es el ámbito adonde se practica un “juego” que los hombres de la política pueden identificar fácilmente, en tanto “juego contra personas”, sean éstas enemigas o amigas (colegas de partido propio)



En fin, podemos reflexionar nuevamente respecto de que,ok aún esta caracterización de la “política”, los vectores “actividad”, “ejercicio de poder”, “Estado”, “instituciones”, “dominación” y “coerción” se encuentran presentes y la noción implica contextualizarlos para definir acerca de su naturaleza “política”.





Pero prosigamos en la tarea propuesta: las diversas perspectivas de los autores acerca de la política, no sólo con fines propedéuticos, sino legitimistas de cuando hemos afirmado arriba.



Norbert Bilbeny (español, nacido Cataluña en 1953, profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Barcelona) relaciona lo político con lo público. La política se da, esencialmente, en el espacio público y la acción política manifiesta dos caracteres que le son “…constantes: se generan con la acción y constituyen formas de poder entre los sujetos implicados…” (14).



Este autor, del mismo modo en que lo formula Luis Aznar citado en los primeros párrafos de este sobrevuelo, distingue la política del siguiente modo: a) como relación específica de gobierno (policy), b) como un conjunto de estas relaciones específicas con carácter relativamente estructurado (politics) y c) como una forma de acción y de organización general de la sociedad (polity). En este sentido, asegura, “…La política es cada una de estas cosas por separado o incluso todas a la vez: una clase de relación, de red de relaciones y de sistemas, en último término, para establecer relaciones. Puede entonces que la nota común sea un tipo de relación, basada, como veremos, en la acción y el poder, elementos no tan destacables en otras relaciones humanas. Pero la política es antes, en cualquiera de sus acepciones, una forma de relación que se ejerce, en mayor o menor apertura, hacia el público, si no deliberadamente en público. Cualquiera de sus normas y principios, o de sus hechos y valores, dependen de una u otra forma de un testimonio, y sobre todo de discutir entre testigos. La política es por antonomasia, res publica: el conjunto de los asuntos públicos que preceden al ordenamiento político….” Y sigue más adelante: “…Lo que cuenta en la política no es tal o cual relación, sino el ser una determinada esfera de relaciones, a la que llamamos ámbito de lo público…”.



Bilbeny pone énfasis en los conceptos “palabra” y “acción” como elementos que nos insertan en las relaciones sociales, de allí deriva la noción de política como “…conjunto de relaciones caracterizadas por la acción, pero también por el poder…La acción política tiene como distintivo último la obtención y el ejercicio del poder en una sociedad determinada…” (15)



Abordaremos, renglón seguido, uno de los autores más significativos de nuestro tiempo: Max Weber (alemán, 1864-1920) cuya obra tan vasta, a decir de Jean Touchard, exigiría un amplio comentario (16), tópica que excede- por lejos- el objeto de este trabajo.



Solamente nos detendremos en los conceptos de política que analiza y expone en dos de sus obras a nuestro juicio fundamentales: “Economía y sociedad” y el ya citado “El científico y el político”.



En el primer título (17), el maestro principia con la idea de que el concepto de política es amplio y- con sus palabras- “…abarca cualquier tipo de actividad directiva autónoma….”. De esta manera – continúa- se habla de la política de divisa de los bancos, por ejemplo. Pero es posible ceñirlo- añade- a la dirección de la asociación política a la que hoy se denomina Estado o a la influencia que se ejerce sobre esta dirección. Así, “política” vendrá a ser el esfuerzo por obtener o compartir el poder o por influir en su distribución, ya sea entre los Estados o en el interior del Estado entre los grupos humanos que comprende, lo cual corresponde, también esencialmente, al uso corriente del término.



Sin embargo, el autor de que se trata constriñe la acepción del vocablo para referir solamente a la dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política, aplicable en nuestro tiempo al Estado. De esta manera, entonces, política significaría “...la aspiración a participar en el poder entre los distintos Estados o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen....” de allí que, siempre según Weber, “...Cuando se dice que una cuestión es política, o que son políticos un Ministro o un Funcionario, o bien que una decisión ha sido políticamente condicionada, lo que se quiere decir siempre es que la respuesta a esa cuestión, o la determinación de la esfera de actividad de aquel funcionario, o las condiciones de esta decisión, dependen directamente de los intereses existentes sobre la distribución, la conservación o la transferencia del poder....”





Cuando algo es político- enseña Weber- es que, los intereses relativos a la distribución, sostenimiento o transferencia del poder, son decisivos para responder a dicho problema; en el segundo caso que esos mismos factores condicionan la esfera de actividad del funcionario; y por último que dichos factores son los que determinan la decisión













Con el tiempo, y dentro de otros contornos, aquél significado etimológico u originario fue extendiéndose. Se refirió por una parte a los sistemas políticos (el imperio, el Estado) llegando a considerar a los subsistemas políticos o sistemas políticos menores. Ya volveremos sobre esto en otro de nuestros trabajos, en los que trataremos más precisión este aspecto.



