miércoles, 16 de junio de 2010

Caso Comunidad Homosexual Argentina

Caso Comunidad Homosexual Argentina
Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
C. 474. XXIII y (I) C. 474. XXIII.; ; 22-11-1991; T. 314 P. 1531
1.- No es descalificable el pronunciamiento que confirmó una resolución de la Inspección General de Justicia, que había denegado un pedido de otorgamiento de personería jurídica pues no aparece como irrazonable colegir que el objetivo establecido en el estatuto social, en cuanto persigue lograr que la condición de homosexual no sea objeto de discriminación en ningún ámbito de la sociedad, únicamente se pueda lograr a través de la defensa pública de esa condición.
2.- Es inadmisible el planteo de que la decisión que denegó un pedido de otorgamiento de personería jurídica implica una violación del derecho a la libre expresión, en tanto la recurrente, en su carácter de simple asociación civil (art. 46 del Código Civil) tiene plena capacidad para ejercer su derecho a expresarse libremente.
3.-. Debe desecharse el agravio referido a que la denegatoria del pedido de reconocimiento de personería jurídica, efectuado por la Comunidad Homosexual Argentina, resultaría violatoria de la ley 23.592 y de tratados internacionales, si el recurso carece de fundamentación, toda vez que omite hacerse cargo de los argumentos utilizados por la Cámara para decidir el punto.
4.- La administración actúa discrecionalmente cuando le es permitido obrar libremente ­aunque no arbitrariamente­ en la elección de los medios conducentes para cumplir con el fin que impone le ley (Voto del Dr. Mariano Augusto Cavagna Martínez).
5.- De conformidad con el párrafo agregado por la ley 17.711 al art. 45 del Código Civil, la decisión administrativa mantiene su carácter discrecional, como facultad reglada legalmente, y el recurso sólo procede cuando la administración se ha desviado de las reglas legales o si la decisión denegatoria se funda en motivos puramente arbitrarios, y será improcedente cuando se pretenda la revisión del criterio que fundamenta la resolución: control de oportunidad (Voto del Dr. Mariano Augusto Cavagna Martínez.
6.- Si luego de exhaustivos estudios, la Inspección General de Justicia consideró que no procedía otorgar la personería jurídica a una asociación, dando razones acordes con las circunstancias de hecho y derecho sujetas a su exclusiva apreciación, y resuelve denegarla, mal puede considerarse esta decisión como una irrazonabilidad del funcionario, y menos aun arbitraria (Voto del Dr. Mariano Augusto Cavagna Martínez).
7.- Si el legislador admitió la posibilidad de elección en cabeza del administrador, permitiéndole apreciar las circunstancias con cierto margen de libertad o de conveniencia, en razón de la oportunidad de las medidas, tal actividad ingresa en la zona de la discrecionalidad (Voto del Dr. Mariano Augusto Cavagna Martínez).
8.- La denegación administrativa al otorgamiento de personería jurídica no es factor determinante que lesione los derechos de asociación ni de libre expresión, pues no existe nexo entre las lesiones invocadas y los derechos constitucionales que se dicen vulnerados (Voto del Dr. Mariano Augusto Cavagna Martínez).
9.- La personalidad no depende de la autorización estatal, sino de la voluntad de las personas físicas creadoras de la asociación dentro de la razonable regulación establecida por el legislador (Voto del Dr. Rodolfo C. Barra).
12.- Una asociación sin fines lucrativos (es decir que no se encuadre en el tipo de la sociedad civil y comercial) puede no recibir la autorización para funcionar pero igualmente será considerada sujeto de derecho ­persona jurídica­ cumpliendo con el simple requisito formal exigido por el art. 46 del Código Civil (Voto del Dr. Rodolfo C. Barra).
