miércoles, 16 de junio de 2010

Caso Ponzetti de Balbín

Caso: “Ponzetti de Balbin”
“Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida S.A”
1984; T. 306 P. 1892

1.- La protección material del ámbito de privacidad resulta uno de los mayores valores del respeto a la dignidad de la persona y un rasgo diferencial entre el estado de derecho democrático y las formas políticas autoritarias y totalitarias (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
2.- Las garantías de libertad de conciencia, de expresión, de la inviolabilidad del domicilio y los papeles privados, de no ser obligado a declarar contra sí mismo (arts. 14 y 18), de la inmunidad contra el alojamiento forzado de tropas (art. 17 in fine), que la Ley Fundamental consagra, no bastan para la protección adecuada del ámbito de privacidad, sino que más allá de ellas, como parte integrante del esquema de ¨libertad ordenada¨ se halla el derecho genérico al aseguramiento ­incluso en lo material­ de una área de exclusión sólo reservada a cada persona y sólo penetrable por su libre voluntad. Tal exclusión no sólo se impone como un límite al poder estatal, sino también a la acción de los particulares, especialmente cuando éstos integran grupos que, en el presente grado de desarrollo de los medios de comunicación, se han convertido en factores que ejercen un poder social considerable, ante los cuales no cabe dejar inermes a los individuos (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
3.- El derecho de privacidad es el ¨derecho a ser dejado a solas¨ y, sin duda, la incolumidad del principio de determinación autónoma de la conciencia requiere que la persona sea dejada a solas por el Estado ­no por la religión ni por la filosofía­ cuando toma las decisiones relacionadas con las dimensiones fundamentales de la vida, y la intromisión estatal con repercusión en dichas dimensiones sólo podrá justificarse sobre la base de ponderadísimos juicios que sean capaces de demostrar que las restricciones conciernen a la subsistencia de la propia sociedad (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
4.- No cabe entender que la primera parte del art. 19 de la Constitución Nacional proporciona directo y exhaustivo fundamento al derecho de privacidad. Ello así, pues debe advertirse que la conciencia subjetiva también depende de los factores objetivos que forman el contexto de la personalidad, y que, además, la vieja noción de la inaccesibilidad del forum internum está derrotada por el avance de los medios técnicos de invasión y manipulación de la conciencia individual (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
5.- El esquema de ordenada libertad, esbozado por los arts. 18, 29 y 33 de la Constitución Nacional, está integrado por derechos fundamentales ­entre los que se incluye a los garantizados por el art. 19-, que pertenecen a los ciudadanos de todos los gobiernos libres y genera el ¨continuo racional¨ en cuya vasta trama se entrelazan los derechos explícitos los implícitos, y se incluye a la libertad enfrentándola a toda imposición arbitraria o restricción sin sentido (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
6.- El art. 19 de la Constitución Nacional es la base misma de la libertad moderna, o sea, autonomía de la conciencia y la voluntad personal, la convicción según la cual es exigencia elemental de la ética que los actos dignos de mérito se realicen fundados en la libre, incoacta creencia del sujeto en los valores que lo determinan (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
7.- La protección del ámbito de intimidad de las personas tutelado por la legislación común no afecta la libertad de expresión garantizada por la Constitución ni cede ante la preeminencia de ésta; máxime cuando el art. 1071 bis del Código Civil es consecuencia de otro derecho inscripto en la propia Constitución, también fundamental para la existencia de una sociedad libre, el derecho a la privacidad, consagrado en el art. 19 de la Carta Magna, así como también en el art. 11, incisos 2° y 3° de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por ley 23.054 (Voto de los Dres. José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).
8.- La publicación de la fotografía de un hombre público ­tomada subrepticiamente la víspera de su muerte en la sala de terapia intensiva del sanatorio donde se hallaba internado-, efectuada por una revista, excede el límite legítimo y regular del derecho a la información. Ello así, pues la presencia no autorizada ni consentida de un fotógrafo en una situación límite de carácter privado que furtivamente toma una fotografía con la finalidad de ser nota de tapa, no admite justificación y su publicación resulta violatoria del derecho a la intimidad.
9.- En el caso de personajes célebres cuya vida tiene carácter público o de personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión; máxime cuando con su conducta a lo largo de su vida, no ha fomentado las indiscreciones ni por propia acción, autorizado, tácita o expresamente la invasión de su privacidad y la violación al derecho a su vida privada en cualquiera de sus manifestaciones.
10.- El derecho a la privacidad e intimidad encuentra su fundamento constitucional en el art. 19 de la Constitución Nacional. En relación directa con la libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad.
11.- El derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o físico de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, y siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen


12.- La consagración del derecho de prensa en la Constitución Nacional, como dimensión política de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión, es consecuencia, por una parte, de las circunstancias históricas que condujeron a su sanción como norma fundamental, y por la otra, la de la afirmación, en su etapa artesanal, del libre uso de la imprenta como técnica de difusión de las ideas frente a la autoridad que buscaba controlar ese medio de comunicación mediante la censura. De modo que la prensa pasó a ser un elemento integrante del estado constitucional moderno, con el derecho e incluso el deber de ser independiente a la vez que responsable ante la Justicia de los delitos o daños cometidos, mediante su uso, con la consecuencia jurídica del ejercicio pleno de dicha libertad.
13.- Elevado el derecho de prensa a la categoría de un derecho individual autónomo, la legislación sobre la prensa garantizó su ejercicio estableciendo criterios e inmunidades con el objeto de impedir la intromisión arbitraria del Estado tanto en la publicación como a las empresas que realizaban la publicación, asegurando la libre iniciativa individual, la libre competencia y la libertad de empresa considerados elementos esenciales para la autonomía humana.

14.- Las profundas transformaciones producidas en la sociedad, el desenvolvimiento de la economía de la prensa y la aparición de las nuevas técnicas de difusión e información ­cine, radio, televisión­, obligan a un reexamen de la concepción tradicional del ejercicio autónomo del derecho individual de emitir y expresar el pensamiento. De este modo, se hace necesario distinguir entre el derecho empresario, el derecho individual y el derecho social, que se encuentran interrelacionados y operan en función de la estructura de poder abierto que caracteriza a la sociedad argentina
15.- El sentido cabal de las garantías concernientes a la libertad de expresión contenidas en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional ha de comprenderse más allá de la nuda literalidad de las palabras empleadas en esos textos, que responden a la circunstancia histórica en la que fueron sancionadas. El libre intercambio de ideas, concepciones y críticas debe ir acompañado de la información acerca de los hechos que afectan al conjunto social o a alguna de sus partes. La libertad de expresión garantizada por los mencionados artículos de la Ley Fundamental y por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por ley 23.054, incluye el derecho a dar y recibir información, especialmente sobre asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan relevancia para el interés general (Voto de los Dres. José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).
16.- El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o de actos ilícitos civiles (Voto de los Dres. José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).
17.- La garantía constitucional de la libertad de imprenta radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombre gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, esto es, sin el previ control de la autoridad sobre lo que se va a decir, pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal, o de quienes se proponen violentar el derecho constitucional respecto a las instituciones de la República, o alterar el bienestar general o la paz y seguridad del país o afectar las declaraciones, derechos y garantías de que gozan todos los habitantes de la Nación (Voto de los Dres. José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).
18.- El lugar eminente que sin duda tiene en el régimen republicano la libertad de expresión ­comprensiva de la de información­ obliga a particular cautela en cuanto se trate de deducir responsabilidades por su ejercicio. Empero, ello no autoriza al desconocimiento del derecho de privacidad integrante también del esquema de la ordenada libertad prometida por la Constitución mediante acciones que invadan el reducto individual, máxime cuando ello ocurre de manera incompatible con elementales sentimientos de decencia y decoro (Voto de los Dres. José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).
19.- El interés general en la información concerniente a un hombre público prominente no justifica la invasión de su esfera de intimidad. Así ocurre con la publicación de la fotografía ­tomada en la última enfermedad del político­, cuya innoble brutalidad conspira contra la responsabilidad, la corrección, el decoro, y otras estimables posibilidades de labor informativa, y la libertad que se ha tomado la demandada para publicarla ha excedido la que defiende, que no es la que la Constitución protege y la que los jueces están obligados a hacer respetar (Voto de los Dres. José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).

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