Pero tornemos a nuestro problema. La búsqueda de un concepto de política.



Quienes se ocupan del tema traducen, claramente, la existencia del problema.



Algunos, como Bertrand de Jouvenel, atribuyen la dificultad que posee encontrar una definición acerca de “política” en que la palabra no tiene ningún valor de designación, sino sólo de cualificación; por eso designa cosas que pertenecen visiblemente a géneros diferentes.



Otros la connotan desde la perspectiva de un objeto de estudio y así el alemán Georg Jellinek considera que la política es la ciencia práctica del Estado o ciencia aplicada. Este clásico la define como aquella que estudia el modo como el Estado puede alcanzar determinados fines y que considera los fenómenos de la vida del Estado desde el punto de vista teleológico, que es como un punto de referencia o un criterio para juzgar los hechos y las relaciones, aclarando que a causa del lazo íntimo que une toda la vida del Estado y del que existe en el conocimiento de la misma, se hace casi imposible determinar con precisión el límite entre la política y las otras ciencias del Estado.









Aún cuando veremos en otros puntos del programa ahondaremos acerca de ello, no debe perderse de vista el concepto de Weber respecto del Estado cuando refiere a que éste posee a la violencia como su medio específico aún cuando no sea el medio normal ni el único.



Desde esa perspectiva se comprende la definición de Estado, como “...aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es un elemento distintivo) reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima, aclarando que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente de derecho a la obediencia, consecuentemente el único que puede ejercer el poder sin resistencia (aún cuando, claro está, fundado en ley).



La política, como actividad y como reflexión, incluye en sí la preocupación por el orden social.



La política comprende las actividades humanas destinadas a organizar la vida de un grupo, de ella se deriva el gobierno de los hombres en la comunidad organizada y consiste en acciones ejecutadas con intención de influir, obtener, conservar, crear, extinguir o modificar el poder, la organización o el ordenamiento de la comunidad.



Las palabras “pública”, “común” y “general” tienen una prolongada tradición de uso que las ha hecho sinónimo de lo político.



Desde una perspectiva específica y pudiendo distinguir lo privado de lo público y éste a la vez de lo estatal diremos que la política se refiere concretamente a las actividades realizadas en el marco del Estado, pero que no se agotan en lo estatal, orientadas al ámbito de lo colectivo y que tienen el carácter vinculante para la sociedad.



Volvemos a insistir en vincular el concepto de política como el de un concepto común de orden, que tiene como espacio la “cosa pública” o el poder político, ya que es allí el espacio organizativo adonde se discute e implementa el proyecto común de orden.



Pero existen alternativas al proyecto de orden. Estas pueden ser a menudo contrarias. Y es así como la política incluye el conflicto, la lucha por distintos proyectos de convivencia.



La política es tanto una fuente de conflictos y un modo de resolverlos, en la medida en que se promueve ajustes en aquellas cuestiones comunes compartidas por todos los miembros del grupo social.



Así, he pretendido brindar un pantallazo general sobre las opiniones eminentes respecto del vocablo que es fundamento de nuestro objeto de estudio.







VI. Desarrollo histórico del conocimiento de la política.



La política se analiza así como la forma natural del conflicto social, acerca del desarrollo de las organizaciones políticas y tiene ámbitos institucionales definidos: los partidos políticos, el gobierno y otros similares, en términos generales el Estado.

En el círculo cultural de occidente se atribuye el origen del estudio de la política a la cultura griega, mas específicamente se ubica el comienzo de la política y de la reflexión sobre ella en Atenas. Así se sostiene que el análisis sistemático y riguroso de los hechos políticos surge en el movimiento histórico, en que en el siglo IV. a. de c., la crisis terminal de la Polis, suscita la reflexión de Aristóteles.

Este autor coloca a la ciencia política de modo diferenciado a la ética y en la cúspide de las ciencias prácticas en tanto se ocupa de la vida común de la polis, lo que era lo más relevante para la cosmovisión.

Los romanos “juridizan” la disciplina y en la Edad Media se “teologiza”, primero adaptándose a la visión cristiana del mundo y luego en el marco de la disputa entre el papado y el imperio.

Hasta Maquiavelo, el conocimiento de lo político no se configura como un discurso específico e independiente y autónomo de la teología o de la ética.

Durante los siglos XVIII y XIX se producirá un proceso de diferenciación que distinguirá el conocimiento de lo político de lo que constituye materia propia de la economía, de la sociología o del derecho público.

Según Sartori es Maquiavelo y no Aristóteles el que descubre la política. Se considera que es en la modernidad cuando se produce un fenómeno de diferenciación de la política de otros ámbitos o esferas, quedando referido a la organización y gobierno de las comunidades humanas

Este estudioso afirma que es sintomática la ausencia de una idea de sociedad en la literatura del siglo XVI, que teorizaba acerca del derecho a resistir a la tiranía.