13.- En el sentido del art. 33 del Código civil, el bien común es el bien estatal, es decir, el objeto de la asociación tiene que poseer en sí mismo una incidencia directa sobre el bien común que mueva al Estado a otorgarle una calidad determinada, esto es, la autorización para funcionar (Voto del Dr. Rodolfo C. Barra).
14.- Cuando la actividad de ¨autorización para funcionar¨ no se encuentre reglada, la autoridad administrativa goza de un amplio margen de discreción en la materia, pues, no mediando daño al interesado, es a ella a quien le corresponde valorar cuál objeto societario es de tal manera relevante para el bien común que justifica esa calificación comunitaria de la asociación, manifestada por el acto de autorización (Voto del Dr. Rodolfo C. Barra.
15.- El interesado puede exigir judicialmente la autorización para funcionar siempre que exista derecho subjetivo agraviado por mal ejercicio de la actividad reglada o irrazonable ejercicio de actividad discrecional (Voto del Dr. Rodolfo C. Barra).
16.- No existe agravio a un derecho subjetivo por la denegatoria de personería jurídica a una asociación, en tanto que todo lo que puede realizar mediando tal autorización (art. 33 del Código Civil) lo puede llevar a cabo como simple asociación en las condiciones del art. 46 del Código Civil (Voto del Dr. Rodolfo C. Barra).
17.- No puede ser invocado un derecho subjetivo a la calidad social que representa la autorización del art. 33 del Código Civil, pues su otorgamiento es discrecional por parte de la autoridad administrativa en la medida que refleje razonablemente la escala de valores de la sociedad (Voto del Dr. Rodolfo C. Barra).
18.- La autorización prevista en el art. 33 del Código Civil es de interés predominantemente estatal, por lo cual su no otorgamiento no agravia derechos del peticionante ni puede importar discriminación alguna (Voto del Dr. Rodolfo C. Barra).
19.- La noción del bien común al que se refiere el art. 33 del Código Civil no puede ser construida sobre la base de un dogma religioso, por más que sea compartido por la mayor parte de la población del país (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
20.- El art. 33 del Código Civil contrapone el bien común, esto es, el de la sociedad en general, al interés particular de los individuos que crean la entidad, cuando exige que el primero sea el ¨principal objeto¨ de la asociación o fundación para que se autorice su funcionamiento como persona jurídica de carácter privado (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
21.- El principal objeto de la entidad no resulta ser el exigido por la ley, en tanto sus estatutos presentan como primordial el bien de sus propios integrantes, que parecen querer entablar su propia defensa contra una supuesta discriminación (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
22.- No puede invocarse un derecho constitucional a ser persona jurídica y no mero sujeto de derecho, puesto que del mismo modo que el legislador pudo atribuir el carácter de personas jurídicas a las asociaciones cuyo principal objeto sea el bien común y negárselo a los demás, también habría podido hipotéticamente sin salir del marco constitucional, negar la personalidad jurídica y considerar simples asociaciones a todas ellas, pues el derecho consagrado por la Ley Fundamental es el de asociarse y no el de acceder a la personalidad jurídica (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
23.- La denegación de la personalidad jurídica no viola el derecho constitucional de expresarse libremente, puesto que no media diferencia alguna entre la expresión de opiniones por una entidad dotada de personalidad jurídica o por una desprovista de ella (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
24.- La ley exige un requisito positivo: el ¨objeto principal¨ de la asociación debe estar orientado al bien común (art. 33 del Código Civil); no basta, pues, una mera exigencia negativa consistente en que ese objeto no sea contrario o nocivo al bien común (Voto del Dr. Julio S. Nazareno).
25.- Si la decisión denegatoria de la personalidad jurídica cuenta con fundamentos razonables que la justifiquen, no es posible acudir a su revisión en sede judicial, aún cuando la cuestión fuese opinable, porque esto sólo no basta para habilitarla (Voto del Dr. Julio S. Nazareno).
26.- Cuando el acto denegatorio de la autorización para funcionar se funda en facultades discrecionales, con explícita enunciación de las razones que lo deciden de acuerdo a un juicio que en tales casos es de prudencia administrativa, y política, eminentemente circunstancial, no es judicialmente revisable, salvo que se alegue y demuestre que es violatorio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional (Voto del Dr. Julio S. Nazareno).
27.- Tratándose de la circunstancial apreciación al caso concreto de la concurrencia del ¨bien común¨, como objeto de la asociación cuya personería jurídica se pretende obtener, no cabe sino reconocer al poder político a quien por mandato legal se le ha encomendado tal valoración, una razonable amplitud de criterio en aras del bienestar general y en concordancia con los lineamientos generales de las políticas cuya fijación le corresponde (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
28.- No excede las facultades del Estado de apreciar positivamente la existencia de un beneficio o interés común, el rechazo de la petición de personería jurídica respecto a una asociación que deja sin definir premeditada y voluntariamente toda referencia de orden valorativo en relación al objeto de su especial actividad, postulando así un criterio de supuesta indiferencia en una materia que, por su índole, pudo merecer, con suficiente legitimidad, la no admisión de la autoridad de control (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
29.- Si la ¨Comunidad Homosexual Argentina¨ es una simple asociación civil, que será o no sujeto de derecho si se ha constituido en la forma prevista por el art. 46 del Código Civil y, si le faltaran esas condiciones, una asociación de hecho, la denegatoria de su reconocimiento como persona jurídica no importa allanamiento del derecho de asociarse, sino un acto relativo a la regulación de su ejercicio, realizado por la Administración Pública en virtud de la facultad que la ley le acuerda, y aún cuando de ella derive alguna restricción para la recurrente, ello no vulnere la garantía de igualdad ante la ley (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
30.- En el caso en que se reclame el reconocimiento como persona jurídica de la ¨Comunidad Homosexual Argentina¨ parece razonable entender que, a fin de bregar por la equiparación familiar, social, moral, religiosa, laboral y de toda otra índole de las personas homosexuales, se requerirá como condición o presupuesto de eficacia de esa lucha, la defensa pública de la condición homosexual (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
31.- Bregar por la equiparación de la condición de homosexual en el ámbito de lo moral, social o religioso pudo razonablemente conducir a juzgar que ello implicaría una particular autorización jurídica del Estado para que la asociación lleve adelante una amplia acción de reforma en aquéllos ámbitos, incluido el jurídico; y no parece irrazonable que se haya juzgado exenta de arbitrariedad la decisión que denegó tal objetivo (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
32.- Sería irrazonable que cualquier grupo perdidoso en una lucha política o carente de fuerza para despertar la atención del poder legislativo deba ser considerado una minoría con derecho a la tolerancia jurisdiccional con título a reclamar una personería jurídica de bien común (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
33.- La pública defensa de la condición homosexual con vistas a su aceptación social para luchar por su equiparación como forma de vida merecedora de la misma consideración que las restantes, pudo razonablemente ser considerada una finalidad indigna de apoyo estatal consiguientemente, no requerida por las exigencias del bien común impuestas por el art. 33 del Código Civil (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
34.- Las acciones privadas de los hombres ofenden al orden, a la moral pública y perjudican a terceros cuando producen un daño a sus familias o a la sociedad en las que tales acciones repercuten o a sí mismos, pues nadie puede consentir válidamente que se le inflija un serio daño (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
35.- La pública defensa de la homosexualidad con vistas a su aceptación social resulta reñida con razonables valoraciones, apreciaciones y distinciones morales y jurídicas, entre ellas, con la obligación de tomar en cuenta la condición de homosexual en la apreciación de la personalidad del delincuente a los fines de graduar la pena del delito de corrupción (arts. 40, 41, 125 y 126 del Código Penal) apreciación que viene legalmente impuesta con miras a la tutela de los bienes jurídicos específicamente protegidos en esas normas penales y, en definitiva, del bien común, que comprende incluso en bien moral de los menores, al cual no es ajeno, por cierto, el orden, la moral pública y el perjuicio de terceros (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
36.- El perjuicio de terceros no se limita exclusivamente al daño físico o patrimonial, se extiende al daño psicológico y moral (Voto del Dr. Antonio Boggiano
37.- Frente a la existencia de un grupo de personas, que pueden resultar afectadas en su dignidad, la que merece claramente protección constitucional, es legítima su organización a los efectos de la preservación de aquélla (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