Se le atribuye a Locke una primera formulación acerca de la idea de sociedad, cuando aquél la define como un espacio de paz e igualdad en el que desarrollan las libres relaciones los hombres libres, relaciones reguladas y no reformuladas jurídicamente.

El liberalismo político consideraba que la sociedad debía ser regulada por el derecho, en cambio las leyes de la economía no eran leyes jurídicas (políticas) sino leyes de mercado.

Los economistas clásicos se esfuerzan por demostrar como la vida social encuentra en la división del trabajo su propio principio de organización y que es una esfera ajena al Estado, no regulada por sus leyes ni por su derecho.

El modelo y ejemplo de la sociedad espontánea de los economistas se extiende a la sociedad en general y sienta las bases de la definitiva diferenciación entre la sociedad y el Estado, desprendiéndose del estudio de la política a la economía.

Cuando la sociedad se configura como una realidad autónoma se convierte en el objeto de una ciencia en si misma, distinta de la economía y de la política, esta es la sociología.

Finalmente se debe comprender que el conocimiento de la política queda así referido a la organización y gobierno de las comunidades humanas



VII. La realidad política Fases de la política:



La política implica considerar a la realidad política, pues como toda acción voluntaria del hombre se proyecta y se centraliza en hechos, en conductas que son una exterioridad con sentido, actos materiales y de sentido socialmente relevantes, es decir que pertenecen a la vida socio- política.

Los actos políticos son efectividades impregnadas de sentido, que se realizan en el marco de determinadas estructuras histórico sociales de las cuales emergen determinados condicionamientos.



Los caracteres más relevantes de la realidad política podemos enumerarlos de la siguiente manera.

La política es una realidad múltiple en la medida de sus varias implicancias

En sentido formal: es la mera técnica, sin importar el contenido o el fin

En sentido material: lo inverso, cuando es relevante el fin, más allá de la técnica.



Polifacética: Los autores suelen indicar la existencia de varias fases en la política, que poseen, a la par subfases.



Así, podemos considerar fundamentalmente dos:



a). Faz estructural: que importa los órganos y las normas que con vocación de estabilidad condicionan las relaciones de mando y obediencia.



b). Faz dinámica: es la ocupación de roles y el ejercicio de las funciones que se les atribuye



En esta faz, a la par, pueden advertirse dos subfases:



1. Faz agonal: es la lucha o conquista y la conservación de los cargos o roles mas la resistencia de quienes no ocupan los cargos contra los que lo hacen y el juego de influencias de los integrantes del sistema político.



2. Faz arquitectónica: es una etapa de creación, construcción e integración



3. Faz plenaria: faz de acomodamiento y ajuste





La realidad política es realidad variable: No es siempre igual, las relaciones políticas sufren mutaciones de acuerdo a los diversos contextos.



La realidad política es una realidad simbólica: es un universo de representaciones, de creencias y de apariencias. La autoridad existe por que es pensada en la medida en que exista la idea de los que se someten que deben acatarla.



VIII. Epílogo



Estas son, en grandes trazos, algunas ideas que nos permiten identificar el concepto "política"o, al menos, administrar algunas herramientas intelectuales para comprender científicamente el significado de lo "político". Se trata de un panorama general trazado con fines propedeúticos.

Será útil reflexionar y ahondar sobre este particular que es, por definición, la médula a partir de la que se estructura el objeto de nuestro interés.



Notas:

1. Diccionario de la Real Academia Española (página web RAE, adelanto 23ra edición)

2. Sartori, Giovanni: “La Política- Lógica y método de las ciencias sociales” (Ed. FCE, 1998

3. Weber, Max “El científico y el político”

4. Sartori, Giovanni: obra citada páginas 221 a 222

5. Aristóteles: “Política” (Capítulo II, "De la ciudad" par. 1253 a. pág 26/27) Vol. I Ed. Orbis- Hyspamerica 1985

6. Sartori, Giovanni: obra citada, páginas, 202/ 203

7. Aznar, Luis: “Política y ciencia política” en compilación “Política- Cuestiones y problemas” Ed. Emecé, 2007, páginas 15 y 16

8. Aznar, Luis, obra citada, página 20.

9. Arendt, Hannah “¿Qué es la política? Paidos L.C.D/ U.A.B (2007), página 50/51

10. Arendt, Hannah, obra citada, páginas 131 yss

11. Arendt, Hannah, obra citada, páginas 46 y ss y los comentarios a modo de prólogo formulados por Fina Birulés.

12. Sartori, Giovanni, obra y páginas arriba citadas, especialmente 216/217 sobre este punto.

13. Sartori, Giovanni, obra citada páginas 221/ 223

14. Bilbeny, Norbert, “Política sin Estado” Ed. Ariel página 37.

15. Bilbeny, Norbert, obra citada, páginas 40 y 41.

16. Touchard, Jean “Historia de las ideas políticas”, Ed. Tecnos, 2001, página 621

17. Weber, Max “El político y el científico”