38.- La protección de la dignidad humana implica que la ley reconozca, en tanto no ofenda el orden y la moral publica, ni perjudique a un tercero, un ámbito íntimo infranqueable de libertad, de modo tal que pueda conducir a la realización personal, posibilidad que, por otra parte, es requisito de una sociedad sana (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
39.- La cuestión de los estándares atendibles es particularmente difícil cuando se los emplea en la tarea de la interpretación de la Ley Fundamental, para la aplicación del principio de igualdad, y tal vez aun más cuando se halla comprometida la libertad del hombre en su esfera de intimidad (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
40.- La protección del ámbito de privacidad resulta uno de los mayores valores del respeto a la dignidad del ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el estado de derecho y las formas autoritarias de gobierno (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
41.- La libertad de asociación, como todos los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional, no es absoluta y está sujeta, en tanto no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamentan su ejercicio (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
42.- Según el principio de razonabilidad debe cuidarse especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
43.- La exégesis de la norma legal no puede llegar al extremo de exigir mayores requisitos que los que impone la ley (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
44.- La arquitectura social, para la que es sumamente valiosa la unidad familiar, no puede sobreponerse a las decisiones íntimas. De no ser así, se impondría a los habitantes de nuestro territorio un tipo de vida planificado con el objeto de construir una comunidad dirigida desde el poder que aniquilaría los derechos individuales (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
45.- Es claro que la familia que la Constitución Argentina puede proteger no es sino aquella libremente constituida por quienes de modo no forzado así lo deseen (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
46.- La personería jurídica denegada por la Inspección General de Personas Jurídicas puede ser objeto de revisión judicial, la cual se limita a los vicios de legitimidad o arbitrariedad. Esta última, cuando la decisión del órgano administrativo es contraria a la justicia o a la razón y se funda en la voluntad o el capricho del funcionario que la hubiera dictado (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
47.- Es función propia del Poder Judicial el examen y juzgamiento de los actos administrativos referentes a la personería jurídica de las asociaciones, cuando producen una lesión a derechos individuales o atentan contra las garantías acordadas por la Constitución Nacional a las personas o entidades jurídicas para restablecer el derecho lesionado (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
48.- Sólo un desviado sentimiento de justicia puede calificar al hecho de conceder personería jurídica a una asociación, como idóneo para fomentar la homosexualidad o para oficializar conductas que contradicen fines de bien común o de moralidad pública. No se advierte que con racionalizaciones defensivas se excluya del contralor estatal la actividad de la persona jurídica, el que se extiende desde su nacimiento hasta su extinción, con potestad suficiente para exigir las modificaciones estatutarias que considere necesarias y vigilar el cumplimiento de sus fines (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
49.- Cualquiera sea el sentido y alcance que se le otorgue a lo que el art. 19 de la Constitución Nacional llama ¨la moral pública¨ no puede repugnar el respeto a principios constitucionales superiores, los que no deben ser postergados por discrepancias en las convicciones íntimas, por extensas que éstas sean (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
50.- En razón del papel fundamental que tiene la libertad de asociación para la libre expresión de las ideas, es que cualquier restricción a aquella debe ser sometida al más estricto examen (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
51.- Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada y puramente nominal (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
52.- Aún cuando el art. 14 enunciaba derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre la libertad de prensa protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
53.- Cuando la libertad de reunión o de asociación están en juego, la mera intolerancia o la animosidad no pueden servir de fundamento para una restricción. En este contexto, el Estado no puede limitar la libertad de aquéllos cuyas ideas, forma de vida o aspecto físico sean rechazados por la mayoría de sus conciudadanos (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
54.- Uno de los fines del derecho constitucional de asociarse consiste en fomentar en los individuos la cooperación, el aunar criterios y esfuerzos en pos de metas comunes, a la par de incorporar en la esfera interna de los sujetos conciencia de solidaridad y de fuerza colectiva (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
55.- La limitación del ejercicio del derecho constitucional de asociarse conlleva el riesgo de apartar a grupos sociales, especialmente a aquellos que manifiestan dificultades para su efectiva integración comunitaria, del control y regulación que el Estado debe ejercer para preservar la convivencia armónica de intereses diversos, y muchas veces enfrentados (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi.
56.- La negación del acceso al escenario jurídico de cualquier grupo ­especialmente si este es minoritario­ debe encararse con criterio sumamente restrictivo, pues, de lo contrario, se clausuran los canales de contención jurídica de los conflictos y se promueven en forma indirecta la marginación y el recurso a formas de defensa contra la discriminación que, por ser ellas mismas marginales, son también de desarrollo imprevisible (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
57.- La ¨publica defensa¨, no entendida como apología ­ alabanza, sino más bien como la lucha contra todo tipo de discriminación que pudiera afectar a las personas homosexuales, se encuentra amparada por el art. 14 de la Constitución Nacional (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
58.- El Estado no tiene porqué ¨proteger de sí mismo¨ al individuo capaz que se comporta de una determinada manera ni al que recibe la información de ese comportamiento (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
59.- Iluminados por el espíritu liberal del cual nuestra Constitución es directa depositaria, conceptos como ¨bien común¨ y ¨buenas costumbres ¨ (arts. 33 y 953 del Código Civil) deben ser interpretados conforme a los derechos de asociación y libre expresión: art. 14 de la Constitución Nacional (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
60.- Sólo cuando esté comprobado fehacientemente que el ejercicio de los derechos de asociación y expresión interfiera directamente en la legítima libertad de un tercero, ocasionándole un daño concreto, podrá válidamente la autoridad estatal restringir su ejercicio, lo cual no ha de verse como una negación de la libertad, sino como su más efectivo resguardo (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
61.- Una discriminación fundada en la diversidad de ciertos comportamientos sexuales ­en el caso, los homosexuales­ no es inconstitucional porque sea inválida cualquier distinción sobre esa base, sino porque dicha discriminación resulta inequitativa al ser sólo justificable por remisión a las aparentes preferencias de la mayoría (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
62.- Nuestro sistema constitucional descansa en la tolerancia y su peor enemigo es el absoluto (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
63.- Si bien es innegable, con arreglo a la Constitución y al ordenamiento legal dictado en su consecuencia, el alto concepto institucional que le ha sido reconocido a la familia, ello es insuficiente para sustentar, so color del mencionado reconocimiento, cualquier limitación de otros derechos ­como el de asociación - que también han sido protegidos por la misma Ley Fundamental (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
64.- Desde el punto de vista constitucional no se infiere agravio a nadie ­persona o institución­ por el sólo hecho de sostener y expresar una idea, cualquiera fuera el color de ésta, siempre y cuando su destinatario sea capaz para recibirla y no sufra un perjuicio real y concreto. No hay agravio constitucional por el sólo hecho de pensar, o expresar ideas ¨distintas¨, ni de asociarse para sostenerlas (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
65.- El derecho a la intimidad, consagrado por el art. 19 de la Constitución Nacional, protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos, costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, etc., de tal forma que permita a los individuos elaborar libremente sus planes de vida, en tanto éstos no afecten concretamente algún interés legítimo de terceros (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
66.- La democracia no es sólo una organización del poder, sino un orden social destinado a la realización de la plena personalidad del ser humano (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi)