Cátedra Derecho Político- Jorge Pfleger

Notas recuperatorio 2° parcial ( completadas)

2011-12-21T14:57:00.000-08:00

NOTAS RECUPERATORIO SEGUNDO PARCIAL 2011

Mamani, Veronica Elina      7,90                                8

Fantozzi, Valeria Paola       7.80                                 8

Posada, Milton                   6.80                               7

Ojeda, Matias Alejandro    5.50                                6

Huenchaqueo, Maite          6.30                                 6

Monge Lopez, Julieta         2.70                                3

Sotelo, Lea                       4.00                                4

Abad, Daniela                   2.30                                 2

Duarte, Natacha                3.50                                4

Ibañez, Eliana                    2.80                                3

Graneros, Cintia Daniela    2.50                                3

Notas finales parciales (faltan los recuperatorios encomendados al Lic, Lendzian)

2011-12-20T17:37:00.000-08:00

Notas finales de la Cátedra de Derecho Político (ciclo 2011)

1° Parcial 2° Parcial FINAL

Amante, Fabián Emanuel 7 (SIETE) 7 (SIETE) 7 (SIETE)

Andrade, Cristian Daniel 7 (SIETE) 6,50 (SEIS CON CINCUENTA) 7 (SIETE)

Barberena, Claudia Patricia 7 (SIETE) 7,50 (SIETE CON CINCUENTA) 7 (SIETE)

Brignoli, Bárbara Juliana 8 (OCHO) 6 (SEIS) 7 (SIETE)

Coronado, Victoria 7 (SIETE) 6 (SEIS) 7 (SIETE)

González, Brenda Solange 8 (OCHO) 6 (SEIS) 7 (SIETE)

Guzmán, Natalia 8 (OCHO) 6 (SEIS) 7(SIETE)

Habib, Jalil 7 (SIETE) 7 (SIETE) 7 (SIETE)

Jaramillo, Ana Laura 7 (SIETE) 8 (OCHO) 8 (OCHO)

Laborda, Dante 6 (SEIS) 8 (OCHO) 7 (SIETE)

Larratchea Juan Facundo 9 (NUEVE) 6 (SEIS) 8 (OCHO)

Llarú Aranea, Joel 7 (SIETE) 6 (SEIS) 7 (SIETE)

Lorenzo, Rocío 7 (SIETE) 8 (OCHO) 8 (OCHO)

Mas, Daniela 7 (SIETE) 8 (OCHO) 8 (OCHO)

Mazzaglia, María Florencia 6 (SEIS) 6,50 (SEIS CON CINCUENTA) 6 (SEIS)

Pino, Beatriz 6 (SEIS) 7 (SIETE) 7 (SIETE)

Ramón, Marcela 8 (OCHO ) 6 (SEIS) 7 (SIETE)

Sanchez , Romina Belén 7 (SIETE) 8 (OCHO) 8 (OCHO)

Santana, Ingrid 7 (SIETE) 6 (SEIS) 7 (SIETE)

Sepúlveda, Danilo 8 (OCHO) 6 (SEIS) 7 (SIETE)

Tavera, Franco 6 ( SEIS) 6 (SEIS) 6 (SEIS)

Torne, Paola 6 (SEIS) 6 (SEIS) 6 (SEIS)

Villada, María Milena 7 (SIETE) 6 (SEIS) 7 (SIETE)

Vitullo, María José 6 (SEIS) 6 (SEIS) 6 (SEIS)

Zorrozúa, Luciana Daniela 6 (SEIS) 6 (SEIS) 6 (SEIS)

NOTA: Los cincuenta centésimos han sido elevados a la nota superior por concepto. Estas notas finales son parciales, faltan las notas del recuperatorio del segundo parcial encomendadas al Lic. Lendzian. Se ruega verificar las notas para advertir errores u omisiones

Trelew (Ch) 20 de Diciembre de 2011

Notas del recuperatorio segundo parcial 2011 (Parciales corregidos por Pfleger)

2011-12-20T17:27:00.000-08:00

Cátedra de Derecho Político

Notas del recuperatorio segundo parcial (ciclo 2011)

Arbeletche, Karen Itatí 3 (tres)

Gonzalez, Brenda Solange 6 (seis)

Jaramillo, Ana Laura 8 (ocho)

Laborda, Dante 8 (ocho)

Lorenzo, Rocío 8 (ocho)

Martini, Florencia 5 (cinco)

Pino, Beatriz 7 (siete)

Qinel Rifo, Maisa 4 (cuatro)

Santana, Ingrid L. 6 (seis)

Tavera, Franco 6 (seis)

Nota: Faltan los parciales que llevó a corregir el Licenciado Lendzian

NOMINA DE APROBADOS SEGUNDO PARCIAL 2011

2011-12-13T16:45:00.000-08:00

NOMINA DE APROBADOS SEGUNDO PARCIAL 2011

A Amante, Fabián Emanuel 7 (SIETE)

2. Andrade, Cristian Daniel 6,50 (SEIS CON CINCUENTA)

3. Barberena, Claudia Patricia 7,50 (SIETE CON CINCUENTA)

4. Brignoli, Bárbara Juliana 6 (SEIS)

5. Coronado, Victoria 6 (SEIS)

6. Guzmán, Natalia 6 (SEIS)

7. Habib, Jalil 7 (SIETE)

8. Larratchea Juan Facundo 6 (SEIS)

9. Llarú Aranea, Joel 6 (SEIS)

10. Mas, Daniela 8 (OCHO)

11. Mazzaglia, María Florencia 6,50 (SEIS CON CINCUENTA)

12. Ramón, Marcela 6 (SEIS)

13. Sanchez , Romina Belén 8 (OCHO)

14. Sepúlveda, Danilo 6 (SEIS)

15. Torne, Paola 6 (SEIS)

16. Villada, María Milena 6 (SEIS)

17. Vitullo, María José 6 (SEIS)

18. Zorrozúa, Luciana Daniela 6 (SEIS)

Notas del recuperatorio primer parcial 2011

2011-10-18T15:14:00.001-07:00

NOTAS RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL 2011

Abad, Daniela	6
Alvores, Gabriel	3
Andrade, Alejandro	2
Andrade, Yesica	4
Araujo, Carolina	5
Avendaño, Yanina	2
Azcua, Mercedes	3
Barria, Cristian	5
Bezunartea, Ignacio	5
Carrasco, Rocio	4
Castillo Vivona Luciana	4
Curillan, Moira	4
Davies, Rodrigo	4
Dualde, Bibiana	3
Flores, Nicolas	4
Fuentealba, Yuliana	4
Gallardo, Lucia	6
Garayalde, Kevin	2
Garcia, Claudia	2
Graneros, Cinthya	7
Grizio, Micaela	5
Heredia, Fabian	5
Huenchuqueo, Maite	6
Ibañez, Eliana	6
Imperial, Silvana	3
Laborda, Dante	6
Lemes, Marisol	2
Lloyd, Estefanis	2
Mamani, Veronica	6
Manquillan, Rocio	3
Martinez, Aldo	4
Morales, Micaela	5
Moronta, Aldana	4
Neira, Claudio	5
Ojeda, Silvia	5
Pauluka, Jorge	4
Payabala. Juan	2
Reyes, Claudia	6
Riquelme. Angela	1
Rodríguez, Christian	5
Sánchez, Gabriela	3
Santili, Raul	3
Sea. Oscar	3
Sepúlveda, Danilo	8
Silkvetti, Alberto	4
Sotelo, Lea	6
Tobares, Alexis	1
Topalda, Jessica	2
Vasquez, Gisel	3
Villaroel. Hilda	4
Vitullo, Maria Jose	s/n
Yorio, Andrea	2

Cicerón (síntesis de George H. Sabine)

2011-10-06T17:41:00.000-07:00

Cicerón y las formas de Gobierno.

Esta es una pequeña aproximación al problema que plantea Cicerón y las formas de gobierno, desde la perspectiva de George H. Sabine (“Historia de la teoría política”)

“…El pensamiento político de Cicerón, no es importante por su originalidad; como el mismo francamente reconoce, sus libros eran compilaciones. Tenían sin embargo un mérito que no es, en ningún modo, despreciable: todo el mundo los leía. Una vez aceptada una idea por Cicerón, ha quedado conservada para los lectores de todos los tiempos futuros. Por lo que hace a su pensamiento político, su filosofía era la forma de estoicismo que Panecio había elaborado para un público romano y transmitido al círculo de Escipión. En realidad casi todo lo que se conoce de esta filosofía tal como se encontraba a comienzos del siglo I a. de C. hay que tomarlo de Cicerón. Sus tratados políticos “La República” y “Las Leyes”, fueron escritos a mediados del siglo y constituyen el mejor índice que es posible encontrar del pensamiento político de Roma, en especial el de los círculos conservadores y aristocráticos de los últimos días de la República…” “…El fin moral que perseguía era encomiar la tradicional virtud romana del servicio público y la preminencia del papel del estadista, iluminadas y armonizadas ambas con un dejo de filosofía griega. Su objetivo no era otro que retrasar el reloj y restaurar la constitución republicana en la forma que había tenido antes del tribunado revolucionario de Tiberio Graco…”

“…A esta parte de su teoría política hay que atribuir dos ideas a las que daba gran importancia pero que, en la época a la que nos estamos refiriendo, apenas tenían más que un interés histórico: una creencia de la forma mixta de gobierno y la teoría del ciclo histórico de las formas de gobierno. Ambas las tomó de Polibio, y acaso también de Panecio, aunque trató de modificarlas a la luz de forma de entender la historia romana…..”

Su plan “…Consistía en exponer una teoría del estado perfecto (una forma mixta de gobierno, desarrollando sus principios en el curso de una historia de la constitución romana, hecha con arreglo a la teoría del ciclo. Frutos de las aportaciones de muchas mentes distintas realizadas en circunstancias diversas y comprensiva de un mosaico de soluciones dadas a problemas políticos a medida que habían ido surgiendo éstos, la constitución de Roma, tal como Cicerón la concibe, era la forma más estable y perfecta de gobierno que había creado la experiencia política…..”, “…El ciclo de Polibio- la alternativa ordenada de buenos y malos gobiernos, el paso de la monarquía a la tiranía, de la tiranía a la aristocracia, de la aristocracia a la a la oligarquía, de la oligarquía a la democracia y de la democracia a la demagogia- había sido encomiable, sobre todo por su rigor lógico, pero las observaciones que empíricas que lo respaldaban eran las de las ciudades – estado. Cicerón se daba cuenta de que sus ideas no encajaban en la historia romana, y por ello no hizo sino poco más que rendir homenaje de labios afuera a la teoría del ciclo. De modo bastante análogo, elogia a las ventajas de una forma mixta de gobierno el tipo de la cual creía que era Roma, sin aclarar siquiera qué instituciones romanas consideraba representativas de cada uno de los elementos….”

“…La verdadera importancia de Cicerón para la historia del pensamiento político consiste en que dio a la doctrina estoica del derecho natural la formulación en que ha sido conocida en toda europa occidental desde su época hasta el siglo XIX. De él pasó a los jurisconsultos romanos y a los padre de la iglesia….”

“…En primer lugar hay un derecho natural universal que surge a la vez del providencial gobierno por Dios y de la naturaleza racional y social de los seres humanos que los hace afines a Dios. Es como si dijéramos, la constitución del Estado Universal ; es la misma en todas partes y obliga inmutablemente a todos los hombre y a todas las naciones. Ninguna legislación que la infrinja merece el nombre de ley, porque ningún gobernante ni pueblo puede convertir lo injusto en justo. A la luz de la Ley eterna, dice Cicerón, todos los hombre son iguales…”, para él es una exigencia moral.

No va implícito en ello, dice Sabine, una idea de democracia política, sino de dignidad humana y de respeto, de allí que el “…estado no puede perdurar…a menos que se base en la conciencia de las obligaciones mutuas y en el reconocimiento mutuo que une a los ciudadanos entre sí…El estado es una comunidad moral, un grupo de personas que poseen en común el estado y su derecho. Por esa razón denomina al estado: res populi o res pública: cosa del pueblo…”.

El estado es pues, para Cicerón- según Sabine- un cuerpo, la pertenencia al cual es posesión común de todos los ciudadanos, extrayéndose así tres consecuencias:

1.- como el estado y el derecho son un bien común del pueblo, su autoridad surge del poder colectivo del pueblo.

2.- cuando el poder se ejerce recta y legítimamente es en realidad el poder del pueblo como cuerpo. El Magistrado que lo ejerce, lo ejerce en virtud de su cargo; su respaldo es el derecho y él es la criatura del derecho.

3.- el estado y el derecho siempre están sometidos a la ley de Dios o a la ley moral o natural. La fuerza es incidental en la naturaleza del estado y sólo está justificada porque es necesaria para dar eficacia a los principios de justicia y derecho.

Estas ideas, insisto, no sostenían ni sostuvieron a la democracia política tal cual la conocemos. De todas manera hay que aceptar que los viejos principios de que la autoridad deriva del pueblo para defender las formas modernas de gobierno representativo, implicó la adaptación de una vieja idea a una situación moderna.

Política (versión para el recuperatorio)

2011-10-06T17:12:00.000-07:00

Política.

I. Introducción.

Será materia de las líneas que viene procurar la aprehensión de un concepto de “política”.

La necesidad científica de precisar el lenguaje torna indispensable este primer paso, pues los fenómenos que analizaremos a lo largo de nuestros estudios girarán alrededor de este concepto que, por otra parte, ayudará en la definición de otros que campean en el mundo que penetramos; mundo en el que se entrecruzan derecho y política.

En efecto: la ciencia política, el nombre de nuestra materia, la noción del Estado como organización jurídico-política, la constitución como carta de estructuración política, los partidos políticos, las cuestiones políticas no judiciables, son, entre otras, categorías que pondremos bajo la lupa y que, por propia definición o significación lingüística, envuelven la exigencia que expresamos.

A ello concurrimos.

II. Algunas dificultades

Como veremos más adelante, la palabra “política” es multívoca en la medida en que puede denotar diversas cuestiones; puede tener diferentes significados.

Desde una perspectiva estrictamente semántica, política es, para las reglas del castellano, un adjetivo. El diccionario de la Real Academia Española (1) la conceptúa de esta manera: “…1. adj. Perteneciente o relativo a la doctrina política. 2. adj. Perteneciente o relativo a la actividad política. 3. adj. Cortés, urbano. 4. adj. Cortés con frialdad y reserva, cuando se esperaba afecto. 5. adj. Dicho de una persona: Que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. U. t. c. s…”.

No obstante podemos precisar que, aún desde la expresión vulgar, apreciamos su uso tanto como adjetivo cuanto como sustantivo (“la política”) y se le utiliza, aún, en género neutro: “lo político”.

El lenguaje común, continuamos, nos brinda algunas pistas interesantes, pero no nos da la solución que pretendemos, pues nos interesa connotar y denotar el término científicamente (conceptuar su identidad) ya que a la zaga de Sartori (2), comprendemos que la especialización del lenguaje es la nota distintiva del conocimiento científico.

Autores calificados nos advierten del problema, pero también nos otorgan algunos elementos a tener en consideración.

Max Weber en su obra “El político y el científico” (3) indica la amplitud del término que abarca, a su parecer y en dirección extensa, cualquier tipo de actividad directiva autónoma. Así, considera que puede hablarse, desde ese ángulo, de la política económica, de la política social, de la política de una asociación determinada, y aún de la política desde una perspectiva personal, cuando se dice, por ejemplo, mi política es no hacer caridad o, citándolo textualmente se habla de “...la política de una esposa astuta que trata de manipular sutilmente a su marido....”.

Sartori mismo nos comenta de la crisis de identidad de la noción, crisis que el autor define como crisis de “…ubicación…” y explica “…Si nos entendemos sobre esta ubicación, y no nos dispersamos demasiado en cuanto a la ubicuidad de la política, ésta puede ser definida, identificada. Las decisiones políticas abarcan materias muy diferentes; pueden ser de política económica, de política del derecho, de política social, de política religiosa, de política de instrucción etc. Si todas estas des decisiones son inicial y básicamente “políticas”, es por el hecho de que son adoptadas por un personal situado en el dominio “político”. Es ésta su naturaleza política,,,” (4)

No obstante, y a fin de no abrumar al lector en las primeras líneas del trabajo, se debe convenir en que a pesar de sus diversos significados la palabra política sirve para calificar y caracterizar y distinguir un cierto sector de la realidad humana, razón por la cual política y realidad política se identifican, tal como lo sostiene Mario Justo López.

Ya volveremos sobre estos puntos.

III. Etimología de la palabra “política”

El vocablo política se deriva de la voz “polis” y, como ésta, fue usada en el griego clásico.

Su significado originario estaba circunscrito al tipo de sistema a que se refería y por ello estaba históricamente condicionado.

Polis era para los griegos un modo de organización y, por consecuencia, podría arriesgarse a exponer que “política” era todo aquello que el hombre hacía en la polis. Claro, que "el hombre" era el hombre griego, para quien la polis era connatural, diferenciándose de otros seres: las mujeres, los esclavos y los extranjeros.

Aristóteles, en su "Política" explica la dimensión de la Polis frente al hombre con las palabras que extractamos de su obra: "...Mas la comunidad que se compone de muchas aldeas es la ciudad, la cual, hablando sumariamente, es para sí perfecta y bastantemente suficiente, y se junto por fin del vivir con mayor comodidad. Por esto, toda ciudad es comunidad natural, pues son los elementos de que se compone, de tal modo que ésta es el fin de aquellas, y la misma naturaleza es el fin de aquéllas y la misma naturaleza es el fin....(omissis)....De aquí se colige claramente que la ciudad es una de las cosas más naturales, y que el hombre, por su naturaleza, es animal político o civil y que el que no vive en la ciudad, esto es errante y sin ley, o es mal hombre o es más que hombre...."; y más adelante "... debe considerarse a la ciudad como anterior a la familia y aún a cada uno de nosotros, pues el todo necesario es primero que cada una de sus partes...(omissis)...Consta, pues, que la ciudad es cosa que consiste en natura, y que es primero que ninguno. Porque si cada uno viviera solitario no podría bastarse a si mismo; será, comparado con la ciudad, de la misma manera que las partes con el todo. Pero aquel que en ninguna cosa puede hacer compañía, o el que por ser para sí mismo suficiente no tiene necesidad de cosa alguna, ninguna parte es de la ciudad; de manera que será bestia o será Dios..." (5)

Pero debe andarse con cierta precaución a la hora de enlazar el origen con la idea actual.

Es verdad que, como veremos más adelante, la idea de realidad humana en comunidad organizada campea en torno del concepto, pero no necesariamente en los términos en que “polis” implicaba

Sartori refiere, precisamente, a la variabilidad del concepto según las épocas, a acepciones diferentes en épocas diferentes.

Para el profesor Florentino, la sustantivación del concepto actual de política nada tiene que ver con el termino griego "politiké" y que nuestro concepto de hombre político nada tiene que ver con aquél pensado por Aristóteles. Y explica: “...Si para Aristóteles el hombre era un zoon politikón, la sutileza que frecuentemente se omite es que Aristóteles definía de esta manera al hombre y no a la política...Al decir animal político Aristóteles expresaba, pues, la concepción griega de la vida...en el vivir político, en la politicidad, los griegos no veían una parte o un aspecto de la vida; la veían en su totalidad y en su esencia....”, el hombre no pólítico, predica, era un "..idion..", un ser carente cuya insuficiencia "...consistía, precisamente en haber perdido o en no haber adquirido la dimensión y la plenitud de la simbiosis con la propia "polis". Brevemente un hombre no político era simplemente un ser inferior un menos que hombre...." (6)

En este plan discursivo el autor de marras añade "...Las complejas y tortuosas vicisitudes de la idea de política van mas allá de la palabra política, en todas las épocas y en mil aspectos. La política de Aristóteles era a la vez una antropología; ligada indisolublemente al “espacio de la polis”. Caída la “polis”, la politicidad se atenúa, diluyéndose variadamente o transformándose en otra. Por otro lado la política se juridiza desarrollándose en la dirección indicada por el pensamiento romano. Por otro lado se teologiza, adecuándose a la visión Cristiana del mundo, después en relación con la lucha entre el papado y el imperio y por último en la ruptura entre el protestantismo y el catolicismo....”, empero, continúa el maestro, la política no se configura en su especificidad y autonomía hasta Maquiavelo.

IV. “Armar” un concepto de política.

Ayudándonos con las pistas que señalábamos arriba, intentaremos “armar”- perdónese la licencia verbal- una idea de lo que es política.

Confesamos que, a lo largo del tiempo, este camino metódico que recorreremos a tal fin, es el mismo que el que transitamos en las clases adonde invariablemente, y en conjunto, llegamos a conclusiones aceptables, consensuadas y en las que cada uno de los participantes aportan una pieza al “rompecabezas” (otra vez una digresión lingüística).

Veamos.

La primera cuestión radica en establecer que para construir el concepto de política ha de partirse de dos premisas básicas: a. la persona humana como centro de todas las cosas. b. la persona que vive y convive.

Es que no es posible concebir a la política sino en el hombre.

A pesar de que la naturaleza nos presenta maravillosas formas de organización entre los animales y fenómenos de subordinación en el orden vegetal (vienen a la memoria las obras de Mauricio Maeterlink “La vida de las abejas”, “La inteligencia de las flores”) no podemos afirmar que las relaciones políticas puedan darse en esos espacios, porque es el hombre el único que racionalmente administra su conducta y se propone fines. El hombre en cuanto ser único dotado de razón en la escala superior del orden natural es aquél a que refiere la “política”

Empero la política no puede, por su propia esencia, darse en el hombre solo. No existía política en el Robinson Crusoe de Defoe, único en su isla; pero bastó la llegada de Viernes para que interactuara y por ende realizara – en sentido lato- actividad política.

De suerte que hay “política” cuando ocurre interacción humana, o actividad humana en interferencia intersubjetiva.

Pero esa interferencia intersubjetiva no es neutra; implica, siempre, la aparición de relaciones de mando y obediencia, la existencia de relaciones de “poder”, definido este como la capacidad de uno o unos para determinar la conducta de otro u otros.

Ahora bien, tampoco, con lo expresado, agotamos la búsqueda.

Sin embargo, y como veremos, no cualquier relación de esta índole es de naturaleza política en el sentido científico del término, aunque como se había comentado arriba, un concepto extensivo resulta fuertemente indicativo (el ejemplo de la esposa astuta resulta elocuente).

Las relaciones de mando y obediencia se dan en cualquier plano de la actividad humana, pero en nuestro caso debemos referir a una actividad directiva en una organización; pero no en cualquier organización.

Un club de fútbol, una sociedad comercial, una asociación civil o cualquier agrupamiento de personas razonablemente ordenado y con fines específicos, importa vinculaciones en las que “el poder” está presente. Es más, en los casos citados existen incluso estatutos que configuran tanto los órganos de poder, cuanto las reglas que regulan la relación que se establece entre los que mandan y los que obedecen.

En este plano, la política es una actividad generalizada que tiene lugar en todos aquellos ámbitos en los que los seres humanos se ocupan de producir y reproducir sus vidas en el marco de un fin común determinado.

Puede suponer tanto enfrentamiento como cooperación, ya que es factible que surjan disputas tanto sobre el proyecto en sí cuanto en sus formas de implementación.

¿Pero es esto suficiente para definir el concepto que se analiza?

No, decididamente. Aún desde lo semántico o lo histórico (de allí las pistas a las que aludíamos desde el comienzo ) la política se da en la sociedad, ese agrupamiento humano, consolidado y relativamente estable, asentado en un ámbito geográfico delimitado.

Nos preguntamos, ¿en cualquier tipo de sociedad? Respondemos no, pues las relaciones que definimos como “políticas” se realizan, al menos contemporáneamente, en la sociedad organizada: en el Estado, que no es sino el modo de organización social más perfeccionado.

De allí que, si bien desde una perspectiva amplia, la política se traduce en el conjunto de actividades tendientes o destinadas a organizar la vida de un grupo a través de la discusión e implementación de un proyecto común de orden, lo que presupone acciones destinadas a influir, conservar o modificar el poder y la organización necesaria para llevar a cabo ese orden, desde una mirada más específica la política se liga a cuestiones relacionadas con lo público, lo que es común para el grupo social.

En las organizaciones que señalamos la relación se encuentra siempre restringida al ámbito del grupo que forma parte de la organización y su efectividad se encuentra condicionada a que sus miembros continúen en ella voluntariamente. En cambio, en el poder estatal el poder político se caracteriza como irresistible, sobre todo el ámbito espacial y personal de la comunidad, con capacidad de imponer coactivamente sus decisiones.

En síntesis, y desde nosotros, podemos- en principio- conceptuar a la política como la actividad humana ocurrida en la sociedad organizada en Estado, caracterizada por las vinculaciones de mando y obediencia que se dan en su seno y orientada a la realización, obtención, mantenimiento o influjo respecto del poder.

V. Argumentos de autoridad que pueden ratificar o, acaso, demostrar la falsedad o insuficiencia del concepto dado.

Aunque estamos en la creencia razonable de haber dado un concepto más o menos apropiado sobre política, consideramos pertinente ponerlo en vilo mediante la observación de otras opiniones que nos permitirán ratificarlo, ajustarlo, o desdeñarlo.

Luis Aznar (7) sostiene, en una primera aproximación al tema, que “…la política refiere a aquellas decisiones que obligan a los miembros de una determinada comunidad- en nuestros días, la comunidad política casi excluyente es el Estado- Nación- a accionar de acuerdo con los contenidos de las mismas, ya que de no hacerlo se exponen a algún tipo de sanción…”, el “…ámbito donde los desacuerdos pueden manejarse colectivamente…”.

Este autor pasa revista a las ideas de Karl Marx- Federico Engels y Max Weber combinándolas críticamente (“…combinación crítica de saberes, posiciones y puntos de vista…). De los primeros extrae la idea de las relaciones socioeconómicas y las relaciones políticas constituyen una unidad, y de ahí la necesidad de analizar las interrelaciones que se generan entre ambos niveles, por ejemplo las complejas articulaciones entre el Estado y el mercado. De Weber la noción de que política se relaciona (y a la inversa) con poder, dominación legítima (mandado eficaz y de autoridad) y disciplina, dirigiéndose la discusión hacia el Estado moderno (asociación política especializada en el ejercicio de la dominación y del poder de base territorial que reclama el monopolio de la fuerza) y los partidos políticos, que tienen que competir, en la sociedad moderna con otras corporaciones. En ambos casos la política se relaciona con lo social.

De estas premisas, aquí parafraseadas en extrema síntesis, extrae, quien citamos, que la política contemporánea “… consiste, en lo fundamental, en el manejo del poder y la dominación en contextos sociales en los que se ha desarrollado tanto un Estado moderno, como un régimen político y un conjunto de dinamismos – de representación, electorales, de presión, etc.- relacionados con la inclusión- exclusión y las actividades políticas de diversos grupos y organizaciones sociales…” (8).

Por fin, siempre en los límites de este trabajo, Aznar evoca que los autores contemporáneos han logrado cierto acuerdo en diferenciar en el tratamiento del concepto política en tres formas que estima presentes en la tradición anglosajona: a. “polity” que implica la sociedad política, la organización política, las formas y las estructuras en que se desarrolla la actividad política b. “politics”: accionar político, los procesos anclados en el poder o con capacidad de influir en otros, lo que incluye la naturaleza del poder, su distribución y transmisión, su ejercicio y sus límites y c. “policy”: el contenido y los resultados, la política pública, la política como programa de acción aplicado a la sociedad, que es pública en cuanto afecta el todo con carácter obligatorio.

Hanna Arednt (9) nos precave sobre los prejuicios de la política, es especial de aquellas ideas que, para lo interior refieren a la actividad como “...Una sarta fraudulenta y engañosa de intereses e ideologías mezquinos, mientras que la exterior fluctúa entre la propaganda y la cruda violencia…”, sin embargo considera que para hablar de política es menester comenzar por ellos.

Al penetrar en el distrito de lo que política es, la autora echa mano de una tajante definición “…El sentido de la política es la libertad…”. Pero, renglón seguido aclara que ese juicio, eficaz en la antigüedad, tiene poco asidero en los tiempos modernos, en los que la libertad y la política han debido separarse. En segundo lugar pone de resalto lo inconciliable que, en tiempos modernos, resultan los términos derecho a la vida y política, pues los Estados han puesto al mundo en riesgo de desaparición. Notablemente impresionada por los acontecimientos bélicos y la aparición de los totalitarismos en el siglo XX, Harendt se pregunta sobre el sentido, medio y fin de la política, resaltando las dificultades que aparejan las respuestas en ese sentido hoy.

No obstante (10), al comienzo de su trabajo pone de manifiesto que política tiene que basamento “…una pluralidad de hombres…”, “…se trata de estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres- nos enseña se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de una caos absoluto de las diferencias…”, “…El hombre, tal como la filosofía y teología lo entienden, sólo existe- o se realiza- en la política con los mismos derechos que los más diversos se garantizan. En esta garantía voluntaria y en la concesión de una exigencia de igualdad jurídica, se reconoce que la pluralidad de hombres que deben su pluralidad únicamente a sí mismos, tienen que agradecer su existencia a la creación del hombre.

El sistema de nuestra autora parte de la premisa, así, que no hay política en el hombre sino entre hombres y por añadidura fuera del hombre, no hay nada sustancial al hombre en la política sino en la relación con otros, de allí que concluya en que la política importa la organización de los diversos en consideración a una igualdad relativa y para diferenciarlos de los diversos. (11)

El dialogo entre hombres, de allí la importancia asignada al lenguaje, es lo que brinda a su pensamiento la nota característica: un ámbito plural entre los que dialogan, quienes participan entre y conceden durabilidad al mundo.

Como citamos al principio, Giovanni Sartori (12) en el capítulo de la obra que consultamos- designado “¿Qué es Política”- emprende la tarea de fijar y resolver diversos problemas que aparecen a la hora de establecer un concepto. El autor denuncia la crisis del vocablo, crisis que asocia a su “ubicuidad”, mas que a su identidad. Y así como estima relativamente simple distinguir los comportamientos económicos y los éticos (sub punto: “La identidad de la Política”) señala que en “política” no se da “…un comportamiento que tenga carácter de uniformidad asimilables a los comportamientos morales y económicos. Y quizás allí resida la cuestión. La expresión “comportamiento político” no se puede tomar al pie de la letra. No equivale a indicar un tipo particular de comportamiento; sino un ámbito; un contexto…”. Al respecto, refiere a que el modo más útil de afrontar la crisis de identidad de la política “…no es preguntarse en qué se diferencia el comportamiento del animal político del del (sic) animal social y económico; es preguntarse cómo se han ido diferenciando y organizando desde el punto de vista estructural las colectividades humanas. Por consiguiente la pregunta pasa a ser: cuál será la denotación de las expresiones “en política” y “sistema político”, con respecto al sistema económico…”

Considera limitativo restringir una noción de política a los vocablos “coerción” y “poder”, pues existen, en la vida social, otros modos de coerción o poder: “control social”, “poder económico”, “poder militar” y aún niega la pertinencia de la idea de que el poder político tiene la exclusividad de los medios de coerción, monopolizando la fuerza, no debiéndose confundir, a su criterio, “…los resortes del poder o “la influencia” sobre el poder, con “tener poder” así como se debe distinguir el “cómo” y el “donde” se genera el poder político, del “cómo” y “donde” se lo ejerce.

Por fin, Sartori alude a que el aprieto se resuelve al tratar de comprender “sobre” la ubicación y reflexiona: “…y no nos dispersamos demasiado en cuanto a la ubicuidad de la política…” ya que de esta manera la política puede ser identificada, definida; y cierra: “…Las decisiones políticas abarcan materias muy diferentes, pueden ser de política económica, de política del derecho, de política social, de política religiosa, de política de instrucción, etc. Si todas estas decisiones son inicial y básicamente políticas, es por el hecho de que son adoptadas por un personal situado en el “dominio político”. Es esta su naturaleza política…” (13) –

No vamos a eludir, y haremos una pequeña digresión, que el pensamiento del autor que comentamos es de difícil captación a una primera lectura. Más difícil aún cuando sólo realizamos extractos de una obra que compone un todo sistemático.

Pero la relectura de los párrafos transcriptos, pertinaz y razonada, nos permite advertir que la clave para entender la noción (identidad) que el autor propone, radica en la ubicación que le otorguemos a los actos que los hombres cumplen en el mundo social y que habrá “política” cuando aquellos estén situados en un contexto de dominio político. La dificultad aparecería en la captación del campo “de los dominios de la política” por un lado, aun cuando pueda desentrañarse que ese territorio es el ámbito adonde se practica un “juego” que los hombres de la política pueden identificar fácilmente, en tanto “juego contra personas”, sean éstas enemigas o amigas (colegas de partido propio)

En fin, podemos reflexionar nuevamente que aún esta caracterización de la “política”, los vectores “actividad”, “ejercicio de poder”, “Estado”, “instituciones”, “dominación” y “coerción” se encuentran presentes y la noción implica contextualizarlos para definir acerca de su naturaleza “política”.

Pero prosigamos en la tarea propuesta: las diversas perspectivas de los autores acerca de la política, no sólo con fines propedéuticos, sino legitimatorios de cuando hemos afirmado arriba.

Norbert Bilbeny (español, nacido Cataluña en 1953, profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Barcelona) relaciona lo político con lo público. La política se da, esencialmente, en el espacio público y la acción política manifiesta dos caracteres que le son “…constantes: se generan con la acción y constituyen formas de poder entre los sujetos implicados…” (14).

Este autor, del mismo modo en que lo formula Luis Aznar citado en los primeros párrafos de este sobrevuelo, distingue la política del siguiente modo: a) como relación específica de gobierno (policy), b) como un conjunto de estas relaciones específicas con carácter relativamente estructurado (politics) y c) como una forma de acción y de organización general de la sociedad (polity). En este sentido, asegura, “…La política es cada una de estas cosas por separado o incluso todas a la vez: una clase de relación, de red de relaciones y de sistemas, en último término, para establecer relaciones. Puede entonces que la nota común sea un tipo de relación, basada, como veremos, en la acción y el poder, elementos no tan destacables en otras relaciones humanas. Pero la política es antes, en cualquiera de sus acepciones, una forma de relación que se ejerce, en mayor o menor apertura, hacia el público, si no deliberadamente en público. Cualquiera de sus normas y principios, o de sus hechos y valores, dependen de una u otra forma de un testimonio, y sobre todo de discutir entre testigos. La política es por antonomasia, res publica: el conjunto de los asuntos públicos que preceden al ordenamiento político….” Y sigue más adelante: “…Lo que cuenta en la política no es tal o cual relación, sino el ser una determinada esfera de relaciones, a la que llamamos ámbito de lo público…”.

Bilbeny pone énfasis en los conceptos “palabra” y “acción” como elementos que nos insertan en las relaciones sociales, de allí deriva la noción de política como “…conjunto de relaciones caracterizadas por la acción, pero también por el poder…La acción política tiene como distintivo último la obtención y el ejercicio del poder en una sociedad determinada…” (15)

Abordaremos, renglón seguido, uno de los autores más significativos de nuestro tiempo: Max Weber (alemán, 1864-1920) cuya obra tan vasta, a decir de Jean Touchard, exigiría un amplio comentario (16), tópica que excede- por lejos- el objeto de este trabajo.

Solamente nos detendremos en los conceptos de política que analiza y expone en dos de sus obras a nuestro juicio fundamentales: “Economía y sociedad” y el ya citado “El científico y el político”.

En el primer título (17), el maestro principia con la idea de que el concepto de política es amplio y- con sus palabras- “…abarca cualquier tipo de actividad directiva autónoma. Se habla de la política de divisa de los bancos Pero es posible ceñirlo a la dirección de la asociación política a la que hoy se denomina Estado o a la influencia que se ejerce sobre esta dirección. Así, “política” vendrá a ser el esfuerzo por obtener o compartir el poder o por influir en su distribución, ya sea entre los Estados o en el interior del Estado entre los grupos humanos que comprende, lo cual corresponde, también esencialmente, al uso corriente del término.

Sin embargo, el autor de que se trata constriñe la acepción del vocablo para referir solamente a la dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política, aplicable en nuestro tiempo al Estado. De esta manera, entonces, política significaría “...la aspiración a participar en el poder entre los distintos Estados o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen....” de allí que, siempre según Weber, “...Cuando se dice que una cuestión es política, o que son políticos un Ministro o un Funcionario, o bien que una decisión ha sido políticamente condicionada, lo que se quiere decir siempre es que la respuesta a esa cuestión, o la determinación de la esfera de actividad de aquel funcionario, o las condiciones de esta decisión, dependen directamente de los intereses existentes sobre la distribución, la conservación o la transferencia del poder....”

Cuando algo es político- enseña Weber- es que, los interese relativos a la distribución, sostenimiento o transferencia del poder, son decisivos para responder a dicho problema; en el segundo caso que esos mismos factores condicionan la esfera de actividad del funcionario; y por último que dichos factores son los que determinan la decisión

Con el tiempo, y dentro de otros contornos, aquél significado etimológico u originario fue extendiéndose. Se refirió por una parte a los sistemas políticos (el imperio, el Estado) llegando a considerar a los subsistemas políticos o sistemas políticos menores. Ya volveremos sobre esto en otro de nuestros trabajos, en los que trataremos más precisión este aspecto.

Pero tornemos a nuestro problema. La búsqueda de un concepto de política.

Quienes se ocupan del tema traducen, claramente, la existencia del problema.

Algunos, como Bertrand de Jouvenel, atribuyen la dificultad que posee encontrar una definición acerca de “política” en que la palabra no tiene ningún valor de designación, sino sólo de cualificación; por eso designa cosas que pertenecen visiblemente a géneros diferentes.

Otros la connotan desde la perspectiva de un objeto de estudio y así Jellinek considera que la política es la ciencia práctica del Estado o ciencia aplicada. Este clásico la define como aquella que estudia el modo como el Estado puede alcanzar determinados fines y que considera los fenómenos de la vida del Estado desde el punto de vista teleológico, que es como un punto de referencia o un criterio para juzgar los hechos y las relaciones, aclarando que a causa del lazo íntimo que une toda la vida del Estado y del que existe en el conocimiento de la misma, se hace casi imposible determinar con precisión el límite entre la política y las otras ciencias del Estado.

En una rápida mirada a la obra de este politólogo Florentino señalaremos su idea de que el concepto de política padece, actualmente, una crisis de identidad o de "ubicuidad"

Aún cuando veremos en otros puntos del programa ahondaremos acerca de ello no debe perderse de vista el concepto de Weber respecto del Estado cuando refiere a que éste posee a la violencia como su medio específico aún cuando no sea el medio normal ni el único, de allí que lo defina, al Estado, como “...aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es un elemento distintivo) reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima, aclarando que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente de derecho a la obediencia, consecuentemente el único que puede ejercer el poder sin resistencia (aún cuando, claro está, fundado en ley).

La política, como actividad y como reflexión, incluye en sí la preocupación por el orden social.

La política comprende las actividades humanas destinadas a organizar la vida de un grupo, de ella se deriva el gobierno de los hombres en la comunidad organizada y consiste en acciones ejecutadas con intención de influir, obtener, conservar, crear, extinguir o modificar el poder, la organización o el ordenamiento de la comunidad.

Las palabras “pública”, “común” y “general” tienen una prolongada tradición de uso que las ha hecho sinónimo de lo político.

Desde una perspectiva específica y pudiendo distinguir lo privado de lo público y éste a la vez de lo estatal diremos que la política se refiere concretamente a las actividades realizadas en el marco del Estado, pero que no se agotan en lo estatal, orientadas al ámbito de lo colectivo y que tienen el carácter vinculante para la sociedad.

Volvemos a insistir en vincular el concepto de política como el de un concepto común de orden, que tiene como espacio la “cosa pública” o el poder político, ya que es allí el espacio organizativo adonde se discute e implementa el proyecto común de orden.

Pero existen alternativas al proyecto de orden. Estas pueden ser a menudo contrarias. Y es así como la política incluye el conflicto, la lucha por distintos proyectos de convivencia.

La política es tanto una fuente de conflictos y un modo de resolverlos, en la medida en que se promueve ajustes en aquellas cuestiones comunes compartidas por todos los miembros del grupo social.

II. Fases de la política:

Los autores suelen indicar la existencia de varias fases en la política, que poseen, a la par subfases.

Así, podemos considerar fundamentalmente dos:

a). Faz estructural: que importa los órganos y las normas que con vocación de estabilidad condicionan las relaciones de mando y obediencia.

b). Faz dinámica: es la ocupación de roles y el ejercicio de las funciones que se les atribuye

En esta faz, a la par, pueden advertirse dos subfaces:

1. Faz agonal: es la lucha o conquista y la conservación de los cargos o roles mas la resistencia de quienes no ocupan los cargos contra los que lo hacen y el juego de influencias de los integrantes del sistema político.

2. Faz arquitectónica: es una etapa de creación, construcción e integración

3. Faz plenaria: faz de acomodamiento y ajuste

III. Desarrollo histórico del conocimiento de la política.

La política se analiza así como la forma natural del conflicto social, acerca del desarrollo de las organizaciones políticas y tiene ámbitos institucionales definidos: los partidos políticos, el gobierno y otros similares, en términos generales el Estado.

En el círculo cultural de occidente se atribuye el origen del estudio de la política a la cultura griega, mas específicamente se ubica el comienzo de la política y de la reflexión sobre ella en Atenas. Así se sostiene que el análisis sistemático y riguroso de los hechos políticos surge en el movimiento histórico, en que en el siglo IV. a. de c., la crisis terminal de la Polis, suscita la reflexión de Aristóteles.

Este autor coloca a la ciencia política de modo diferenciado a la ética y en la cúspide de las ciencias prácticas en tanto se ocupa de la vida común de la polis, lo que era lo más relevante para la cosmovisión.

Los romanos “juridizan” la disciplina y en la Edad Media se “teologiza”, primero adaptándose a la visión cristiana del mundo y luego en el marco de la disputa entre el papado y el imperio.

Hasta Maquiavelo, el conocimiento de lo político no se configura como un discurso específico e independiente y autónomo de la teología o de la ética.

Durante los siglos XVIII y XIX se producirá un proceso de diferenciación que distinguirá el conocimiento de lo político de lo que constituye materia propia de la economía, de la sociología o del derecho público.

Según Sartori es Maquiavelo y no Aristóteles el que descubre la política. Se considera que es en la modernidad cuando se produce un fenómeno de diferenciación de la política de otros ámbitos o esferas, quedando referido a la organización y gobierno de las comunidades humanas

Este estudioso afirma que es sintomática la ausencia de una idea de sociedad en la literatura del siglo XVI, que teorizaba acerca del derecho a resistir a la tiranía.

Se le atribuye a Locke una primera formulación acerca de la idea de sociedad, cuando aquél la define como un espacio de paz e igualdad en el que desarrollan las libres relaciones los hombres libres, relaciones reguladas y no reformuladas jurídicamente.

El liberalismo político consideraba que la sociedad debía ser regulada por el derecho, en cambio las leyes de la economía no eran leyes jurídicas (políticas) sino leyes de mercado.

Los economistas clásicos se esfuerzan por demostrar como la vida social encuentra en la división del trabajo su propio principio de organización y que es una esfera ajena al Estado, no regulada por sus leyes ni por su derecho.

El modelo y ejemplo de la sociedad espontánea de los economistas se extiende a la sociedad en general y sienta las bases de la definitiva diferenciación entre la sociedad y el Estado, desprendiéndose del estudio de la política a la economía.

Cuando la sociedad se configura como una realidad autónoma se convierte en el objeto de una ciencia en si misma, distinta de la economía y de la política, esta es la sociología.

Finalmente se debe comprender que el conocimiento de la política queda así referido a la organización y gobierno de las comunidades humanas

IV. La realidad política

La política implica considerar a la realidad política, pues como toda acción voluntaria del hombre se proyecta y se centraliza en hechos, en conductas que son una exterioridad con sentido, actos materiales y de sentido socialmente relevantes, es decir que pertenecen a la vida socio- política.

Los actos políticos son efectividades impregnadas de sentido, que se realizan en el marco de determinadas estructuras histórico sociales de las cuales emergen determinados condicionamientos.

Caracteres de la realidad política

Es múltiple:

En la medida de sus varias implicancias

En sentido formal: la técnica sin ser relevante el contenido o el fin

En sentido material: lo inverso, cuando es relevante la técnica, el fin.

Polifacética:

Realidad variable:

No es siempre igual

Realidad simbólica:

La realidad política es un universo de representaciones, de creencias y de apariencias.

La autoridad existe por que es pensada en la medida en que exista la idea de los que se someten que deben acatarla.

V. Epílogo

Estas son, en grandes trazos, algunas ideas que nos permiten identificar el concepto "política"o, al menos, administrar algunas herramientas intelectuales para comprender científicamente el significado de lo "político". Se trata de un panorama general trazado con fines propedeúticos.

Será útil reflexionar y ahondar sobre este particular que es, por definición, la médula a partir de la que se estructura el objeto de nuestro interés.

Notas:

1. Diccionario de la Real Academia Española (página web RAE, adelanto 23ra edición)

2. Sartori, Giovanni: “La Política- Lógica y método de las ciencias sociales” (Ed. FCE, 1998

3. Weber, Max “El científico y el político”

4. Sartori, Giovanni: obra citada páginas 221 a 222

5. Aristóteles: “Política” (Capítulo II, "De la ciudad" par. 1253 a. pág 26/27) Vol. I Ed. Orbis- Hyspamerica 1985

6. Sartori, Giovanni: obra citada, páginas, 202/ 203

7. Aznar, Luis: “Política y ciencia política” en compilación “Política- Cuestiones y problemas” Ed. Emecé, 2007, páginas 15 y 16

8. Aznar, Luis, obra citada, página 20.

9. Arendt, Hannah “¿Qué es la política? Paidos L.C.D/ U.A.B (2007), página 50/51

10. Arendt, Hannah, obra citada, páginas 131 yss

11. Arendt, Hannah, obra citada, páginas 46 y ss y los comentarios a modo de prólogo formulados por Fina Birulés.

12. Sartori, Giovanni, obra y páginas arriba citadas, especialmente 216/217 sobre este punto.

13. Sartori, Giovanni, obra citada páginas 221/ 223

14. Bilbeny, Norbert, “Política sin Estado” Ed. Ariel página 37.

15. Bilbeny, Norbert, obra citada, páginas 40 y 41.

16. Touchard, Jean “Historia de las ideas políticas”, Ed. Tecnos, 2001, página 621

17. Weber, Max “El político y el científico”

http://www.biblioteca.org.ar/libros/90854.pdf

2011-10-06T16:59:00.001-07:00

Estado social democrático de derecho

Breve apunte sobre la Constitución para el recuperatorio

2011-10-06T16:30:00.001-07:00

La Constitución – Concepto-

Esbozaré a los fines de brindar una guía apta para el estudio, algunas nociones acerca de la Constitución, sin que con ello quede el tema agotado

Dar un concepto, es sólo poner en evidencia algunos caracteres del objeto que nos dedicamos a estudiar, es por esta razón que he referido a las nociones como guías antes que como definiciones.

Una primera aproximación al concepto la brindamos desde Carlos Sanchez Viamonte, constitucionalista argentino, quien enseña que ésta- una Constitución- es expresión primaria, extraordinaria e ilimitada de la soberanía, puesta en ejercicio especialmente con ese fin, que obedece a la necesidad de un orden jurídico estable y concreto, que, sin entrar en minucias reglamentarias, organice un sistema y establezca las condiciones primarias, generales y permanentes sobre las cuales debe asentarse la vida social. Señala el autor que dada su generalidad y amplitud los principios constitucionales son, ante todo, contornos éticos dentro de los cuales debe encausarse la vida del derecho, prácticamente deferida a los poderes ordinarios de gobierno, y especialmente al legislador que dicta la norma y al judicial que la interpreta y aplica.

Tomando retazos de la idea aportada por los autores clásicos, y siguiendo en este sentido la literatura aportada por Eduardo Pablo Jiménez, podría se señalar que una Constitución es: a. una realidad jurídica y formal, que preside la vida jurídica y política del Estado, implicando la cúspide del ordenamiento jurídico (en nuestro caso ver los arts. 1º y 31- 75 inc. 22 de la C.N, como hemos señalado en las clases) b. es una realidad política organizativa, pues supera el ámbito de lo normativo para hacerlo extensivo al ámbito de lo político c. es un medio para limitar el ejercicio del poder, ya que el límite del poder será el derecho, de allí que la naturaleza de la constitución sea a la vez jurídica y política. d. es la concreta y real configuración de un grupo social, como resultado de su historia o del juego de los factores reales de poder que es en existen y representa el modo sociológico y real de existir de un pueblo en cuanto ello se plasma en un papel.

Para Carlos Nino, quien en sus “Fundamentos de Derecho Constitucional”, desarrolla el tema con especial atención, existen varias nociones que nos aproximan al concepto desde diversas perspectivas; normativas unas, descriptivas las otras.

Por ejemplo:

a. Desde una mirada normativa podríamos hacer referencia a: 1. un conjunto de principios válidos que genera el sistema de derechos fundamentales de los individuos 2. Desde el mismo ángulo estamos autorizados a aludir a una organización legítima del poder estatal y del proceso de toma de decisiones en una unidad política.

b. Desde una óptica descriptiva puede referir a: 1. las normas básicas que son, de hecho, aceptada por los órganos que tienen a su cargo el aparato coactivo del Estado. 2. normas que son dictadas por quien es reconocido, de hecho, como autoridad fundamental por la sociedad en general.

c. Un concepto mixto, nos conduce a pensar en reglas básicas que son adoptadas a partir de un proceso legítimo de decisión colectiva.

Hemos dichos nosotros mismos que básicamente la Constitución es:

a. una norma fundamental de organización política, venida de la soberanía del pueblo que ejerce el poder constituyente.

b que genera el Estado, estatuye sus órganos y delimita sus competencias.

c. demarca la situación de los sujetos frente al poder del Estado o, a la inversa, marca los límites del poder en relación con los sujetos al poder

También recordaremos lo que se ha consignado en nuestro diálogo, esto es que la Constitución debe ser considerada un Estatuto que define las irradiaciones del poder, con tres vectores o ejes principales: 1. un estatuto del poder 2. un estatuto frente al poder 3. un estatuto contra el poder

Pero, y ya para finalizar podemos tomar este universo de idea y concluir en que una Constitución es la ley fundamental que un pueblo se da a si mismo, la carta de navegación que - como tal- posee un múltiple contenido: ético, social, económico, cultural; que define la forma y la sustancia de las magistraturas y se yergue en salvaguarda de la libertad y dignidad del hombre en sociedad cuando marca estrictamente el modo y el límite de expansión del mando -la capacidad de los que mandan– concepto que implica todo el repertorio abierto a partir del reconocimiento de los derechos individuales y la evolución hacia el constitucionalismo social.-

Notas del Primer Parcial Ciclo 2011

2011-09-24T07:56:00.000-07:00

Derecho Político

Notas Primer Parcial ciclo 2011

1. Abad, Daniela Magali 5 (cinco)

2. Aguila, Franco 5 (cinco)

3. Amante, Fabián Emanuel 7 (siete)

4. Andrade, Cristian Daniel 7 (siete)

5. Andrade, Yesica Anahí 1 (uno)

6. Araujo, Carolina 5 (cinco)

7. Arbeletche, Karen Itatí 6 (seis)

8. Avendaño, Yanina 3 (tres)

9. Azcúa Mercedes Edith 5 (cinco)

10. Barberena, Claudia 7 (siete)

11. Bezunartea, Ignacio Damián 5 (cinco)

12. Binder, Federico 7 (siete)

13. Brignoli, Bárbara 8 (ocho)

14. Caniuqueo, Andrea 4 (cuatro)

15. Cardoso, Marcelo 5 (cinco)

16. Carrasco, Rocío Belén 4 (cuatro)

17. Cerviño, Carolina 3 (tres)

18. Coronado, Victoria 7 (siete)

19. Curillán, Maira Florencia 3 (tres)

20. Davies, Rodrigo Jesús 5 (cinco)

21. Dualde, Bibiana Belén 1 (uno)

22. Duarte, Natalia 6 (seis)

23. Fantozzi, Valeria Paola 8 (ocho)

24. Fernández Denis Horacio 6 (seis)

25. Fuentealba, Liliana E. 4 (cuatro)

26. Gallardo, Lucía Noemí 4 (cuatro)

27. García, Claudia 5 (cinco)

28. Garro Alemany Casal, Misael María 7 (siete)

29. González Brenda Solange 8 (ocho)

30. Graneros Cyntia 5 (cinco)

31. Grizio, Micaela Elizabeth 2 (dos)

32. Guzman, Natalia Elizabet 8 (ocho)

33. Habib Magadan, Camel Jalil 7 (siete)

34. Heredia, Fabián Ariel 3 (tres)

35. Hernández, Stella Maris 5 (cinco)

36. Huenchuqueo, Maite Viviana 5 (cinco)

37. Ibáñez, Eliana 4 (cuatro)

38. Imperial, Silvana Araceli 4 (cuatro)

39. Jaramillo, Ana Laura 7 (siete)

40. Jiménez, Diego 2 (dos)

41. Laborda, Dante Nahuel 5 (cinco)

42. Larratchea, Juan Facundo 9 (nueve)

43. Lemes, Marisol 4 (cuatro)

44. Leroyer, Cristian Leandro 6 (seis)

45. Llaru Aranea, Joel 7 (siete)

46. Lloyd, Estefanía Elizabeth 4 (cuatro)

47. López, Andrea 3 (tres)

48. Lorenzo, Rocío 7 (siete)

49. Mamani, Verónica Elina 5 (cinco)

50. Manquillán, Rocío Guadalupe 3 (tres)

51. Manquillán, Valeria Inés 3 (tres)

52. Martini, Florencia 6 (seis)

53. Mansilla, Andrea Gissell 6 (seis)

54. Más, Daniela 7 (siete)

55. Mazzaglia, María Florencia 6 (seis)

56. Merea, Víctor Manuel 6 (seis)

57. Monge López, Julieta 7 (siete)

58. Morales, Micaela Joana 4 (cuatro)

59. Moronta, Aldana Alejandra 5 (cinco)

60. Neira, Claudio 1 (uno)

61. Nougues, Alejandro 3 (tres)

62. Ojeda, Matías Alejandro 6 (seis)

63. Ojeda, Silvia del Carmen 3 (tres)

64. Pauluka, Jorge A. 5 (cinco)

65. Payabala, Juan 5 (cinco)

66. Pino, Beatriz 6 (seis)

67. Posada, Milton Jeremías 6 (seis)

68. Quiñel Rifo Maisa Fernanda 6 (seis)

69. Ramón Marcela Anahí 8 (ocho)

70. Reyes, Claudia Soraya 5 (cinco)

71. Riquelme, Angela 1 (uno)

72. Rodríguez, Christian Oscar 4 (cuatro)

73. Saavedra Dayana 4 (cuatro)

74. Schiaffino, Fabiana 3 (tres)

75. Salvagnini, Giuliano 4 (cuatro)

76. Sánchez, Gabriela Romina 2 (dos)

77. Sánchez, Romina Belén 7 (siete)

78. Santana Leiva, Ingrid 7 (siete)

79. Santul, Raúl Ricardo 4 (cuatro)

80. Sea, Oscar 2 (dos)

81. Sepúlveda, Danilo 5 (cinco)

82. Solera, María Belén 6 (seis)

83. Sotelo, Lea Karen 3 (tres)

84. Tavera, Franco Javier 5 (cinco)

85. Thomas Garayalde, Kevin Alan 4 (cuatro)

86. Tobares Vazquez, Alexis 1 (uno)

87. Topalda, Jessica Andrea 4 (cuatro)

88. Torne, Paola 6 (seis)

89. Torres, Víctor Daniel 3 (tres)

90. Valles, Florencia 3 (tres)

91. Vazquez, Gisel Estela 5 (cinco)

92. Villada, María Elena 7 (siete)

93. Villarroel, Hilda del Cármen 5 (cinco)

94. Vitullo, María José 6 (seis)

95. Williams, Mirta 4 (cuatro)

96. Yorio, Andrea Solange 4 (cuatro)

97. Zorrozua, Luciana Daniela 6 (seis)

Trelew, 23 de septiembre de 2011.-

Jorge Pfleger

Profesor

Breves notas sobre la sociedad

2011-09-16T02:45:00.001-07:00

La sociedad

I.- Breve introducción al tema- Importancia del estudio de la dimensión social del hombre.

Un programa de estudios denota un sistema de estudios, un método de abordaje del objeto sobre el que recae.

En el Derecho Político, cuyo propósito es, según nuestra idea, el análisis científico de la racionalización de la vida social a través de un orden político deseable encarnado en las normas jurídicas y condicionado por ellas, refractario al abuso del poder por el Estado mediante los que gobiernan, tendiente a la protección de los derechos humanos, el estudio de la sociedad es relevante.

Es más, los teóricos consideran que el “Derecho Político” se plantea apoyado- básicamente- en una teoría acerca del poder, una teoría acerca de la sociedad, una teoría acerca del Estado, una teoría acerca de la Constitución y de las instituciones políticas.

Pensadores del talante de Jellinek o Heller, por citar a dos grandes constructores de una “Teoría del Estado”, el análisis de la sociedad es un paso previo para toda consideración acerca del objeto principal.

Germán J. Bidart Campos (1) lo explica de modo sintético pero cabal.

“…La persona humana es el núcleo principal de toda realidad social y política. La realidad política se proyecta desde la realidad del hombre. Por eso es imperioso analizar las tres dimensiones siguientes: hombre, sociedad y estado. Para ello, la teoría de la sociedad suministra datos los datos fundamentales que facilitan la comprensión del fenómeno político. No se trata de hacer sociología, sino de encontrar los instrumentos del conocimiento científico de la política…”.

II.- Los problemas. La relación de términos entre “Sociedad” y “Estado”.

Consideraciones preliminares.

El primer problema con el que nos topamos es el diseño de un concepto de sociedad.

Nada nuevo para quien encara con rigor el estudio de la especialidad que nos atrae. Ese será el núcleo principal de nuestro enfoque.

Mucho más cuando frente a dos opciones iniciales: sentido amplio o restringido de sociedad, le aupamos el adjetivo civil al concepto de sociedad.

El segundo punto concierne a la manera en que las categorías se vinculan.

Surgen, de ese modo, las siguientes preguntas: ¿los términos sociedad y estado se complementan, hay simbiosis entre “sociedad” y “Estado”?; ¿el Estado absorbe el concepto sociedad?; ¿los conceptos son francamente antagónicos?

Los interrogantes no acaban aquí pues se pregunta y nos preguntamos: ¿qué precede a qué?, ¿es primero la Sociedad y luego el Estado?, o ¿el nacimiento (aparición) de ambos Sociedad y Estado es sincrónico?

Estas cuestiones han sido debatidas a lo largo de la historia del pensamiento político, de modo que no han de sorprendernos. Por el contrario. El interés por forjar una idea propia acerca de esta porción de nuestro estudio metódico, nos hace particularmente interesados en observar el debate o el devenir de aquellas forjadas.

En síntesis se intentará, a través de estas notas, o si se quiere de esta lección, trazar algunas ideas para aclarar – una pretensión, solamente- el panorama.

III. La facilidad para captar el fenómeno social o la dimensión social del hombre. La dificultad para comprender la politicidad..

Que es propio del hombre asociarse, parece una verdad de una verdad de Pero Grullo. Su existencia, desde el nacimiento, se realiza dentro de un grupo. La familia aparece como el primero en el que el hombre interactúa.

Considerar al hombre aislado exige un nivel de abstracción gigantesco, un enorme esfuerzo intelectual. El hombre vive y convive. Hay en él, desde inicio, una noción de sí, pero también una idea de prójimo, los otros seres humanos, con los que existe recíprocamente.

Como bien refiere Bidart Campos (2) la sociabilidad no es algo exterior sino que es “…intrínsecamente constitutiva del ser del hombre, que es un ingrediente de su ser, una forma de ser naturalmente insertada en el hombre. No es algo postizo, algo que le ocurra al hombre después de ser y existir, sino algo que lo acompaña “a nativitate”….La convivencia, que supone la sociabilidad como tendencia o predisposiciones naturales, es algo tan primario como el hombre…”.

De allí que nuestras propias sensaciones nos permiten comprender el fenómeno social.

No creemos lo mismo en lo que atañe a su politicidad. La dimensión de lo político parece resultarle ajena, aunque no lo sea.

La política es cosa de políticos, se piensa; el Estado –ámbito de realización pleno de lo político, al menos en la actualidad- es considerado ajeno. Un ámbito distante y distinto que únicamente se percibe cuando se expresa en el plano de la dominación; tal vez en sus símbolos si logra captarse a éstos como representación externa del Estado.

Cuando precisamos que uno de los elementos del Estado es la población, es usual que, aún inconscientemente, remitamos el término a “otros” y no a “nosotros”. Nos resulta dificultoso pensarnos como sujetos detentadores del poder y a la vez sujetos destinatarios del poder organizado. Mas bien entendemos que somos pasivos de un poder irresistible, pero no ocurre lo mismo cuando intentamos explicar la relación en los términos que expusimos más arriba.

Esto, lejos de colaborar con nuestro intento, entorpece el entendimiento. Enturbia la aprehensión de los objetos y perturba el análisis de sus vinculaciones.

Pero si veremos más adelante lo que el “Estado” es, al menos ahora concentrémonos en lo que “Sociedad” importa.

O en palabras de Georg Jellinek (3): “…si éste (el Estado) es un fenómeno social, necesita ser objeto de investigación la relación en que se encuentra el Estado con la sociedad, para alcanzar de este modo una noción completa de aquél, de allí que debe comenzarse por fijar en qué consiste la naturaleza de la sociedad…”

IV. Sociedad- Concepto- Naturaleza

Como todos los conceptos que administramos en nuestra materia, en ello razón tiene el maestro Fayt, hay una variabilidad de sentidos en su uso. Como consecuencia de ello el valor de la palabra se proyecta haciéndose multívoco, fluido y conceptualmente indeterminado.

En sentido literal, las dos primeras acepciones del diccionario de la Real Academia nos brindan una definición de lo que sociedad es para el lenguaje: “…1. f. Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. 2. f. Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida…”.

Esa idea de reunión o agrupación de personas no es extraña al lenguaje de las ciencias. Siempre el término se encuentra asociado a la idea de agrupamiento.

Carlos Santiago Fayt (4) relata y cita la concepción de Alfredo Poviña que pondremos a continuación en texto: “…Sociedad es la reunión de individuos que obran en conjunto con el propósito de alcanzar fines determinados…” y sigue con que el pensador señala “…la existencia de una doble significación del término sociedad, pudiendo distinguirse sociedad en estado naciente y sociedad institucionalizada. Sociedad en estado naciente sería simplemente el conjunto de acciones recíprocas que hacen que los hombres se liguen unos a los otros por sentimientos y necesidades. Sociedad institucionalizada sería el producto de esas acciones, la cristalización del obrar social en normas e instituciones como formas de conducta socialmente impuestas. En su primera significación, la sociedad comprendería los procesos sociales, es decir la interacción; en su segunda significación a los productos de esa interacción, es decir a las estructuras sociales…”

Jellinek (5) considera que el vocablo sociedad da lugar a múltiples significaciones “...Se aplica – enseña- para expresar tanto la reunión pasajera y contingente de varias personas, cuanto al Estado y se le aplica a la comunidad total de hombres. Tan frecuente es oponer Estado y sociedad como corriente identificarlos. Hasta la época moderna fue usado el término sociedad en el sentido de un concepto amplio que llevaba en sí otro más concreto que le estaba subordinado: el Estado. Históricamente, el fundamento de esto procede de que Aristóteles fue el primero que consideró al Estado como una especie de (en griego) y de que Cicerón después describió el concepto de societas como aquel en que entra toda suerte de relaciones humanas...”

Para Jellinek, fue la doctrina del derecho natural la que hubo de operar con el concepto de sociedad y bajo el influjo del pensamiento Aristotélico une el Estado con la sociedad civil considerándolo una misma cosa, llegando sólo a admitir junto a la sociedad civil otra del mismo género que es la sociedad doméstica.

En coincidencia con lo ya visto Jellinek recuerda que en el siglo XVIII se desenvolvió la teoría que consideraba a la sociedad como pre- existente al Estado y que Fergusson, expuso que el Estado aparece en la historia cuando existían ya relaciones de comunidad humanas

Ya en trance de elaborar un concepto Jellinek distingue a sociedad en sentido amplio y en sentido específico.

En sentido amplio significa “....la totalidad de las relaciones psicológicas que tienen lugar entre los hombre en el mundo exterior.... En ese sentido, sociedad y comunidad son idénticos, por cuanto ésta consiste precisamente en una variedad de relaciones particulares permanentes o contingentes entre individuos…”

En sentido estricto sociedad significa la totalidad de las agrupaciones humanas, esto es, de los grupos de hombres entre los cuales existe un elemento unitivo que los mantiene reunidos. No solo están los hombres unos a otros, sino que forman a causa de una necesidad psicológica, uniones de mayor extensión y vigor. Estas uniones pueden ser concientes organizadas o inconscientes, a las cuales les falta unidad. Puede descansar meramente en propiedades naturales comunes o en la igualdad de intereses.

Para Jellinek resulta imposible una separación completa ni una oposición entre el Estado y la sociedad. El Estado mismo es una forma de sociedad; tanto es un supuesto como un producto. No puede pensarse en ningún grupo social sin que lo consideremos a su vez, dentro del Estado.

Concluye el autor manifestando que “…En esta íntima conexión de los grupos sociales radica, precisamente la significación que tiene la doctrina de la sociedad para la teoría del Estado. De aquí arranca una doble conclusión; primera: que la vida completa del Estado sólo puede comprenderse partiendo de la totalidad de la vida social; de otra parte, que la doctrina social del Estado tiene sustantividad como una disciplina particular de las ciencias sociales; y, por último, se deduce de todo ello que las restantes doctrinas de dichas ciencias han de mantener necesariamente relaciones con la doctrina del Estado…”

En síntesis para el teórico que acabamos de citar el sentido amplio comprende todo tipo de relaciones psicológicas que ocurren entre los hombres; toda interconexión o interrelación permanente o contingente entre los seres humanos; en sentido estricto la sociedad implica un agrupamiento humano con propósitos unitivos que los conduce a formar uniones de mayor extensión y vigor, comprendiendo entre ellas al Estado que no tiene para las otras límite alguno. En sus propias palabras: “…Es imposible una separación completa ni una oposición entre Estado y sociedad. El Estado mismo es una forma de sociedad; tanto es un supuesto, como un producto. No puede pensarse en ningún grupo social sin que lo consideremos, a su vez, dentro del Estado…”

Hermann Heller (6), de su lado con una diferente perspectiva, enseña que el “…extenso catálogo de los conceptos de sociedad presenta, en primer término, un concepto genérico de sociedad, según el cual ésta vendría a ser el género humano entendido como el contenido abstracto de todas las formas de la convivencia humana, o sea que por sociedad se entendería la unión de los hombres en general…” y luego de reseñar los avatares que los procesos históricos han causado en el concepto que para el pensamiento burgués abstracto liberal, la sociedad, concebida de modo universal “…según el modelo del concepto Hegeliano no dialéctico de la sociedad civil, es aquella esfera del libre juego natural de las fuerzas iguales que el Estado deja en libertad e incluso considera como presupuesto suyo. O bien se identifica al Estado, como lo dice Bluntschli, con la sociedad civil, liquidando al modo liberal a la idea Hegeliana de Estado y quedando la sociedad civil como el sistema de la dependencia universal a los fines particulares egoístas, lo que ya Hegel llamó el “Estado externo, el Estado de la necesidad y el entendimiento. En cambio, para el pensamiento socialista, la sociedad es un concepto histórico concreto, absolutamente dinámico dialéctico, porque, en cuanto sociedad de clases, contiene una buena dosis de opresión y desigualdad sociales y aparece cargada por las tensiones de poder que entre la sociedad y el Estado engendran hoy las exigencias de libertad e igualdad del proletariado…”.

No resulta sencillo descifrar estas nociones sino es comprendiendo el contexto histórico posterior al renacimiento. Heller, en una prieta síntesis, que abarca desde el iusnaturalismo (contractualismo racionalista) hasta el materialismo marxista, con relevancia acerca de los modos en que se concibe la relación entre ambas categorías sociedad y estado.

Pero la idea que más claramente expone el problema en su dimensión actual y define los contornos de la sociedad civil, admitiendo la dicotomía Sociedad civil- Estado es Norberto Bobbio (7) quien admitiendo la posibilidad de una definición negativa (lo no estatal es igual a sociedad civil) nos brinda, con aproximación, que sociedad civil: “…es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. Los sujetos de estos conflictos y por tanto de la sociedad civil, precisamente en cuanto contrapuesta al Estado, son las clases sociales, o más ampliamente los grupos, los movimientos, las asociaciones, las organizaciones que las representan o que se declaran sus representantes; al lado de las organizaciones de clase, los grupos de interés, los movimientos de emancipación de grupos étnicos, de defensa de los derechos civiles, de liberación de la mujer, los movimientos juveniles etcétera. Los partidos políticos tienen un pie en la sociedad civil y el otro en las instituciones, tanto así que ha sido propuesto enriquecer el esquema conceptual dicotómico y de intercalar entre los dos conceptos, de sociedad civil y de Estado el de sociedad política orientado a abarcar, precisamente el fenómeno de los partidos que de hecho no pertenecen completamente ni a la sociedad civil ni al Estado…”

El italiano, cuestiona si con la aparición del “Estado Social” la distinción entre sociedad civil y Estado posea, actualmente, razón de ser, pues “…el proceso de emancipación de la sociedad frente al Estado fue seguido por un proceso inverso de reapropiación de la sociedad de parte del Estado…precisamente porque “social” difícilmente se distingue de la sociedad subyacente que él penetra completamente mediante la regulación de las relaciones económicas. Se ha notado por otra parte que a este proceso de estabilización de la sociedad ha correspondido un proceso inverso, pero no menos significativo de socialización del Estado a través del desarrollo de las diversas formas de participación en las alternativas políticas, el crecimiento de las organizaciones de masas que ejercen directa o indirectamente un poder político, por lo que la expresión “Estado Social” no solo puede ser entendida como estado que ha permeado la sociedad, sino como Estado que la sociedad ha permeado….”

V.- Otro peldaño. Los modos de concebir los términos “Sociedad y Estado”.

Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ipola en su “Estado y sociedad en el pensamiento clásico” (8) consideran que los conceptos de sociedad y de Estado, entendidos como recíprocos, complementarios, claramente enfrentados entre sí, caracteriza a esa etapa de la historia social de occidente que llamamos modernidad etapa cuyo momento inicial se sitúa entre los siglos XIV y XVI.

Del mismo modo que Hermann Heller la aparición de este fenómeno es propio de la aparición de la forma capitalista de la producción y el intercambio y a la desaparición paulatina de los órdenes estamentales de la sociedad, a la par que al nacimiento del concepto de igualdad jurídica.

Así lo entiende el autor alemán (9) cuando, luego de afirmar que “…Una teoría del Estado que quiera responder a los puntos de vista de lo real ha de concebir al Estado partiendo del conjunto de la realidad histórico concreta de la sociedad…” alude a que “…El espíritu y la forma de esta sociedad civil real podrán comprenderse cabalmente si se los investiga sobre la base de su evolución desde el renacimiento y la reforma. En los tres siglos que corren hasta la revolución francesa se van preparando la secularización y emancipación respecto de lo eclesiástico, el individualismo y el liberalismo, supuestos de la democracia igualitaria y de la economía capitalista de cambio que han de alcanzar, luego, su plena eclosión en el siglo XIX y que determinan de manera decisiva la actual estructura del Estado…”.

En suma, en la época de que se trata se va perfilando el pensamiento de que tanto la sociedad como el Estado son construcciones humanas, arquitecturas racionales y no meros reflejos de un orden metafísico, natural o divino.

En una primera etapa sociedad y Estado no se encuentran diferenciados. Estos son opuestos al Estado de naturaleza.

Hobbes, Locke, Rousseau y en general la ilustración harán hincapié en el contrato como superador del estado natural, situación que no responde, claro, a un momento histórico determinado sino que explica los motivos de la asociación y los perjuicios que aparejaría la falta de asociación. Empero, y dicho de paso, hay en ellos una distinción interna. Hobbes sostiene la idea del pacto constitutivo para “sujetarse” al poder. Los restantes ven las cosas de modo diferente. Locke- padre del liberalismo político- prefigura el estado de naturaleza como un estado no caótico, sino pacífico, de modo que el contrato que engendra la sociedad tiene por fin evitar la corrupción posible y el Estado va a nacer como un “árbitro en los conflictos”, un “Juez imparcial” a quién los hombres no declinarán su libertad. Rousseau (alma mater de la democracia), agrega un tercer elemento conceptual la voluntad general (comunidad) pues la sociedad al generar desigualdades, la envidia y la guerra, es superada por la unión libre de hombres integrados en la comunidad que articulan estado y sociedad de modo directo(10).

Pero esos conceptos se vuelven ineptos para explicar y justificar las categorías vistas cuando hace eclosión el problema social consecuente al industrialismo, las nuevas técnicas de producción y la revolución democrática.

La sociedad se presentará así como una realidad objetiva que no responde al mero voluntarismo individual y por ende deja de ser considerada como una creación de la razón.

Aparece una ciencia nueva, la sociología, que se libera de la filosofía y de la teología.

Augusto Comte, J.Stuart Mill, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Karl Marz y Federico Engel son los precursores de esta ciencia nueva que, como dije, surge de la necesidad de explicación de nuevos fenómenos sociales y de las transformaciones que se operan en ese campo, quienes explicarán sociedad y estado desde nuevas perspectivas superadoras de la concepción iluminista decimonónica e implican la separación de las categorías que estamos analizando.

Norbert Bilbeny (11), enseña, a su vez, que la acción y el poder político tienen su origen en la sociedad, y que – igualmente- ambos influyen en el conjunto de la sociedad, pero no todo en la sociedad es político ni tampoco depende del ordenamiento político.

Este autor considera que a la sociedad en tanto dependiente de un gobierno político se la ha de llamar sociedad política y al resto de ella, por oposición, sociedad civil.

Luego de ello, alude a que no todos los autores son contestes en afirmar el modo en que ambas realidades se vinculan.

Estima que la mayoría de los autores identifican lo no estatal con lo pre- estatal “...la sociedad civil es lo que está antes de la sociedad política, bien como un paso previo, bien como una condición independiente, todavía de ésta...”.

Quienes consideran que la sociedad civil es un paso previo se encuentran los pensadores con una visión organicista o globalizante del sistema político (Aristóteles, Bodin y Hegel).

Entre los que la consideran una condición independiente se hallan los pensadores iusnaturalistas (desde Hobbes hasta Kant) y en particular aquellos más propensos a una visión más individualista y liberal de la política (la ilustración escocesa, Rawls, más contemporáneamente).

Para Marx, estima Bilbeny, la sociedad civil era el sinónimo de sociedad burguesa y el estado una superestructura jurídica y política coraza de esa base real de la sociedad, de allí que Marx niegue la autonomía y aún la necesidad del Estado- instrumento de dominación de la clase burguesa destinado a desaparecer. Para el Marxismo el Estado camina hacia su propia extinción cuando señala “...El gobierno de las personas hace sitio a la administración de las cosas y a la dirección de las operaciones de producción. El Estado no queda abolido, se extingue...” (Escribió Engels, aun cuando ya lo hubiera dicho Saint Simon) y la sociedad comunista renace como sociedad civil cambiada radicalmente de orden y en todo caso habiendo dejado atrás la experiencia del Estado.

Una tercer categoría de pensadores considera, a dichos del autor que se comenta, que la sociedad civil no es “pre” ni “post” sino antiestatal. Esta es la concepción del anarquista Bakunin o- en otra posición- la de Spencer y el liberalismo darwinista retomado éste por los teóricos del “estado mínimo”

Culmina el autor cuyo pensamiento traduzco “...que hay otra manera de ver la cuestión que ya no necesita de la referencia de los clásicos. Se apoya en la realidad y en la razón común. Allí donde hay política hay también - excepto en el totalitarismo- sociedad civil: una existe en relación con la otra y hasta actúan de necesario contrapeso. Sociedad y política no son lo mismo ni están radicalmente preparadas: la existencia de partidos políticos y del Estado social moderno nos muestra además su nexo común. La sociedad civil es el lugar en el que surgen y se desarrollan todos los poderes y todos los conflictos. La sociedad política es el lugar en que continúa desarrollándose en particular el poder político para atender a todos estos conflictos. Los poderes públicos tienen la función elemental la mediación entre los antagonismos: si es necesario con su represión y si es posible con su prevención. Por eso no se puede disociar la sociedad civil de la sociedad política y viceversa...” (12)

En el epílogo de este punto podemos citar a Carlos Fayt (13) quien enseña que la relación Estado y Sociedad no ni de identidad ni de oposición. Si la sociedad es vida humana en interacción y los productos de esa interacción, el Estado tiene su origen en una de esas formas de interacción. Esto lo convierte, recuerda, en una forma de convivencia entre otras formas de convivencia, a la que un grupo social, la nación o la comunidad nacional le sirven de sustrato. Pero el Estado, por más portentoso, no puede abarcar todos los fenómenos sociales.

Sí, predica el maestro, la sociedad y el Estado se encuentran recíprocamente condicionados, en la medida en que en la gestación de las decisiones políticas participan grupos o fuerzas sociales: estatales, grupos políticos, grupos de interés

Y hasta aquí llegaremos, pues creo suficiente estas notas para que actúen a modo de un catalizador del pensamiento.

Bibiografía:

1. Bidart Campos, Germán J: “Lecciones Elementales de Política” Editorial Ediar, 1987, página 55.

2. Bidart Campos, Germán J: Obra citada, página 59.

3. Jellinek, Georg: “Teoría General del Estado” Oxford Press University, 1999, página 49

4. Fayt, Carlos Santiago: “Derecho Político” Ed. Depalma, 1985, página 53

5. Jellinek, Georg, obra citada página 48

6. Hermann Heller: “Teoría del Estado” Ed. Fondo de Cultura Económica 1999, página 124

7. Bobbio, Norberto: “Estado, Gobierno y Sociedad- Por una teoría general de la Política” Ed. Fondo de Cultura Económica, página 43

8. Portantiero, Juan Carlos y de Ipola Emilio: “Estado y sociedad en el pensamiento clásico”. Ed. Cántaro, 1987, página 6.

9. Heller, Hermann:, página 126

10. Portantiero, Juan Carlos y de Ipola Emilio: obra citada página 9.

11. Bilbeny, Norbert: “Política sin Estado”, Editorial Ariel, 1998, página 43

12. Bilbeny, Norbert: obra citada, páginas 45 y 46

13. Fayt, Carlos S: obra citada página 63

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Caso Halabi- Fallo completo- Se ha pretendido sistematizar el desarrollo de los argumentos dados por la CSJN

2011-06-20T16:39:00.000-07:00

I. Introducción

En esta publicación concerniente al llamado caso “Halabi” se ha pretendido sistematizar, para mejor comprensión, el texto completo del fallo, obtenido desde el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es posible consultar ese sitio web y obtener el sumario de la sentencia mencionada, así como el contenido que abajo se reproduce

a.- Recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional, representado por la Dra.Mariana Tamara Saulquin. Traslado contestado por el Dr. Ernesto Halabi (por derecho propio).

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N 10.

b.- Autos: "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986" resuelto por la CSJN el 24 de febrero de 2009

II.- El caso

Ernesto Halabi promovió acción de amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04, en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una ley determine "en qué casos y con qué justificativos". Alegó que esa intromisión constituye una violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, en su condición de usuario, a la par que menoscaba el privilegio deconfidencialidad que, como abogado, ostenta en las comunicaciones con sus clientes (fs. 2/8).

III. La solución en las instancias

a. Primera instancia

La magistrada de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley 25.873 y del decreto 1563/04. A ese efecto sostuvo que: a) no existió un debate legislativo suficiente previo al dictado de la ley, la cual carece de motivación y fundamentación apropiada; b) de los antecedentes de derecho comparado surge que diversas legislaciones extranjeras tomaron precauciones para no incurrir en violaciones al derecho a la intimidad por ejemplo limitaron el tiempo de guarda de los datos que no fueron consideradas en este proyecto; c) las normas exhiben gran vaguedad pues de sus previsiones no queda claro en qué medida pueden las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones sin la debida autorización judicial; d) aquéllas están redactadas de tal manera que crean el riesgo de que los datos captados sean utilizados para fines distintos de los que ella prevé; e) el Poder Ejecutivo se excedió en la reglamentación de la ley al dictar el decreto 1563/04 (fs. 70/78)

b. Segunda instancia

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó dicho pronunciamiento. Sin perjuicio de advertir que el recurso de apelación del Estado Nacional exhibía defectos técnicos que conducían a declararlo desierto, estimó que, por la trascendencia de la cuestión debatida, correspondía tratar los argumentos desarrollados en defensa de las normas impugnadas. Al respecto y, en primer lugar, aclaró que la pretensión no se había tornado abstracta, pues la ley cuestionada seguía vigente por el hecho de que el decreto 1563/04 que la reglamentó sólo había sido suspendido "por tiempo indeterminado" mediante el decreto 357/05 sin que hubiese sido "expulsado del plexo normativo vigente". En segundo término, precisó que el planteo articulado no era meramente consultivo sino que existía un interés jurídico concreto en cabeza del actor como usuario de distintos servicios de telecomunicaciones y en su carácter de abogado. En cuanto a la viabilidad de la acción de amparo, sostuvo que no existía en el caso otro remedio judicial más idóneo para proteger los derechos invocados, además de que la cuestión no requería una mayor amplitud de debate o prueba por resultar "prácticamente" de puro derecho. Respecto del fondo del asunto, hizo suyos los argumentos desarrollados por la jueza de grado a los que, con citas de jurisprudencia nacional y extranjera, añadió consideraciones generales sobre el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia, concluyendo que éstos debían primar en situaciones como la que presenta el sub lite más allá de que el objetivo general de las normas impugnadas hubiera sido el de "combatir el flagelo de la delincuencia". Subrayó que "en nada cambia la conclusión a la que se arriba que la ley establezca (en su art. 3) la asunción de responsabilidad por parte del Estado por los eventuales perjuicios que se derivaren para terceros". Por lo demás, estimó que la legitimación del actor "no excluía la incidencia colectiva de la afectación a la luz del 2do. párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional" por lo que la sentencia dictada en tales condiciones debía "...aprovechar a todos los usuarios que no han participado en el juicio" (fs. 109/116).

c. El recurso extraordinario- posición del Estado Nacional

En contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs. 120/126 en el que invoca la existencia de cuestión federal, arbitrariedad y gravedad institucional. El remedio ha sido concedido a fs. 156 y resulta formalmente procedente toda vez que el agravio del recurrente pone en cuestión la inteligencia que cabe atribuir a la cláusula del art. 43 de la Constitución Nacional y la decisión es contraria a la validez del derecho que se fundó en ella y es materia de litigio (art. 14, inc. 3, de la ley 48. La impugnación del Estado Nacional se dirige exclusivamente a descalificar el efecto erga omnes que la cámara atribuyó a su pronunciamiento. Al respecto señala que, sin perjuicio de la indudable dimensión colectiva de los derechos debatidos en el caso, según las prescripciones constitucionales, para conferir tal alcance al fallo era necesaria la participación del Defensor del Pueblo de la Nación en el proceso, circunstancia que no se ha producido. La pretensión fue deducida exclusivamente por un particular.

IV. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (texto completo)

a. Razones de su intervención

1.- El recurso es formalmente procedente toda vez que el agravio del recurrente pone en cuestión la inteligencia que cabe atribuir a la cláusula del art. 43 de la Constitución Nacional y la decisión es contraria a la validez del derecho que se fundó en ella y es materia de litigio (art. 14, inc. 3, de la ley 48). Por lo demás, cabe señalar que el tema planteado tiene repercusión institucional, en la medida en que excede el mero interés de las partes y repercute en un importante sector de la comunidad por haberse sometido a debate la legitimidad de medidas de alcance general que interesan a actividades cuyo ejercicio no es ajeno al bienestar común (confr. doctrina de Fallos: 247:601 y, entre otras, causa F.1074.XLI "Fecred S.A. c/ Mazzei, Osvaldo Daniel y otro s/ ejecución hipotecaria", sentencia del 6 de mayo de 2008). Es pertinente recordar que, según lo ha sostenido invariablemente en sus pronunciamientos esta Corte, en la tarea de establecer la inteligencia de preceptos constitucionales y de normas federales no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes sino que leincumbe efectuar una declaración sobre el punto disputado, segúnla interpretación que rectamente les otorgue (Fallos: 326:2880; 328:2694; 329:2876 y 3666, entre muchos otros). (Considerando 5°)-

b Interrogantes de la Corte (Método)

Para la dilucidación de este aspecto, según los propios términos en que ha sido formulado el cuestionamiento, es necesario determinar cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, quiénes son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué condiciones puede resultar admisible y cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte.(Considerando 8°)

c. El problema de la legitimación procesal. Categorías

1.- En materia de legitimación procesal corresponde, como primer paso, delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. En todos esos supuestos, la comprobación de la existencia de un "caso" es imprescindible (art. 116 de la Constitución Nacional; art. 2 de la ley 27; y Fallos: 310: 2342, considerando 7; 311:2580, considerando 3; y 326: 3007, considerandos 7 y 8, entre muchos otros), ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición. Sin embargo es preciso señalar que el "caso" tiene una configuración típica diferente en cada uno de ellos, siendo esto esencial para decidir sobre la procedencia formal de pretensiones, como se verá en los considerandos siguientes. También es relevante determinar si la controversia en cada uno de esos supuestos se refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza de una lesión futura causalmente previsible. (Considerando 9°)

2. Derechos sobre bienes jurídicos individuales. Concepto.

La regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. Ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien una representación plural. En estos casos, no hay variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien debe, indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable. A esta categoría de derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional en que encuentra cabida la tradicional acción de amparo, instituida por vía pretoriana por esta Corte en los conocidos precedentes "Siri" y "Kot" (Fallos: 239:459 y 241:291, respectivamente) y consagrada más tarde legislativamente. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados. (Considerando 10)

3. Derechos de incidencia colectiva. Concepto

Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. 43 de la Constitución Nacional) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y elafectado. En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes.

En primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Es necesario precisar que estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto en el proceso éste sería el titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno.

En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera.

De tal manera, cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación.

En este tipo de supuestos, la prueba de la causa o controversia se halla relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante o de quienes éste representa.

Puede afirmarse, pues, que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y que ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza de su titular. (Considerando 11)

4.- Derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos

La Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados.

En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.

Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos.

Frente a esa falta de regulación la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionarcuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y315:1492).

La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de Fallos: 211:1056 y 215:357). En la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a criterios excesivamente indeterminados alejados de la prudencia que dicho balance exige. (Considerando 12)

La procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. El primer elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales.

El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar acciones de la primera categoría. De tal manera, la existencia de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho. Como tercer elemento es exigible que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto.

En tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea expuesta. (Considerando 13)

V. La solución del caso.

a. La cuestión atinente a la calificación de la acción. La legitimación y los efectos de la sentencia

a.1 El enfoque inicial de la Corte, su desarrollo y justificación

La pretensión deducida por el abogado Ernesto Halabi puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos 12 y 13 de este pronunciamiento.

En efecto, el pretensor interpuso acción de amparo en virtud de considerar que las disposiciones de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04 vulneran los derechos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar "en qué casos y con qué justificativos" esa intromisión puede llevarse a cabo. La referida intervención importa una violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, y además pone en serio riesgo el "secreto profesional" que como letrado se ve obligado a guardar y garantizar (arts. 6 inc. f, 7, inc. c y 21, inc. j, de la ley 23.187). Su pretensión no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses sino que, por la índole de los derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones como también de todos los abogados. Como se anticipó en el considerando 7, corresponde resolver el alcance del pronunciamiento. Al respecto, este Tribunal considera cumplidos los recaudos que, para las acciones colectivas, se delinean en esta sentencia.

En efecto, existe un hecho único la normativa en cuestión que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales.

La pretensión está concentrada en los efectos comunes para toda la clase de sujetos afectados, con lo que se cumple el segundo requisito expuesto en el considerando anterior. La simple lectura de la ley 25.837 y de su decreto reglamentario revela que sus preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a todo el colectivo que en esta causa representa el abogado Halabi.

Finalmente, hay una clara afectación del acceso a la justicia, porque no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma, con lo que se cumple el tercero de los elementos señalados en el considerando anterior.

Por lo demás, esta Corte estima que, dado que es la primera oportunidad en la que se delinean los caracteres de la acción colectiva que tiene por objeto la protección de derechos individuales homogéneos y que no existe una reglamentación al respecto, cabe ser menos riguroso a la hora de evaluar el resto de los recaudos que habrá que exigir en lo sucesivo en los procesos de esta naturaleza. En estas condiciones, se considera que ha existido una adecuada representación de todas las personas, usuarios de los servicios de telecomunicaciones dentro de los que se encuentran los abogados. a las que se extenderán los efectos de la sentencia.

Para arribar a esta conclusión se tiene en cuenta la publicidad que se le dio a la audiencia celebrada ante esta Corte, como también la circunstancia de que la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.873 se encuentra firme y que el decreto reglamentario 1563/04 ha sido suspendido en su vigencia.

Asimismo, se consideran las presentaciones que, en apoyo de la pretensión del demandante, han realizado como Amigos del Tribunal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que comparecían para evitar "las nefastas consecuencias que para todos los habitantes de nuestro país y en particular para los abogados matriculados en nuestro colegio traería aparejada la subsistencia formal de las normas cuestionadas" (fs. 215/216 y 235/237). Similares consideraciones fueron realizadas en la audiencia celebrada ante el Tribunal por los oradores de esas dos instituciones (fs. 347/357). (Considerando 14)

La conclusión mencionada no puede ser objetada so pretexto de que la acción colectiva prefigurada en la referida cláusula constitucional no encuentre, en el plano normativo infra-constitucional, un carril procesal apto para hacerla efectiva. Ese presunto vacío legal no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de los derechos constitucionales que se aducen vulnerados. Ha expresado el Tribunal al respecto que basta la comprobación inmediata de un gravamen para que una garantía constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias.

En apoyo de tal afirmación, esta Corte sostuvo que ya a fines del siglo XIX señalaba Joaquín V. González: "No son, como puede creerse, las 'declaraciones, derechos y garantías', simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina" ("Manual de la Constitución argentina", en "Obras completas", vol. 3, Buenos Aires, 1935, núm. 82; confr., además, núms. 89 y 90).

Los preceptos constitucionales tanto como la experiencia institucional del país reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarlas (confr. causa "Siri", Fallos: 239:459).(Considerando 15)

Es innegable, entonces, que una inteligencia dinámica del texto constitucional, superadora de una concepción pétrea de sus directivas, conlleva la posibilidad de encontrar en él los remedios adecuados para cada una de las circunstancias que está llamado a regir. En ese sentido ha observado también el Tribunal que la Constitución, que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempo de su sanción. Este avance de los principios constitucionales, que es de natural desarrollo y no de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para que fue dictada la Constitución. Entre esos grandes objetivos y aun el primero entre todos, está el de "asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino" (Preámbulo). De ahí que la Constitución está dirigida irrevocablemente a asegurar a todos los habitantes "los beneficios de la libertad" y este propósito, que se halla en la raíz de nuestra vida como Nación, se debilita o se corrompe cuando se introducen distinciones que, directa o indirectamente, se traducen en obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud de los derechos (confr. causa "Kot", Fallos: 241:291). 17)

a. 2. Análisis del problema a la luz de otros sistemas jurídicos

Que ante la imperiosa necesidad de dar una respuesta jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de las instituciones y a las exigencias actuales de la sociedad, no puede pasar desapercibida a los magistrados la experiencia recogida en otros sistemas jurídicos. Al respecto, en lo que aquí interesa, resulta ilustrativo traer a colación que en los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de las directivas del Bill of peace del siglo XVII, mediante la labor jurisprudencial, se ha delineado la institución de las class actions cuya definición conceptual quedó plasmada en las Federal Rules of Civil Procedure de 1938 y que ha experimentado una evolución posterior mediante numerosas decisiones judiciales hasta obtener contornos más precisos en las Federal Rules de 1966. La Regla 23 (Equity Rule 23) de ese ordenamiento determinó que uno o más miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable, 2) existen cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase, 3) las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o defensas de la clase, y 4) las partes representantes protegerán los intereses de la clase justa y adecuadamente. El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la clase, efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia de una comunidad de intereses. La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes.

En el contexto de la citada disposición es posible distinguir tres tipos de acciones: la primera diseñada para los supuestos en que el ejercicio individual de las pretensiones mediante procesos individuales resulte perjudicial para el enjuiciado o para los miembros del colectivo por crear el riesgo de sentencias contradictorias o disímiles respecto de los sujetos individuales, que impongan comportamientos incompatibles a la parte opuesta del grupo o que, en la práctica, sean dispositivas de los intereses de otros miembros no partes, o que sustancialmente menoscaben o eliminen la posibilidad de proteger sus intereses. El segundo tipo es aquél concerniente a los supuestos en que la contraparte del grupo ha evidenciado una conducta positiva u omisiva por motivos vinculados a aquél, lo que torna apropiado una resolución condenatoria o declarativa que involucre a todo el conjunto. El tipo restante se presenta cuando el juez otorga primacía a los puntos fácticos o jurídicos comunes a los integrantes del grupo por sobre cualquier cuestión que afecte sólo a sus miembros individuales, de manera tal que la acción del colectivo es siempre superior a la acción individual. (Considerando 17)

Cabe hacer presente, asimismo, la regulación vigente en España que, aunque circunscripta al ámbito de los consumidores y de los usuarios, presenta una singular solución para los problemas que generan la participación, la legitimación procesal y los alcances de las decisiones en las demandas de contenido colectivo. En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil española (n1 del 7 de enero de 2000; BOE núm. 7, del 8 de enero de 2000, pág. 575-728, corrección de errores BOE núm. 90, del 14 de abril de 2000, pág. 15278 y BOE núm. 180, del 28 de julio de 2001, pág. 27746) reconoce la calidad de parte procesal ante los tribunales civiles a los "grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables".

El grupo podrá demandar en juicio cuando se constituya con la

mayoría de los afectados (art. 6, inc. 7). En esas condiciones, la norma otorga legitimación para la tutela de los intereses colectivos no sólo a las asociaciones de consumidores y usuarios y a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos sino, además, a los propios grupos de afectados (art. 11, inc. 2).

En referencia también a los derechos e intereses de los consumidores, el ordenamiento legal de Brasil prevé una acción civil colectiva de responsabilidad por daños individualmente sufridos cuya articulación puede ser ejercida en juicio en forma individual o a título colectivo. La normativa autoriza la defensa colectiva para los supuestos de intereses o derechos difusos transindividuales de naturaleza indivisible de que sean titulares personas indeterminadas y relacionadas por circunstancias reales; los intereses o derechos colectivos transindividuales de naturaleza indivisible de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas relacionadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base; y los intereses o derechos individuales homogéneos, por los que se entienden los resultantes de origen común (arts. 81, 91 y ss. del Código de Defensa del Consumidor, ley 8078, del 11 de septiembre de 1990). (Considerando 18)

a.3 El derecho Argentino- Solución de la Corte

En lo referente al derecho argentino, esta Corte ha advertido en otras ocasiones que el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de las acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes. Es oportuno recordar, en ese sentido que, al interpretar el ya tantas veces mencionado art. 43 de la Constitución Nacional, el Tribunal admitió que la protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu sino que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter general como en esa ocasión el hábeas corpus colectivo, pues es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla (Fallos: 328:1146, considerandos 15 y 16). Por lo tanto, frente a una situación como la planteada en el sub examine, dada la naturaleza de los derechos en juego, la calidad de los sujetos integrantes del colectivo y conforme a lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que, además de la letra de la norma, debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad, es perfectamente aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que un afectado, el Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan, en los términos del ya citado segundo párrafo del artículo 43, una acción colectiva con análogas características y efectos a la existente en el derecho norteamericano (confr. fallo referido, considerando 17 y sus citas). (Considerando 19)

No obstante ello, ante la ya advertida ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, se torna indispensable formular algunas precisiones, con el objeto de que ante la utilización que en lo sucesivo se haga de la figura de la "acción colectiva" que se ha delineado en el presente fallo se resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. Es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos. (Considerando 20)

A esta altura de la exposición se impone recordar que el apelante centró sus agravios en el aspecto de la sentencia mediante el cual la cámara procuró reforzar la virtualidad de su decisión atribuyéndole carácter erga omnes. En razón de ello, para dar una respuesta definitoria a la impugnación articulada es conveniente remarcar, como conclusión de lo que se lleva dicho, que el fundamento de esa amplitud de los efectos de la decisión no se halla sólo en la búsqueda, por parte del juzgador, de arbitrios tendientes a superar el escollo derivado de la arraigada concepción individualista en materia de legitimación. El verdadero sustento de la proyección superadora de la regla interpartes, determinante de la admisibilidad de la legitimación grupal, es inherente a la propia naturaleza de la acción colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intentan proteger. Tal estándar jurídico, como se ha expresado, reconoce su fuente primaria en el propio texto constitucional y, lejos de ser una construcción nnovedosa, aparece como una institución ya arraigada en el ordenamiento normativo vigente. En efecto, las regulaciones especiales que instauran instrumentos de carácter colectivo para obtener reivindicaciones en materia de defensa a los usuarios y consumidores y en lo atinente a daño ambiental, prevén expresamente soluciones de la índole referida. Así el art. 54, párrafo segundo, de la ley 24.240 establece que "la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga". De un modo semejante, el art. 33, in fine, de la ley 25.675 dispone que "la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias". (Considerando 21)

b La cuestión de fondo. Los límites Estatales frente al derecho a la intimidad en sus variados aspectos

Para concluir y, sin perjuicio de las limitaciones con que ha quedado abierta la jurisdicción de esta Corte según lo indicado en el considerando 7, es conveniente dar una ligera mirada sobre el tema planteado como cuestión de fondo pues, como se ha expuesto a lo largo de este pronunciamiento, lo referente a la admisibilidad de la acción colectiva, a la legitimación para interponerla y a la proyección de los efectos de la sentencia que en su cauce se dicte, depende fundamentalmente de la índole del derecho que por ese medio se procurares guardar. La tacha de inconstitucionalidad deducida en la demanda que abrió este proceso recayó sobre la ley 25.873 y su reglamentación. Esa norma legal incorporó a la ley 19.798 de regulación del servicio de telecomunicaciones los artículos 45 bis, ter y quáter que, en síntesis, prevén que: a) los prestadores de telecomunicaciones deberán disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivaciónde las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente; b) los costos deberán ser soportados por los prestadores y el servicio deberá estar disponible en todo momento; c) los prestadores deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público; d) esa información deberá ser conservada por diez años; e) el Estado Nacional asume la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación y utilización de la información obtenida por el mecanismo previsto. A su turno, el decreto1563/04 reglamentó la norma legal pero su aplicación fue suspendida más tarde por el decreto 357/05. El tribunal a quoobservó al respecto mediante un señalamiento que ha quedado firme ante la ausencia de agravio que la suspensión del reglamento no implicó su exclusión del ordenamiento jurídico y, por ende, el precepto resulta susceptible de ocasionar una afectación actual o inminente a los derechos del actor. Tal dispositivo, en lo que interesa, determina que la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del stado (SIDE) será el órgano encargado de realizar las interceptaciones que los prestadores deberán obtener los recursos ara realizarlas y mantenerlas en confidencialidad. (Considerandos 22)

El fallo recurrido, en el tramo que también ha adquirido carácter inamovible por no haber merecido objeciones del apelante, confirmó por sus fundamentos la decisión dictada en primera instancia con lo cual la declaración de inconstitucionalidad de las normas quedó sustentada, entre otros extremos valorados, en que: a) las previsiones de la ley exhiben vaguedad en sus previsiones de las que no resulta claro en qué medida pueden las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones sin la debida autorización judicial, y b) tal como está redactada la norma, existe el riesgo de que los datos sean utilizados para fines distintos que aquéllos en ella previstos.

En relación con los aspectos reseñados resulta oportuno señalar que las comunicaciones a las que se refiere la ley 25.873 y todo lo que los individuos transmiten por las vías pertinentes integran la esfera de intimidad personal y se encuentran alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. El derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra su lesión actúa contra toda "injerencia"o "intromisión" "arbitraria" o "abusiva" en la "vidaprivada" de los afectados (conf. art. 12 de la Declaración Universalde Derechos Humanos y art. 11, inc. 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Ctratados, ambos, con jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y art. 1071 bis del Código Civil). (Considerando 23)

En sentido coincidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que el poder del Estado para garantizar la seguridad y mantener el orden público no es ilimitado, sino que "su actuación está condicionada por el respeto de los derechos fundamentales de los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción y a la observación de los procedimientos conforme a Derecho (...) con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma" (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C, n 100, caso " Bulacio v. Argentina", sentencia del 18 de septiembre de 2003, ptos. 124 y 125; ver Fallos: 330:3801). Acerca de estas situaciones este Tribunal ha subrayado que sólo la ley puede justificar la intromisión en la vida privada de una persona, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos: 306:1892; 316:703, entre otros). Es en este marco constitucional que debe comprenderse, en el orden del proceso penal federal, la utilización del registro de comunicaciones telefónicas a los fines de la investigación penal que requiere ser emitida por un juez competente mediante auto fundado (confr. art. 236, segunda parte, del Código Procesal Penal de la Nación, según el texto establecido por la ley 25.760), de manera que el común de los habitantes está sometido a restricciones en esta esfera semejantes a las que existen respecto a la intervención sobre el contenido de las comunicaciones escritas o telefónicas.

Esta norma concuerda con el artículo 18 de la ley 19.798 que establece que "la correspondencia de telecomunicaciones es inviolable. Su interceptación sólo procederá a requerimiento de juez competente".En idéntico sentido, el Tribunal Constitucional de España, mediante su sentencia del 5 de abril de 1999 (STC 49/1999), con cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha sostenido que "si el secreto pudiera alzarse sobre la base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las comunicaciones (...) quedaría materialmente vacío de contenido".

Así, el TEDH acepta como garantía adecuada frente a los abusos que la injerencia sólo pueda producirse allí donde "existan datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave" Caso K., núm. 51 o donde existan "buenas razones" o "fuertes presunciones" de que las infracciones están a punto de cometerse (TEDH S 15 jun. 1992, caso L, núm. 38). (Considerando 24)

La libertad, en cada una de sus fases, tiene su historia y su connotación (Fallos: 199:483); de ahí que las consideraciones en particular sobre el tema en discusión deban mantener un muy especial apego a las circunstancias del caso. El Tribunal tiene dicho que los motivos que determinan el examen de la correspondencia en el caso de un delincuente, pueden diferirde los referentes a un quebrado, a un vinculado al comercio, aun sujeto de obligaciones tributarias, etc.; por ello ha interpretado que el art. 18 de la Constitución no exige que la respectiva ley reglamentaria deba ser "única y general" (Fallos: 171:348; 318:1894, entre otros). Cabe recordar que en el precedente de Fallos: 318: 1894 (en el voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano) se afirmó que, para restringir válidamente la inviolabilidad de la correspondencia, supuesto que cabe evidentemente extender al presente, se requiere: a) que haya sido dictada una ley que determine los "casos" y los "justificativos" en que podrá procederse a tomar conocimiento del contenido de dicha correspondencia; b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial o importante objetivo del Estado, desvinculado de la supresión de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de la libertad de expresión; c) que la aludida restricción resulte un medio compatible con el fin legítimo propuesto y d) que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable para el aludido logro. A su vez, fines y medios deberán sopesarse con arreglo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses concurrentes. (Considerando 25)

Lo resuelto en el sub lite por los jueces de la causa se ajusta a los requisitos que conforman el estándar enunciado y que imponen la aplicación de criterios de interpretación restrictivos en el examen de las intercepciones de las comunicaciones personales. Tal como ha sido apreciado por los magistrados de los tribunales intervinientes en las instancias anteriores, es evidente que lo que las normas cuestionadas han establecido no es otra cosa que una restricción que afecta una de las facetas del ámbito de la autonomía individual que constituye el derecho a la intimidad, por cuanto sus previsiones no distinguen ni precisan de modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las interceptaciones, toda vez que no especifican el tratamiento del tráfico de información de Internet en cuyo contexto es indiscutible que los datos de navegación anudan a los contenidos. Se añade, a ello, la circunstancia de que las normas tampoco prevén un sistema específico para la protección de las comunicaciones en relación con la acumulación y tratamiento automatizado de los datos personales.

En suma, como atinadamente ha sido juzgado en autos, resulta inadmisible que las restricciones autorizadas por la ley estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes de la Administración quede en manos de la más libre discreción de estos últimos, afirmación que adquiere primordial relevancia si se advierte que desde 1992 es la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, que actúa bajo la órbita del poder político, la que debe cumplir con los requerimientos que formule el Poder Judicial en orden a la interceptación de comunicaciones telefónicas u otros medios de transmisión que se efectúen por esos circuitos. Ello es así por cuanto, en el marco de la transferencia de la prestación del servicio de telecomunicaciones de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones a licenciatarias privadas, el decreto 1801/1992 dispuso que la Dirección de Observaciones Judiciales de aquella empresa estatal pasara a depender de la SIDE, a los fines de cumplir con dichos requerimientos de los jueces. (Considerando 26)

Por lo demás, no cabe perder de vista que ha sido el propio legislador quien, al establecer en el artículo 3 de la ley 25.873 la responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación y utilización de la información obtenida, ha reconocido que el sistema de captación, derivación y registro de comunicaciones que implementó podría no respetar las garantías mínimas exigibles para tan drástica injerencia en la esfera íntima de los particulares.( Considerando 27)

La Dra. Highton de Nolasco deja a salvo su opinión respecto a la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación para la defensa de intereses individuales homogéneos puramente patrimoniales (conf. D.2080.XXXVII Defensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. - PEN- dtos. 1570/01 y 1606/01 s/ amparo ley 16.986", sentencia del 26 de junio de 2007).

En las condiciones expuestas y por los fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT (en disidencia parcial)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia parcial)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial).

VI. Las disidencias parciales

a DISIDENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho que sus sentencias producen efectos solamente respecto de quienes han revestido el carácter de partes en el juicio, y no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a él (Fallos: 321:1252 y sus citas considerando 18 del voto del juez Petracchi), tal aseveración reviste el carácterde principio general. En efecto, cuando la naturaleza de la pretensión invocada impide, fáctica o jurídicamente, restringir el alcance de lo decidido a las partes intervinientes en el juicio, dicha regla debe ceder. De otro modo, la tutela de derechos reclamada no podría hacerse efectiva, y se vulneraría el principio mismo del que ha nacido la acción de amparo (conf. Fallos: 322:3008, esp. considerandos 12 y 13 de la disidencia del juez Petracchi, y sus citas).(Considerando 7°)

E este sentido, resulta incomprensible la retensión de la recurrente dirigida a que los efectos de lo ecidido en la presente causa se limiten al amparista, pues sostiene "no existe imposibilidad de excluirlo a él de la aplicación de la normativa sin que ello implique que no se deba aplicar la normativa en general". En efecto, tal afirmación prescinde del carácter indivisible de la materia en discusión. Si bien la "privacidad", desde cierto punto de vista, puede ser vista como un bien propio de cada individuo en particular, no se trata en el caso de un reclamo de protección limitado a un cierto espacio físico o a algún aparato de comunicación en particular. Por el contrario, lo que entra en juego es el derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones. Ello, por definición, presupone la interacción con otros interlocutores, cuya ausencia de protección por ser ajenos al juicio derivaría, necesariamente, en el fracaso de la protección al amparista mismo. Desde este punto de vista, la necesidad de protección invocada no podría ser restringida a la "propia" esfera de privacidad. En consecuencia, al no haber sido invocada por la recurrente razón o argumento alguno acerca de cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia a la privacidad de terceros, ajenos al pleito, pero potenciales interlocutores, el recurso extraordinario presenta falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para impedir su procedencia. (Considerando 8°)

Por lo mismo, frente a la ausencia de argumentos relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de la sentencia al caso particular sin vulnerar la protección de la privacidad pretendida, no se advierte relación directa e inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación restrictiva de los alcances del art. 43 de la Constitución Nacional propuesta por la recurrente (conf., entre muchos otros, Fallos: 329:2060, 4535; 330:4399). Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara improcedente el recurso extraordinario. Sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - CARMEN M. ARGIBAY.

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

En este sentido no puede perderse de vista el carácter invocado por el actor para demandar, toda vez que la condición de ciudadano alegada resulta determinante en orden a la delimitación del ámbito de aplicación de la solución a la que se arribó en autos. Ello es así, en la medida en que el actor, en tal carácter, integra el pueblo, en cuanto sustancia del Estado, basamento humano de la sociedad política. Se trata del "pueblo" en los términos del art. 1 de la Constitución Nacional, esto es, "no como formación natural, ni cultural ni espiritual, sino como pueblo del Estado (Fallos: 312:2110, voto del juez Fayt). No es el pueblo en el Estado, es decir, la población, la masa de habitantes, sino [aquellos] para quienes 'el ser y modo de ser del Estado desembocan constantemente en una decisión de deber ser' y que 'participan, pues, con actividad consciente, en la conservación y formación del Estado' (Heller, Hermann, Teoría del Estado, 30 ed., F.C.E., México, 1955)" (Fallos: 317:711, disidencia del juez Fayt). Se trata, en definitiva, de la noción de pueblo políticamente integrado a partir de una unidad, ya sea étnica, histórica o cultural. Luego, a ello ha de agregarse la dimensión comunicacional tal como se manifiesta en el contexto actual del nuevo orden mundial, determinado por la revolución tecnológica y la globalización. Ambos aspectos, en cuanto fenómenos transformadores del marco que le era propio a las comunicaciones, son aspectos de los que no puede prescindirse para una adecuada decisión del caso. En ese contexto, el actor se encuentra inmerso en una realidad social, esto es, en una unidad de naturaleza, y cultura, condicionada más que nunca por la total conexión a la que hacía referencia Hermann Heller (Teoría del Estado, 20 ed., F.C.E., México, 1947, p. 93). Ello es así en el entendimiento de que, en definitiva, esa realidad social no es sino acción social, tanto individual como colectiva, en unidad dialéctica inseparable que, por lo tanto, no puede ser construida partiendo de individualidades insularmente separadas. Por el contrario, en ese marco, el sujeto es el centro de vivencias y actos de la realidad social; ello, no sin comunicación con el exterior sino sólo en su reciprocidad con otros sujetos, "de tal suerte que el yo no puede concebirse sin su correlato en recíproca motivación" (Heller, Hermann, ob. cit., ps. 100 y ss.) En tales circunstancias, toda acción individual del hombre no produce sino "una conexión y con sentido". Ello es así, en la medida en que un acto en particular, de tal suerte condicionado, no da lugar a un simple agregado de formaciones individuales en relación entre sí, sino que produce un todo coherente y ordenado (Heller, Hermann, ob. cit., p. 103) Luego, aun cuando de todas las acciones particulares que a diario se ejecutan en incesante repetición sólo percibimos una relación concreta entre dos personas, resulta innegable la recíproca interpenetración en razón de la cual todos esos actos trabajan, aunque inconscientemente, por una unidad ordenada de acción social. De resultas de ello, el individuo no puede ser aislado ni puede ser considerado como una "sustancia", pues "sólo en intercambio con otros se hace individuo humano" (Heller, Hermann, ob. cit., p. 112 y ss.) 91) Que, en el caso específico de autos, es evidente que estas circunstancias se ponen de manifiesto de forma indubitable, en la medida en que el contexto de las telecomunicaciones opera como un escenario singular en el que cada individuo del grupo deviene portador de una mediación social que se expande en todas las direcciones. Se produce así, más que nunca en toda la historia, aquel enlace simultáneo por el que, finalmente, cada uno se halla unido con los demás por una conexión, aun cuando ésta no siempre es necesariamente consciente (Heller, Hermann, ob. cit., p. 113). 10) Que, en este sentido, resulta incomprensible la pretensión de la recurrente dirigida a que los efectos de lo decidido en la presente causa se limiten al amparista, pues sostiene "no existe ninguna imposibilidad de excluirlo a él de la aplicación de la normativa sin que ello implique que no se deba aplicar la normativa general". En efecto, tal afirmación prescinde del carácter indivisible de la materia en discusión. Si bien la "privacidad", desde cierto punto de vista, puede ser concebida como un bien propio de cada individuo en particular, no se trata en el caso de un reclamo de protección limitado a un cierto espacio físico o a algún aparato de comunicación en particular. Por el contrario, lo que entra en juego es el derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones. Ello, por definición, presupone la interacción con otros interlocutores, cuya ausencia de protección Cpor ser ajenos al juicio derivaría, necesariamente, en el fracaso de la protección al amparista mismo. Desde este punto de vista, la necesidad de protección invocada no podría ser restringida a la "propia" esfera de privacidad. En consecuencia, al no haber sido invocada por la recurrente razón o argumento alguno acerca de cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia a la privacidad de terceros ajenos al pleito, pero potenciales interlocutores, el recurso extraordinario presenta falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para impedir su procedencia. (Considerando 10)

Por lo mismo, frente a la ausencia de argumentos relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de la sentencia al caso particular sin vulnerar la protección de la privacidad pretendida, no se advierte relación directa e inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación restrictiva de los alcances del art. 43 de la Constitución Nacional, propuesta por la recurrente (conf., entre muchos otros, Fallos: 329:2060, 4535, 330:4399). Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara improcedente el recurso extraordinario. Sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Hágase saber, y oportunamente, devuélvase. CARLOS S. FAYT.

Caso Aquino (Derechos sociales)

2011-06-18T17:24:00.000-07:00

Advertencia: En el fallo se ha expuesto, por la CSJN, argumentos interesante acerca de la interpretación del art. 14 bis, el 19, el 17 y el 28 de la C.N. Asimismo se ha señalado el texto de los Pactos Internacionales en materia de protección al trabajador de los infortunios que pudiere padecer en ocasión del trabajo (deberes de prestación). Por último se ha vertido a lo largo de las páginas extractos de fallos de Tribunales Internacionales.

Buenos Aires 21 de septiembre de 2004

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.", para decidir sobre su procedencia.Considerando 1°) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que, después de haber declarado la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, de la ley 24.557 de riesgos del trabajo (LRT), condenó a la empleadora demandada, con base en el Có- digo Civil, al pago de la indemnización por daños derivados del accidente laboral (producido en noviembre de 1997), re- clamada por el actor, empleado de la primera. Juzgó a tal fin, en síntesis y entre otras consideraciones, que el régimen indemnizatorio de la LRT aplicable en el caso era marcadamente insuficiente y no conducía a la reparación plena e integral que debía garantizarse al trabajador con arreglo al art. 14 bis de la Constitución Nacional y a otras normas de jerarquía constitucional enunciadas en diversos instrumentos internacionales contenidos en el art. 75, inc. 22, de aquélla, máxime cuando sólo la indemnización relativa al lucro cesante triplicaba la prevista por la LRT para el supuesto de fallecimiento. El a quo, por otro lado, tomó en cuenta que el trabajador, cuando contaba con la edad de 29 años, a consecuencia del infortunio laboral sufrido al caer desde un techo de chapa ubicado a unos 10 metros del piso, padecía de una incapacidad del 100% de la llamada total obrera, encontrándose impedido de realizar cualquier tipo de actividad, sea en la especialidad de aquél o en cualquier otra. Señaló, asimismo, que llegaba firme ante la alzada la conclusión del fallo de primera instancia, en cuanto a que estaba demostrado que al trabajador no le habían sido otorgados los elementos deseguridad y que no se había colocado red u otra protección para el caso de caídas.

2°) Que contra dicha sentencia, sólo en la medida en que declaró la inconstitucionalidad de la LRT, la demandada interpuso recurso extraordinario, que ha sido incorrectamente denegado tal como lo pone de manifiesto el señor Procurador Fiscal en el dictamen antecedente (punto IV). Luego, al estar en juego una cuestión federal y encontrarse reunidos los restantes requisitos de admisibilidad del recurso ex- traordinario previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 48, corresponde hacer lugar a la queja interpuesta con motivo de la mencionada denegación.

En tales condiciones, la Corte procederá a examinar los agravios sobre la invalidez del art. 39, inc. 1, de la LRT, que reza: "Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus tra- bajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del artículo 1072 del Código Civil".

3°) Que el art. 19 de la Constitución Nacional establece el "principio general" que "prohíbe a los 'hombres' perjudicar los derechos de un tercero": alterum non laedere, que se encuentra "entrañablemente vinculado a la idea de reparación". A ello se yuxtapone, que "la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Código Civil sólo consagra el [citado] principio general", de manera que la reglamentación que hace dicho código en cuanto "a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica" ("Gunther c/ Estado Nacional", Fallos: 308:1118, 1144, considerando 14; asimismo: Fallos: 308:1109). En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal cuenta con numerosos antecedentes que han profundizado la razón de ser de los alcances reparadores integrales que establecen las mencionadas normas del Código Civil las cuales, como ha sido visto, expresan el también citado "principio general" enunciado en la Constitución. Cabe recordar, entonces, que el "valor de la vida humana” no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos.

Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres". Es, lo transcripto, la ratio decidendi expuesta ya para el 26 de agosto de 1975 (Fallos: 292:428, 435, considerando 16; asimismo: Fallos: 303:820, 822, considerando 2°; 310:2103, 2111, considerando 10, y 312:1597, 1598, entre muchos otros), y que el paso del tiempo y las condiciones de vida que lo acompañaron no han hecho más que robustecer, sobre todo ante la amenaza de hacer del hombre y la mujer, un esclavo de las cosas, de los sistemas económicos, de la producción y desus propios productos (Juan Pablo II, Redemptor hominis, 52).

En esta línea de ideas, la Corte también tiene juzgado, dentro del antedicho contexto del Código Civil y con expresa referencia a un infortunio laboral, que la reparación también habrá de comprender, de haberse producido, el "daño moral". Más aún; la "incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de [la] actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable". En el caso, fue juzgado que "la pérdida casi total de la audición sufrida por el actor, y sus graves secuelas, sin duda producen un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales considerando 7°). De ahí, que "los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos aunque elementos importantes que se deben considerar no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio" (Fallos: 310:1826, 1828/1829, considerando 5°). En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance", cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera(Fallos:308:1109, 1117, considerando 9°).

Estos precedentes, por lo demás, se corresponden, de manera implícita pero inocultable, con los principios humanísticos que, insertos en la Constitución Nacional, han nutrido la jurisprudencia constitucional de la Corte. En primer lugar, el relativo a que el "hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restan- tes valores tienen siempre carácter instrumental" ("Campodónico de Beviacqua c/ Ministerio de Salud y Acción Social" (Fallos: 323:3229, 3239, considerando 15 y su cita). En segundo término, el referente a que el "trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, [...] normativamente comprendidos en la Constitución Nacional...Y ello sustenta la obligación de los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes respectivas, a la preservación de quienes los prestan" ("S.A. de Seguros 'El Comercio de Córdoba' c/ Trust" Fallos: 258:315, 321, considerando 10 y sus citas; en igual sentido Fallos: 304:415, 421, considerando 7°). El Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744) se inscribe en esta perspectiva, cuando preceptúa que el "contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico..." (art. 4).

En breve, como fue expresado hace varios siglos, no es la mano la que trabaja, sino el hombre mediante la mano: homo per manum.

4°) Que la Corte, en "Provincia de Santa Fe c/ Nicchi", juzgó que resultaba inconstitucional una indemnización que no fuera "justa", puesto que "indemnizar es [...] eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento", lo cual no se logra "si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida" (Fallos: 268:112, 114, considerandos 4° y 5°). Esta doctrina, por cierto, fue enunciada y aplicada en el campo de la indemnización derivada de una expropiación y con base en el art. 17 de la Constitución Nacional. Empero, resulta a todas luces evidente que con mayor razón deberá serlo en la presente controversia. Por un lado, no está ahora en juego la protección de la integridad patrimonial, esto es, según el citado precedente "Campodónico de Beviacqua", un valor instrumental, sino uno fundamental, la protección de la inviolabilidad física, psíquica y moral del individuo trabajador ante hechos o situaciones reprochables al empleador. Por el otro, la propia Constitución Nacional exige expressis verbis, y no ya implícitamente como ocurre con el citado art.17, que la ley asegurará condiciones "equitativas", i.e, justas, de labor (art. 14 bis). Y aun podría agregarse que si el expropiado amerita tan acabada reparación, insusceptible de mayores sacrificios ante nada menos que una causa de "utilidad pública" (art. 17 cit.), a fortiori lo será el trabajador dañado, por cuanto la "eximición" de responsabilidad impugnada tiene como beneficiario al empleador, que no ha sabido dar cumplido respeto al principio alterum non laedere. Adviértase, por lo demás, que según lo indicó el juez Risolía, la regla de "Provincia de Santa Fe transcripta al comienzo de este párrafo, es aplicable a los litigios por daños y perjuicios (en el caso, derivados de un accidente de tránsito), lo que "impone que la indemnización deba ser 'integral' que vale tanto como decir 'justa', porque no sería acabada indemnización si el daño y el perjuicio quedaran subsistentes en todo o en parte" (Fallos: 283:213, 223, considerando 4° y su cita la itálica es del original). En términos análogos se expresó, en la misma oportunidad, la jueza Argúas: "en forma unánime la doctrina nacional y extranjera y la jurisprudencia de casi todos los tribunales del país, sostienen que la indemnización debe ser 'integral' o justa [...] ya que si no lo fuera y quedara subsistente el daño en todo o en parte, no existiría tal indemnización" (pág. 225,considerando 8°)

Asimismo, esta Corte reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa", a reclamos fundados en violaciones al derecho a la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial (O.158.XXXVII "Oharriz, Martín Javier c/ M° J y DD HH – ley 24.411 (resol. 111/90)", sentencia del 26 de agosto de 2003).

5°) Que, en tales condiciones, el thema a esclarecer consiste en si el art. 39, inc. 1, de la LRT conduce a un resultado compatible con los principios enunciados en los dos considerandos anteriores, no obstante que dispone la eximición de responsabilidad civil del empleador y, por ende, "desarraiga" de la "disciplina jurídica" de los accidentes y enfermedades laborales la reglamentación que hace el Código Civil (excepción hecha del art. 1072 de este último, que contempla un supuesto ajeno a la litis). Ahora bien, dado que dicha eximición es producto de las "prestaciones" de la LRT, el aludido esclarecimiento requiere el estudio de los alcances de la prestación por incapacidad permanente total declarada definitiva (LRT, art. 15, inc. 2, segundo párrafo, según texto vigente a la fecha del accidente y al que se aludirá en adelante). Esto es así, por cuanto fue con base en dicha prestación que los jueces de la causa compararon el régimen de la LRT con el del Código Civil. Cuadra advertir, a los efectos de dicha comparación, que las restantes prestaciones de la LRT, i.e., las llamadas "en especie" (art. 20, inc. 1, a, b y c), nada agregan a lo que el régimen civil hubiese exigido al empleador (vgr. Fallos: 308:1109, 1116, considerando 8°). Otro tanto correspondería decir si se quisiera integrar al plexo de prestaciones, las previstas para la situación de incapacidad laboral temporaria y de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente total (LRT, arts. 13 y 15, inc. 1, primer párrafo).

6°) Que puesto el debate en el quicio indicado, lo primero que debe afirmarse es que resulta fuera de toda duda que el propósito perseguido por el legislador, mediante el art. 39, inc. 1, no fue otro que consagrar un marco reparatorio de alcances menores que los del Código Civil. Varias razones justifican este aserto. Por un lado, de admitirse una posición contraria, debería interpretarse que la eximición de responsabilidad civil impugnada carece de todo sentido y efecto útil, lo cual, regularmente, es conclusión reñida con elementales pautas de hermenéutica jurídica (Fallos: 304:1524, y otros), mayormente cuando se trata de una norma que,en el seno de las dos cámaras del Congreso de la Nación, despertó encendidos debates y nada menos que en torno de su constitucionalidad(v.Antecedentes parlamentarios, Buenos Aires, La Ley, 1996-A, págs. 465, 468, 469/470, 476/477, 481 y 505/515 para la Cámara de Diputados y 555, 557/558, 562, 569/574 para la de Senadores; ver asimismo, el despacho en minoría formulado en la primera de las citadas cámaras ídem, pág. 462).

Por el otro, es manifiesto que, contrariamente a lo que ocurre con el civil, el sistema de la LRT se aparta de la concepción reparadora integral, pues no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta conmen- surable de manera restringida. De no ser esto así, el valor mensual del "ingreso base" no sería el factor que determina el importe de la prestación, sobre todo cuando el restante elemento, "edad del damnificado", no hace más que proyectar dicho factor en función de este último dato (LRT, art. 15,inc. 2, segundo párrafo). Súmanse a ello otras circunstancias relevantes. El ingreso base (LRT, art. 12, inc. 1): a. sólo toma en cuenta los ingresos del damnificado derivados del trabajo en relación de dependencia e, incluso en el caso de pluriempleo (ídem, art. 45.a), lo hace con el limitado alcance del decreto 491/97 (art. 13); y b. aun así, no comprende todo beneficio que aquél haya recibido con motivo de la aludida relación, sino sólo los de carácter remuneratorio, y, además, sujetos a cotización, lo cual, a su vez, supone un límite derivado del módulo previsional (MOPRE, ley 24.241, art. 9, modificado por decreto 833/97). Finalmente, la prestación, sin excepciones, está sometida a un quántum máximo, dado que no podrá derivar de un capital superior a los $ 55.000 (LRT, art. 15, inc. 2, segundo párrafo).

En suma, la LRT, mediante la prestación del art. 15, inc.2 segundo párrafo y la consiguiente eximición de responsabilidad del empleador de su art. 39, inc 1, sólo indemniza daños materiales y, dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de ganancias, que, asimismo, evalúa menguadamente

7°) Que, por ende, no se requiere un mayor esfuerzo de reflexión para advertir que la LRT, al excluir, sin reemplazarla con análogos alcances, la tutela de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales antes expuestos, a pesar de haber proclamado que tiene entre sus "objetivos", en lo que interesa, "reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales" (art. 1, inc. 2.b). Ha negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio alterum non laedere, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución Nacional y, de consiguiente, por esta Corte, que no deben cubrirse sólo en apariencia (Fallos: 299:125, 126, considerando 1° y sus citas, entre muchos otros). Para el presente caso, es de reiterar lo expresado en el considerando 1°, que llega firme a esta instancia: por un lado, la falta imputable al empleador por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias, y, por el otro, la insuficiencia de la reparación prevista en la LRT.En este orden de ideas, el Tribunal no advierte la existencia de motivo alguno que pudiera justificar no ya el abandono sino la simple atenuación de la doctrina constitucional de la que se ha hecho mérito; antes bien, las razones que serán expuestas en el presente considerando, así como en los siguientes, imponen un celoso seguimiento de aquélla.

En efecto, es manifiesto que el art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio:"El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes", y al precisar que éstas "asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor", la reforma constitucional de 1957 se erige en una suerte de hito mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden constitucional, por haber enriquecido el bagaje humanista del texto de 1853-1860 con los renovadores impulsos del cons- titucionalismo social desplegados, a escala universal, en la primera mitad del siglo XX. Impulsos estos percibidos por la Corte en temprana hora (1938), cuando juzgó válidas diversas reglamentaciones tutelares de la relación de trabajo con base en que el legislador argentino, mediante ellas, no hacía otra cosa que seguir "el ritmo universal de la justicia" (Fallos:

181:209, 213). Ritmo que, a su turno, la reforma de 1957 tradujo en deberes "inexcusables" del Congreso a fin de "asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables" (Fallos:252:158, 161, considerando 3°). La "excepcional significación, dentro de las relaciones económico-sociales existentes en la sociedad contemporánea, hizo posible y justo" que a las materias sobre las que versó el art. 14 bis "se les destinara la parte más relevante de una reforma constitucional" (ídem, pág. 163, considerando 7° y sus citas).

Para el constituyente que la elaboró y sancionó, la citada norma entrañaba, en palabras del miembro informante de la Comisión Redactora, convencional Lavalle, una aspiración "a derrotar [...] al 'hombre tuerca' [...] y soliviantar al 'hombre criatura' que, agrupado en su pueblo, en el estilo de la libertad y en nombre de su humana condición, realiza, soñador y doliente, agredido y esperanzado, con perspectiva de eternidad, su quehacer perecedero" (Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Año 1957, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1958, t. II, pág. 1061).

8°) Que la manda constitucional del art. 14 bis, que tiene ya cumplidos 47 años, a su vez, se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es asaz concluyente al respecto, pues su art. 7 preceptúa: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: [...] a.ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus fami- lias [...]; b) La seguridad y la higiene en el trabajo". A ello se suma el art. 12, relativo al derecho de toda persona al "disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", cuando en su inc. 2 dispone: "Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de ase- gurar este derecho, figurarán las necesarias para [...] b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo [...]; c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades [...] profesionales". El citado art. 7.b del PIDESC, corres- ponde subrayarlo, implica que, una vez establecida por los estados la legislación apropiada en materia de seguridad e higiene en el trabajo, uno de los más cruciales aspectos sea la reparación a que tengan derecho los dañados (Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cul- tural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, pág. 242).

Añádense a este listado de normas internacionales con jerarquía constitucional, por un lado, las relativas a la específica protección de la mujer trabajadora contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como son, más allá de las previstas en cuanto a la discriminación respecto del trabaja- dor masculino, vgr., el art. 11, que impone la "salvaguardia de la función de reproducción" (inc. 1.f), y que obliga al Estado a prestar "protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado pueden resultar perjudiciales para ella" (inc. 2.d). Por el otro, no puede ser pasada por alto la protección especial del niño trabajador, claramente dispuesta en el art. 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y de manera general, en el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este orden de ideas, cuadra poner de relieve la actividad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por cuanto constituye el intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional y actúa, bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de éste, por recordar los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional. Dicha actividad es demostrativa de la gran importancia que el PIDESC reconoce a la protección del trabajador víctima de un accidente laboral. Por ejemplo, no ha faltado en el seno de ese órgano la censura a la New Zealand Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act de 1992, en cuanto ponía en cabeza del trabajador víctima de un accidente una parte del costo del tratamiento médico (Comisionado Simma, Summary record of the 25th meeting: New Zealand. 22/12/1993, E/C.12/ 1993/SR. 25, párr. 17). A su vez, las Directrices relativas a la Forma y el Contenido de los Informes que deben presentar los Estados Partes, elaboradas por el citado Comité, requieren que éstos den cuenta de las disposiciones legales, administrativas o de otro tipo, que prescriban condiciones mínimas de seguridad e higiene laborales, y proporcionen los datos sobre el número, frecuencia y naturaleza de accidentes(especialmente fatales) o enfermedades en los últimos 10 y 5 años, comparándolos con los actuales (HRI/GEN/2, 14-4-2000, párr. 16.a y b). Agrégase a ello, que no son escasas las ad- vertencias y recomendaciones del mencionado órgano internacional, dirigidas a los países en los que las leyes de seguridad en el trabajo no se cumplen adecuadamente, de lo que resulta un número relativamente elevado de accidentes laborales tanto en el ámbito privado como en el público (vgr., Observaciones finales al tercer informe periódico de Polonia, E/C.12/Add.26, 16-6-1998). Respecto de nuestro país, el Comité mostró su inquietud con motivo de la "privatización de las inspecciones laborales", y por el hecho de que "a menudo las condiciones de trabajo [...] no reúnan las normas establecidas". De tal suerte, lo instó "a mejorar la eficacia de las medidas que ha tomado en la esfera de la seguridad y la hi- giene en el trabajo [...], a hacer más para mejorar todos los aspectos de la higiene y la seguridad ambientales e industriales, y a asegurar que la autoridad pública vigile e inspeccione las condiciones de higiene y seguridad industriales" (Observaciones finales al segundo informe periódico de la República Argentina, 1-12-1999, E/C.12/1/Add.38, párrs. 22 y 37). Cabe acotar que, ya en las Observaciones que aprobó el 8 de diciembre de 1994, este órgano había advertido a la Argentina "que la higiene y la seguridad en el lugar de trabajo se encuentran frecuentemente por debajo de las normas establecidas", por lo que también había instado al Gobierno "a que analice los motivos de la falta de eficacia de sus iniciativas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y a que haga más esfuerzos para mejorar todos los aspectos de la higiene y la seguridad medioambiental laboral" (E/C.12/1994/ 14, párrs. 18 y 21). Desde otro punto de vista, el ya mencionado principio protectorio del art. 14 bis guarda singular concierto con una de las tres obligaciones que, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impone el PIDESC al Estado ante todo derecho humano: la de "proteger", por cuanto re- quiere que este último "adopte medidas para velar que las empresas o los particulares" no priven a las personas de los mentados derechos (v. Observación General N° 12. El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), 1999; N° 13. El derecho a la educación (art. 13), 1999; N° 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12), 2000, y N° 15. El derecho al agua (arts. 11 y 12), 2002, HRI/GEN/1/Rev.6, págs.73 párr. 15, 89 párr. 50 104 párr. 35 y 123 párrs. 23/24, respectivamente).

En línea con lo antedicho, no huelga recordar los más que numerosos antecedentes que registra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos respecto de las llamadas "obligaciones positivas" de los estados, que ponen en cabeza de éstos el deber de "garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de los individuos en relación con el poder, y también en relación con actuaciones de terceros particulares" (v., entre otros: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Con- sultiva OC-17/2002, 28-8-2002, Informe anual de la Corte In- teramericana de Derechos Humanos 2002, San José, 2003, págs.461/462, párr. 87 y sus citas)

Más aún; en el terreno de las personas con discapacidad, en el que se insertan, naturalmente, las víctimas de infortunios laborales, el PIDESC exige "claramente que los gobierno hagan mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas" para dichas personas. "En el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de la plena realización e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas", máxime cuando la del empleo "es una de las esferas en las que la discriminación por motivos de discapacidad ha sido tan preeminente como persistente. En la mayor parte de los países la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es de dos a tres veces superior a la tasa de desempleo de las personas sin discapacidad" (Comité de Derechos Económicos, So- ciales y Culturales, Observación General N° 5. Las personas con discapacidad, 1994, HRI/GEN/1/Rev.6, págs. 30 Cpárr. 9C y 33 párr. 20).

9°) Que, en suma, lo expresado en los dos conside- randos anteriores determina que, si se trata de establecer reglamentaciones legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, el deber del Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, y evi- tar la fijación de limitaciones que, en definitiva, implican "alterar" los derechos reconocidos por la Constitución Nacio- nal (art. 28). De tal manera, el proceder legislativo resul- taría, además, acorde con los postulados seguidos por las jurisdicciones internacionales en materia de derechos humanos. Valga citar, por hacerlo de uno de los recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero reiterativo de su tradicional jurisprudencia, que cuando no sea posible el restablecimiento de la situación anterior a la violación del derecho que corresponda reparar, se impone una "justa indemnización". Y las reparaciones, "como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su na- turaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial" y no pueden implicar el "empobrecimiento de la víctima" (Bamaca Velázquez vs. Guatemala. Reparaciones, sentencia del 22-2-2002, Serie C N° 91,Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2002, San José, 2003, págs. 107/108, párrs. 40/41 y sus citas).

10) Que, desde otro ángulo, es un hecho notorio que la LRT, al excluir la vía reparadora del Código Civil eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (v. Fallos: 123:379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fueel caso de la ley 9688 de accidentes del trabajo, sancionada en 1915 (art. 17).

Ahora bien, este retroceso legislativo en el marco de protección, puesto que así cuadra evaluar a la LRT según lo que ha venido siendo expresado, pone a ésta en grave conflicto con un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y del PIDESC en particular. En efecto, este último está plenamente informado por el principio de progresividad, según el cual, todo Estado Parte se "compromete a adoptar medidas [...]para lograr progresivamente [...] la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos" (art. 2.1). La norma, por lo pronto, "debe in- terpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata". Luego, se siguen del citado art. 2.1 dos consecuencias: por un lado, los estados deben proceder lo "más explícita y eficazmente posible" a fin de alcanzar dicho objetivo; por el otro, y ello es particularmente decisivo en el sub lite, "todas las medidas de ca- rácter deliberadamente retroactivo a este respecto requerirán la consideración más cuidadosa, y deberán justificarse plenamente con referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga" (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 3, La índole de las obligaciones de los Estados Partes, párr. 1 del art. 2 del Pacto, 1990, HRI/GEN/1/Rev.6, pág. 18, párr. 9; asimismo: Observación General N° 15, cit., pág. 122, párr. 19, y específicamente sobre cuestiones laborales: Proyecto de Observación General sobre el derecho al trabajo (art. 6°) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentado por Phillipe Texier, miembro del Comité, E/C12.2003/7, pág. 14, párr. 23).

Más todavía; existe una "fuerte presunción" contraria a que dichas medidas regresivas sean compatibles con el tratado (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 14 y N° 15, cits., págs. 103 párr. 32 y 122 párr. 19, respectivamente), sobre todo cuando la orientación del PIDESC no es otra que "la mejora continua de las condiciones de existencia", según reza, preceptivamente, su art. 11.1.

El mentado principio de progresividad, que también enuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos preci- samente respecto de los derechos económicos y sociales (art. 26), a su vez, ha sido recogido por tribunales constituciona- les de diversos países. Así, vgr., la Corte de Arbitraje bel- ga, si bien sostuvo que el art. 13.2.c del PIDESC no tenía efecto directo en el orden interno, expresó: "esta disposi- ción, sin embargo, se opone a que Bélgica, después de la en- trada en vigor del Pacto a su respecto [...], adopte medidas que fueran en contra del objetivo de una instauración progre- siva de la igualdad de acceso a la enseñanza superior..." (Arrêt n° 33792, 7-5-1992, IV, B.4.3; en igual sentido: Arrêt n° 40/94, 19-5-1994, IV, B.2.3). Este lineamiento, por cierto, es el seguido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al censurar, por ejemplo, el aumento de las tasas universitarias, dado que el art. 13 del PIDESC pide por lo contrario, esto es, la introducción progresiva de la enseñanza superior gratuita (Observaciones finales al tercer informe periódico de Alemania, 2-12-1998, E/C.12/1/Add.29, párr. 22).

En un orden de ideas análogo, el Tribunal Constitucional de Portugal ha juzgado que "a partir del momento en que el Estado cumple (total o parcialmente) los deberes constitucionalmente impuestos para realizar un derecho social, el respeto de la Constitución por parte de éste deja de consistir (o deja sólo de consistir) en una obligación positiva, para transformarse (o pasar a ser también) una obligación negativa. El Estado, que estaba obligado a actuar para dar satisfacción al derecho social, pasa a estar obligado a abstenerse de atentar contra la realización dada al derecho social" (Acórdão N° 39/84, 11-4-1984, la itálica es del original; asimismo: Gomes Canotilho, José Joaquim, Direito Constitucional e Teoria da Constitução, Coimbra, Almedina, 40. ed., pág. 469 y la doctrina allí citada,a propósito del "principio de prohibición de retroceso social" o de "prohibición de evolución reaccionaria").

De su lado, el Consejo Constitucional francés, con referencia a los objetivos de valor constitucional, tiene juzgado que, aun cuando corresponde al legislador o al Gobierno determinar, según sus competencias respectivas, las modalidades de realización de dichos objetivos y que el primero puede, a este fin, modificar, completar o derogar las disposiciones legislativas proclamadas con anterioridad, esto es así en la medida en que no se vean privadas las garantías legales de los principios de valor constitucional que dichas disposiciones tenían por objeto realizar (Décision n° 94-359 DC del 19-1-1995, Recueil des décisions du Conseil Constitutionnel 1995, París, Dalloz, págs. 177/178, párr. 8). Es esta una muestra de la jurisprudencia llamada du cliquet (calza que impide el deslizamiento de una cosa hacia atrás), que prohíbe la regresión, mas no la progresión.

Cabe memorar, en este contexto, las palabras del ya mencionado miembro informante de la Comisión Redactora de la Asamblea Constituyente de 1957, sobre el destino que se le deparaba al proyectado art. 14 bis, a la postre sancionado. Sostuvo el convencional Lavalle, con cita de Piero Calamandrei, que "'un gobierno que quisiera substraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que se irá adelante'", aun cuando ello "'podrá desagradar a alguno que querría permanecer firme'" (Diario de sesiones..., cit., t. II, pág. 1060).

11) Que la exclusión y eximición sub discussio im- puestas por la ley de 1995, también terminan mortificando el fundamento definitivo de los derechos humanos, enunciado desde hace más de medio siglo por la Declaración Universal de Derechos Humanos: la dignidad del ser humano, que no deriva de un reconocimiento ni de una gracia de las autoridades o poderes, toda vez que resulta "intrínseca" o "inherente" a todas y cada una de las personas humanas y por el solo hecho de serlo (Preámbulo, primer párrafo, y art. 1; asimismo, PI- DESC, Preámbulo, primer párrafo; Pacto Internacional de Dere- chos Civiles y Políticos, ídem y art. 10.1, y Convención Ame- ricana sobre Derechos Humanos, Preámbulo, párrafo segundo y arts. 5.2 y 11.1, entre otros instrumentos de jerarquía cons- titucional). Fundamento y, a la par, fuente de los mentados derechos pues, según lo expresa el PIDESC, los derechos en él enunciados "se desprenden" de la dignidad inherente a la per- sona humana (Preámbulo, segundo párrafo; en iguales términos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Preámbu- lo, segundo párrafo. Ver asimismo: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Preámbulo, párrafo segundo). Por demás concluyente es este último tratado de raíz continental: ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de "excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano [...]" (art. 29.c), así como también lo es la Declara- ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: "Considerando: Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tiene como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar materialmente y alcanzar la felicidad..." (primer párrafo).

Protección de la dignidad del hombre que, inserta en el texto constitucional de 1853-1860, como será visto en el considerando siguiente, ha recibido un singular énfasis si se trata del trabajador, por vía del art. 14 bis: las leyes asegurarán a éste condiciones "dignas" de trabajo. Incluso el trabajo digno del que habla el PIDESC es sólo aquel que res- peta los derechos fundamentales de la persona humana y los derechos de los trabajadores, entre los cuales "figura el respeto de la integridad física y moral del trabajador en el ejercicio de su actividad" (v. Proyecto de Observación General sobre el derecho al trabajo (artículo 6°)..., cit., pág. 5 párr. 8).

Luego, el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non laedere deban ser indemnizados sólo en los términos que han sido indicados (supra considerando 6°), vuelve al art. 39, inc. 1, de la LRT contrario a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona, por vía de considerarla no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo. Se olvida, así, que el hombre es el señor de todo mercado, y que éste encuentra sentido si, y sólo si, tributa a la realización de los derechos de aquél (conf. causa V.967.XXXVIII "Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido", sentencia del 14 de septiembre de 2004, considerando 11). La expresión mercado de trabajo, empleada en más de una oportunidad por el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó al entonces proyecto de LRT (Antecedentes..., cit., págs. 408 y 409), parece no haber reparado siquiera en la precisa observación de Pío XI, cuando habla del mercado que "llaman" del trabajo: in mercatu quem dicunt laboris (Quadragesimo anno, 36, 408). Fue precisamente con base en que "el trabajo no constituye una mercancía", que esta Corte descartó que la normativa laboral a la sazón en juego pudiera ser inscripta en el ámbito del comercio y tráfico del art. 67, inc. 12, de la Constitución Nacional actual art. 75, inc. 13 (Fallos: 290:116, 118, considerando 4°).

Es oportuno, entonces, que el Tribunal, además de insistir sobre el ya citado precedente "Campodónico de Beviacqua", recuerde que la dignidad de la persona humana cons- tituye el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional (Fallos:314:424, 441/442, considerando 8°), y haga presente el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales "indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Es por ello que, en la jurisprudencia de la Corte, no está ausente la evaluación del daño como "frustración del desarrollo pleno de la vida" (Fallos: 315:2834, 2848, considerando 12).

12) Que el régimen de la LRT cuestionado tampoco se encuentra en armonía con otro principio señero de nuestra Constitución Nacional y del Derecho Internacional de los De- rechos Humanos: la justicia social, que cobra relevante apli-cación en el ámbito del derecho laboral a poco que se advierta que fue inscripto, ya a principios del siglo pasado, en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, como un medio para establecer la paz universal, pero también como un fin propio. Entre otros muchos instru- mentos internacionales, los Preámbulos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a su turno, no han cesado en la proclamación y adhesión a este principio, que también revista en el art. 34 de la antedicha Carta (según Protocolo de BuenosAires).

Empero, es incluso innecesario buscar sustento en los mentados antecedentes, por cuanto la justicia social, como lo esclareció esta Corte en el ejemplar caso "Berçaitz", ya estaba presente en nuestra Constitución Nacional desde sus mismos orígenes, al expresar ésta, como su objetivo preemi- nente, el logro del "bienestar general" (Fallos: 289:430,436). Más aún; el citado antecedente de 1974 no sólo precisó que la justicia social es "la justicia en su más alta expresión", sino que también marcó su contenido: "consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización"; es la justicia por medio de la cual se consigue o se tiende a alcanzar el "bienestar", esto es, "las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad" (ídem; asimismo: Fallos: 293:26, 27, considerando 3°).

Es oportuno destacar, aún, que fue esta justicia la que inspiró, precisamente, la elaboración y sanción del ya citado art. 14 bis, según lo asentaron con toda claridad los reformadores de 1957 (convencionales Jaureguiberry informante del despacho de la Comisión Redactora Peña, Palacios, Schaposnik, Pozzio y Miró, Diario de sesiones..., cit., t. II, págs. 1221, 1253, 1262 y 1267, 1293 y 1344, respectivamente), y lo advirtió oportunamente esta Corte (Fallos: 246:345, 349,considerando 7°, y 250:46, 48, considerando 2°).

Más todavía. La llamada nueva cláusula del progreso, introducida en la Constitución Nacional para 1994, es prueba manifiesta del renovado impulso que el constituyente dio en aras de la justicia social, habida cuenta de los términos en que concibió el art. 75, inc. 19, con arreglo al cual corresponde al Congreso proveer a lo conducente al "desarrollo humano" y "al progreso económico con justicia social". No es casual, además, que en el proceso de integración del MERCOSUR, los estados partícipes se hayan atenido, en la Declaración Sociolaboral, al "desarrollo económico con justicia social" (Considerandos, párrafo primero).

Desarrollo humano y progreso económico con justicia social, que rememoran la Declaración sobre el Derecho al De- sarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986 (Resolución 41/128 itálica agregada): "Los Estados tienen el derecho y el deber de for- mular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equi- tativa distribución de los beneficios resultantes de éste" (art. 3), máxime cuando también les corresponde garantizar "la justa distribución de los ingresos" y hacer las reformas económicas y sociales adecuadas con el objeto de "erradicar todas las injusticias sociales" (art. 8.1). En este último sentido, resulta de cita obligada la Corte Europea de Derechos Humanos: "Eliminar lo que se siente como una injusticia social figura entre las tareas de un legislador democrático" (James y otros, sentencia del 21-2-1986, Serie A n° 98, párr. 47).Es cuestión de reconocer, por ende, que "el Derecho ha innegablemente evolucionado, en su trayectoria histórica, al abarcar nuevos valores, al jurisdiccionalizar la justicia social...", por reiterar las palabras del voto concurrente del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,Antônio A. Cançado Trindade (Medidas provisionales en el caso de la Comunidad de Paz de San José Apartado, resolución del 18-6-2002, Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2002, San José, 2003, pág. 242, párr. 10 y suscitas).

También lo es de reconocer, al unísono, que mediante la eximición de la responsabilidad civil del empleador frente al daño sufrido por el trabajador, la LRT no ha tendido a la realización de la justicia social, según ha quedado ésta anteriormente conceptualizada. Antes bien; ha marchado en sentido opuesto al agravar la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo (Fallos: 181: 209, 213/214; 239:80, 83 y 306:1059, 1064, considerando 8°) y, en consecuencia, formular una "preferencia legal" inválida por contraria a la justicia social (doctrina de Fallos: 264: 185,187, considerando 6°). Ello encierra, paralelamente,la inobservancia legislativa del requerimiento de proveer regla- mentaciones orientadas a "asegurar condiciones humanitarias de trabajo y libertad contra la opresión", según lo afirmó esta Corte en "Roldán c/ Borrás", con cita de la sentencia West Cost Hotel Co. v. Parrish de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América (Fallos: 250:46, 49, considerando 3°; en sentido análogo, respecto de la regulación estatal de los salarios: Fallos: 246:345, 348/349, considerandos 6° y 7°). Al respecto, corresponde acotar, por un lado, que en el citado precedente nacional de 1961, se impugnó la constitucionalidad de la obligación a la sazón impuesta a los empleadores de pagar a sus empleados una determinada asignación mensual por cada uno de los hijos menores o discapacitados a cargo de aquéllos. Por el otro, que esta Corte rechazó el planteo haciendo explícito que "el fundamento valorativo de la solución reposa en inexcusables principios de justicia social (Fallos: 181:209; 246:345 y otros) y en la ponderada estimación de las exigencias éticas y condiciones económico-sociales de la colectividad a la que se aplica" (pág. 50, considerando 4°). El requisito de la "justicia de la organi- zación del trabajo" asentado en "Roldán", a su turno, daría fundamento a la Corte para rechazar otros cuestionamientos dirigidos a diversas prestaciones en beneficio de los emplea- dos puestas por el legislador en cabeza de los empleadores (vgr. Fallos: 251:21, 34, considerando 3°), sobre todo cuando la observancia de dicho principio "también incumbe a la em- presa contemporánea" (Fallos: 254:152, 155, considerando 3°).

13) Que frente a este cúmulo de objeciones con fundamento constitucional, corresponde recordar que la lectura del ya citado Mensaje del Poder Ejecutivo y de las interven- ciones de los legisladores de las dos cámaras del Congreso que intervinieron en defensa del art. 39, inc. 1, da cuenta de las diversas razones que apoyaban la iniciativa: "establecer condiciones para que el financiamiento imponga costos previsibles y razonables", evitar los "desbordes que pueden generar evaluaciones que se apartan de criterios técnicos" y los tratos "desiguales frente a personas en idéntica situa- ción", garantizar una "respuesta ágil frente a las necesidades de un trabajador siniestrado, sin generar a sus empleadores situaciones traumáticas desde el punto de vista financiero", eliminar "el negocio de empresas que pagaban mucho accidentados que cobraban poco", por citar sólo algunos ejem- plos (Antecedentes..., cit., págs. 409, 410 y 516). También fue dicho que, después "de la reforma del Código Civil, me- diante la incorporación de las teorías de la culpa y la con- causa en su artículo 1113, la doctrina y la jurisprudencia realizan un desarrollo de la acción civil donde se plantea el tema de la reparación integral, que ha sido distorsionada en los últimos años y ha conformado lo que en la Argentina se dio en llamar la industria del juicio" (ídem, pág. 509).

No hay dudas, para esta Corte, que es justo y razonable que la legislación contemple el abanico de intereses y expectativas que pone en juego la relación laboral con motivo de un accidente o enfermedad, en términos que atiendan, equi- libradamente, a todos los actores comprometidos en ese trance. Tampoco las hay, en cuanto a que la solución de estas cuestiones debe ser encarada desde una perspectiva mayor, comprensiva del bien común.

Empero, esto es así, bajo la inexcusable condición de que los medios elegidos para el logro de dichos fines y equilibrios resulten compatibles con los principios, valores y derechos humanos que la Constitución Nacional enuncia y manda respetar, proteger y realizar a todas las instituciones estatales.

Incluso si la búsqueda legislativa se hubiera orientado hacia el bien común, debería afirmarse que éste es "un concepto referente a las condiciones de vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal", y que tiende, como uno de sus imperativos, a "la organización de la vida social en forma [...] que se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana" (Corte Interamericana de Dere- chos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas. Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85, 13-11-1985, Serie A N° 5, párr. 66). Todo lo relativo al trabajo subordinado, cuadra añadir, denota "una situación a la que en su momento están llamados a ocupar numerosos miembros de la sociedad" (Fallos: 305:2040, 2044, considerando 4°).

En todo caso, es "falsa y tiene que ser desechada la idea de que la prosperidad general, buscada al través de los medios del art. 67, inc. 16 [de la Constitución Nacional actual art. 75, inc. 18C], constituye un fin cuya realización autoriza a afectar los derechos humanos [...] La verdad, ajustada a las normas y a la conciencia jurídica del país, es otra. Podría expresársela diciendo que el desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia" del art. 28 de la Constitución Nacional (Fallos: 247:646, 659, considerando 22), que dispone que "los principios, garantías y derechos" reconocidos en ésta, "no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".

Asimismo, es de plena aplicación al presente litigio uno de los elocuentes fundamentos del caso "Mata c/ Ferretería Francesa", que también juzgó sobre un derecho amparado por el primer párrafo del art. 14 bis: "tratándose de cargas razonables [...] rige el principio según el cual el cumplimiento de las obligaciones patronales no se supedita al éxito de la empresa (Fallos: 189:234; 234:161; 240:30 y otros), éxito cuyo mantenimiento de ningún modo podría hacerse depender, jurídicamente, de la subsistencia de un régimen inequitativo de despidos arbitrarios" (Fallos: 252:158, 163/164, considerando 10).

Si el régimen anterior al de la LRT había demostrado su "fracaso para proveer una reparación integral y oportuna a quien sufre las consecuencias del siniestro", como lo asevera el varias veces citado Mensaje del Poder Ejecutivo (Antecedentes..., cit., pág. 408), lo cierto es que su reemplazo, supuesto que hubiese logrado mejorar la reparación en términos de oportunidad, importó un franco retroceso del predicado carácter integral, por vía del art. 39, inc. 1

14) Que desde antiguo, esta Corte ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional "cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad" (Fallos: 299: 428,430, considerando 5° y sus numerosas citas).

En tales condiciones, por cuanto ha sido expresado, el art. 39, inc. 1, de la LRT, a juicio de esta Corte, es inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil mediante la prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, de aquélla. Esta conclusión torna inoficioso que el Tribunal se pronuncie a la luz de otros principios, valores y preceptos de la Constitución Nacional.

Finalmente, se imponen dos advertencias. En primer lugar, el desenlace de este litigio no implica la censura de todo régimen legal limitativo de la reparación por daños, lo cual incluye al propio de la LRT. Lo que sostiene la presente sentencia radica en que, por más ancho que fuese el margen que consienta la Constitución Nacional en orden a dichas limitaciones, resulta poco menos que impensable que éstas puedan obrar válidamente para impedir que, siendo de aplicación el tantas veces citado principio contenido en el art. 19 de la Constitución Nacional: alterum non laedere, resulte precisamente el trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, quien pueda verse privado, en tanto que tal, de re- clamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedad laborales.

En segundo término, la solución alcanzada no acarrea la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones perseguidos por la LRT. En efecto, es manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación de la LRT origine la eximición de responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc. 1), no se sigue que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley. De tal suerte, este pronunciamiento no sólo deja intactos los mentados propósitos del legislador, sino que, a la par, posibilita que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se resuelve: Hacer lugar al recurso de queja, declarar admisible el recurso extraordinario denegado, y confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia del agravio tratado, con costas a la apelante (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de laNación). Reintégrese el depósito (fs. 1), acumúlese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (según su voto)- ANTONIO BOGGIANO (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA (según su voto)- E. RAUL ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto).

ES COPIA

VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA

Considerando:

1°) 2°)(ommisis)

3°) Que este Tribunal, en la causa de Fallos: 325:11, relató las circunstancias que precedieron a la sanción de la ley 24.557 y el contexto en el cual se insertó su art. 39 (considerandos 4° y 5°). En tal oportunidad, se señaló que el legislador, en uso de prerrogativas que le han sido otorgadas por la Carta Magna, decidió la sustitución de un régimen que en años anteriores y ante circunstancias diferentes había resultado razonable, por otro que consideró adecuado a la realidad del momento; que de acuerdo con la voluntad del legislador, el objetivo del nuevo régimen consiste en la sustitución del obligado frente al siniestro; y que "el bien jurídico protegido [dentro del sistema] es la indemnidad psi- cofísica del trabajador dependiente", perspectiva desde la cual "se impone otorgar primacía a la circunstancia de que, en definitiva, el daño llegue a ser reparado" (considerando 6°).

Aunque en aquel caso se tuvo por no demostrado que la aplicación de la LRT hubiese comportado alguna postergación o frustración del derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación (considerando 11), la Corte admitió que las limitaciones a la reparación plena previstas en los sistemas especiales de responsabilidad, serían susceptibles de cuestionamiento con base constitucional si se comprobara la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía invocada por el interesado (doctrina de Fallos: 108:240; 139:20; 188:120; 189:306, 391; 250:131; 256:474; 258:202, entre muchos otros; y Fallos: 325:11, 25, considerandos 16 y 17). Esto último implica que, si se configurara el supuesto descalificante de la norma especial, los hechos deberían juzgarse a la luz de las normas que expresan principios generales sobre responsabilidad.

4°) Que para determinar si se produjo ese menoscabo es necesario examinar, por un lado, el alcance de los derechos constitucionales involucrados en el caso, y por otro, si el daño causado por la contingencia en cuestión encuentra su debida reparación con las prestaciones de la LRT. En relación con esto último, se trata de efectuar un test de razonabilidad sobre la base de que la LRT prevé un sistema especial de responsabilidad sujeto a limitaciones propias de la discreción del cuerpo legislativo(doctrina de Fallos: 325:11, 25, considerandos 16 y 17).

En definitiva, a partir de las normas y principios constitucionales en juego corresponde dilucidar si quedó de- mostrado que, tras la aplicación de pautas mensurables, el daño causado excede en forma manifiesta e intolerable el marco de cobertura que razonablemente cabe entender abarcado por el sistema especial. Es sabido, por un lado, que la LRT presenta para el damnificado algunas ventajas comparativas con respecto al régimen del derecho común (amplios presupuestos de responsabilidad, restricción de eximentes, automaticidad de las prestaciones, etc.), las cuales han de ser consideradas y, en su caso, discriminadas para realizar una comparación seria

Entre eventuales resarcimientos; por otro lado, no cabe prescindir de los márgenes de discrecionalidad que presupone la tarifación.

En ese contexto, resulta aplicable la doctrina de esta Corte según la cual las leyes son susceptibles de cues- tionamiento constitucional "cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuen a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta iniquidad" (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus nume- rosas citas).

5°) Que, dados los argumentos convergentes de las decisiones de ambas instancias y los agravios planteados a su respecto, se encuentra específicamente en cuestión si el art. 39, inc. 1, de la LRT, al haber desarraigado de la disciplina jurídica de los accidentes y enfermedades laborales la reglamentación que hace el Código Civil (excepción hecha del art. 1072 de este último, que contempla un supuesto ajeno a la litis) como expresión del alterum non laedere, conduce en el sub examine a un resultado compatible con dicho principio y con las "condiciones dignas y equitativas de labor" que deben asegurarse al trabajador según el mandato constitucional del art. 14 bis.

6°) Que, con respecto al 19 de la Constitución Nacional, en lo que interesa, esta Corte ha dicho que el "prin- cipio general" que establece, según el cual se "prohíbe a los 'hombres' perjudicar los derechos de un tercero", se encuentra "entrañablemente vinculado a la idea de reparación". También señaló que la reglamentación que hace el Código Civil, aunque carece de carácter exclusivo y excluyente en cuanto a las personas y responsabilidades, expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (doctrina de Fallos: 308:1118, considerando 14).

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal cuenta con numerosos antecedentes que han profundizado la razón de ser de los alcances reparadores que establecen las normas del Código Civil. Cabe recordar, al respecto, que el "valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales ni se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de la víctima, pues ello importaría instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres"(Fallos:303:820, 822, considerando 2° y su cita; criterio reiterado en Fallos: 310:2103 y 312:1597, entre otros).

Esta Corte también ha señalado, dentro del contexto del Código Civil y esta vez con referencia a un infortunio laboral, que la "incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de [la] actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable" (Fallos:308:1109, 1115, considerando 7°). En ocasiones posteriores, descalificó pronunciamientos que habían establecido valores irrisorios o insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible, demostrada la repercusión de las secuelas no sólo en la esfera laboral sino también en lo moral, social y espiritual (Fallos: 314:729, 731, considerando 4°; 316:1949,1950, considerando 4°; entre otros).En suma, lo expresado determina que quepa conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, y evitar la fijación de limitaciones en la medida en que impliquen "alterar" los derechos reconocidos por la Cons- titución Nacional (art. 28).

7°) Que tales nociones se complementan, en lo que respecta al trabajador, con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, norma que no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse principio protectorio: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes", y al precisar que éstas "asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor", dicho precepto se erige en una suerte de hito mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden constitucional, por haber enriquecido el bagaje humanista del texto de 1853-1860 con los renovadores impulsos del constitucionalismo social desplegados, a escala universal, en la primera mitad del siglo XX

La manda constitucional de dicha norma se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida a tod apersona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994, tienen jerarquía constitu- cional (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es asaz concluyente al respecto, pues en su art. 7 preceptúa: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: [...] a.ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias [...]; b) La seguridad y la higiene en el trabajo". A ello se suma el art. 12, relativo al derecho de toda persona al "disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", cuando en su inc. 2 dispone: "Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figura- rán las necesarias para: [...] b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo [...]; c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades [...] profesionales".

Añádense a esta nómina de normas internacionales con jerarquía constitucional, por un lado, las relativas a la específica protección de la mujer trabajadora contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como son, más allá de las previstas en cuanto a la discriminación respecto del trabaja- dor masculino, vgr., el art. 11, que impone la "salvaguardia de la función de reproducción" (inc. 1.f), y que obliga al Estado a prestar "protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado que pueden resultar perjudiciales para ella" (inc. 2.d). Por el otro, no puede ser pasada por alto la protección especial del niño trabajador, claramente dispuesta en el art. 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y de manera general, en el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

8°) Que, en el caso sub examine, se determinó fun- dadamente en ambas instancias de grado que se había afectado la obligación de reparar en forma adecuada el grave perjuicio ocasionado al trabajador ante hechos o situaciones reprocha- bles al empleador.

En tal sentido, como lo señala el señor Procurador Fiscal en su dictamen (punto III, primer párrafo), quedó fuera de discusión que el trabajador reclamante tenía 29 años de edad al tiempo del infortunio y sufrió un serio accidente al caer de un techo de chapa de unos diez metros de altura, en el que se encontraba trabajando, siguiendo las directivas de su empleadora, en la colocación de una membrana, sin que se le

hubiera provisto ningún elemento de seguridad o se hubiera instalado una red o mecanismo protectorio para el supuesto de caídas.

Específicamente, en la sentencia recurrida se tuvieron en cuenta las conclusiones periciales según las cuales el actor presenta las siguientes dolencias: "Lesión del V1 par craneano que produjo parálisis del músculo recto externo derecho que a su vez llevó a un estrabismo convergente y ul- terior pérdida de visión del ojo (incapacidad 42% de la T.O.), secuelas neurológicas-hemiparesia facio-brauiocrural izquierda, trastornos sensitivos en cara y lado izquierdo, trastornos cerebelosos del mismo lado, compromiso de pares craneanos facial, motor ocular externo y trastornos velopala- tinos (incapacidad 40% de la T.O.), hipoacusia mixta bilateral (6,8%) y por las cicatrices, acúfenos, repercusión funcional de lesiones articulares de los dedos de las manos, dedo en resorte y lesiones dentarias (1,5%)". Además, el trabajador presenta "secuelas de síndrome psicorgánico con componente depresivo reactivo franco de grado moderado que lo incapacita en un 30% de la T.O.". Por todo ello y habida cuenta de que se consideró al trabajador impedido de realizar cualquier tipo de actividad, el tribunal de alzada atribuyó a las secuelas sufridas una incapacidad del 100%, mayor que la fijada en primera instancia (confr. fs. 642 de los autos principales).

También surge de las constancias de la causa que, en consideración de distintas pautas por aplicación de las normas del derecho común, la eventual compensación adecuada de la pérdida de ganancia que el trabajador experimentaría como consecuencia de su incapacidad total y definitiva, desde el infortunio hasta que estuviera en condiciones de gozar de la jubilación ordinaria, superaría los $ 209.000. Ésta repre- sentaba más de tres veces el importe resultante de aplicar las pautas de la LRT (según el texto vigente a la fecha del accidente, al que se aludirá en adelante) para determinar la prestación dineraria respectiva, con prescindencia del examen sobre el alcance del reclamo de otros rubros en relación con la asistencia ya otorgada por la aseguradora de riesgos del trabajo con posterioridad al accidente. Dicho examen que pudo involucrar el alcance de ciertas ventajas comparativas de la LRT en el caso fue efectuado en el punto 4 de fs. 642/643 sin suscitar cuestionamiento específico en el recurso extraordinario.

Todas estas apreciaciones referentes a temas fácticos y de derecho común no son revisables en esta instancia, habida cuenta de que más allá de su grado de acierto no han sido objeto de una crítica concreta y razonada que demuestre la configuración de un supuesto de arbitrariedad.

9°) Que, consecuentemente, en autos ha de considerarse probada la diversidad de daños irrogados a la víctima en relación causal adecuada con el accidente por el que reclamó, los cuales resultan insuficientemente reparados por el régimen de la LRT en medida tal que importa la frustración de la finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica del trabajador.

En el caso, la afirmada insuficiencia pone de manifiesto una circunstancia de dicho régimen que, aunque no autorice a considerar que la tarifa respectiva resulte de suyo reñida con los principios constitucionales aludidos, invita a poner especial atención frente a la posibilidad de que otros trabajadores o sus derechohabientes experimenten menoscabos asimilables al sub examine.

En concreto, la LRT no admite indemnización por otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta conmensurable de manera restringida. De no ser esto así, el valor mensual del "ingreso base" no habría sido el factor determinante del importe de la prestación, sobre todo cuando el restante elemento, "edad del damnificado", no ha hecho más que proyectar dicho factor en función de este último dato (LRT, art. 15, inc. 2, segundo párrafo, según texto vigente a noviembre de 1997). Súmanse a ello otras circunstancias relevantes. El ingreso base (art. 12, inc. 1, íd.): a. sólo ha tomado en cuenta los ingresos del damnificado derivados del trabajo en relación de dependencia y, aun en el caso de pluriempleo (ídem, art. 45.a), lo hizo con el limitado alcance del decreto 491/97 (art. 13), y b. aun así, no comprende todo beneficio que aquél haya recibido con motivo de este vínculo, sino sólo los de carácter remuneratorio, y, además, sujetos a cotización, lo cual, a su vez, supuso un límite derivado del módulo previsional (MOPRE, ley 24.241, art. 9, modificado por decreto 833/97). Finalmente, la prestación, sin excepciones, quedó sometida a un quántum máximo que según el texto legal aplicable no podía derivar de un capital superior a los $ 55.000 (LRT, art.15, inc. 2, segundo párrafo).

10) Que, desde otro ángulo, es un hecho notorio que la LRT, al haber excluido la vía reparadora del Código Civil (con excepción de la derivada del art. 1072) eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (v. Fallos: 123:379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fue el caso de la ley 9688 de accidentes, sancionada en 1915 (art. 17). Sin perjuicio de que tal exclusión no resulta en principio censurable, sí lo es como se advirtió en los considerandos precedentes en la medida en que se invoque y demuestre que el desarraigo del principio general que aquella vía reglamenta, comporta un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada reparación.

Para esta Corte, es justo y razonable que la legislación contemple el abanico de intereses y expectativas que pone en juego la relación laboral con motivo de un accidente o enfermedad, en términos que atiendan, equilibradamente, a todos los actores comprometidos en ese trance. Empero, esto es así bajo la inexcusable condición de que los medios elegidos para el logro de dichos fines y equilibrios resulten com- patibles con los principios, valores y derechos humanos que la Constitución Nacional enuncia y manda respetar, proteger y realizar; lo cual no ha sucedido en el caso (conf. arts. 28 y 75, inc. 22, Constitución Nacional).

11) Que, por todo lo expresado, el art. 39, inc. 1, de la LRT, a juicio de esta Corte, deviene inconstitucional en el sub examine en cuanto exime al empleador de responsabilidad civil. Esta conclusión torna inoficioso que el Tribunal se pronuncie a la luz de otros principios, valores y preceptos de la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de ello, se imponen dos advertencias. En primer lugar, el desenlace de este litigio no implica como es obvio la censura de todo régimen legal limitativo de reparación por daños, lo cual incluye el propio de la LRT. Lo que sostiene la presente sentencia radica en que, por más ancho que fuese el margen que consienta la Constitución Na- cional en orden a dichas limitaciones, resulta poco menos que impensable que éstas puedan obrar válidamente para impedir que el trabajador pueda verse privado, en todos los casos, de reclamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedad laborales.

En segundo término, la solución alcanzada no acarrea la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones perseguidos por la LRT. En efecto, el hecho de ser constitucionalmente inválido, en determinados supuestos, que la mentada prestación de la LRT origine la exención de responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc. 1), no obsta a que las aseguradoras de riesgos del trabajo deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar al recurso de queja, se de- clara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada en cuanto ha sido materia del agravio tra- tado, con costas a la apelante (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito de fs. 1, acumúlese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - JUAN CARLOS MAQUEDA

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

3°) Que las cuestiones traídas a conocimiento de la Corte son sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas en la causa "Gorosito", registrada en Fallos: 325:11, donde se destacó que no es posible predicar en abstracto que el precepto impugnado en la especie conduzca inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional (considerando 18).

4°) Que en el caso, por las razones expuestas en los considerandos 8° a 11 del voto de los jueces Belluscio y Maqueda, que el que suscribe comparte, en lo pertinente, se impone concluir que la indemnización tarifada conduce a la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar al recurso de queja, se de- clara admisible el recurso extraordinario y se confirma la entencia apelada en cuanto ha sido materia del agravio tra- tado. Con costas a la apelante (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito de fs. 1. Acumúlese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ANTONIO BOGGIANO.

VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO Considerando: 1°) 2° y 3°) (omissis)

4°) Que, en tales condiciones, corresponde examinar los agravios vertidos contra la declaración de invalidez del art. 39, inc. 1, de la ley 24.557, que establece: "Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda respon- sabilidad civil frente a sus trabajadores y a los derechoha- bientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil".

Que el art. 19 de la Constitución Nacional regula los diversos aspectos de la libertad personal, de modo tan amplio y completo, que ha dicho Joaquín V. González que pocas constituciones han comprendido con tanto acierto ese concepto como la nuestra, desde una perspectiva que abarca tanto la vida privada,"...la esfera de la independencia personal, donde no llega el poder de la ley" como "la que toma al hombre como miembro de la comunidad, obrando activamente dentro del radio donde la ley alcanza" ("Manual de la Constitución Argentina",Angel Estrada y Cía. Editores, n° 95, págs. 116/117).

Precisamente, en ese ámbito en que el hombre actúa regido por las normas que dictan los poderes del Estado, se enmarca el precepto que prohíbe perjudicar los derechos de un tercero.

6°) Que el principio del alterum non laedere configura una regla constitucional de vasto alcance, que esta Corte juzgó entrañablemente ligada a la idea de reparación de los daños causados y que, si bien constituye la base de la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes, no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (Fallos: 308:1118; 315:780, 1731, 1892, entre otros).

7°) Que la reglamentación legal de ese precepto debe hacerse de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley Fundamental pues, como lo ha señalado desde antiguo y en forma reiterada esta Corte, los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamenten, siempre que éstas sean razonables, se adecuen al fin que requirió su establecimiento y no incurran en arbitrariedad (Fa- llos: 300:381, 700, entre otros), como así también que es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 297:142; 299:93; 316:562, entre muchos otros).

8°) Que, desde tal perspectiva, el examen de la norma cuestionada no puede efectuarse sino dentro del marco al cual acceden sus disposiciones, que vinculan el derecho a reclamar judicialmente para obtener la reparación integral de los daños, con la calidad de trabajador de la víctima, excluyendo ab initio, a quienes revisten esa condición, del régimen general establecido en el Código Civil.

9°) Que el art. 14 bis de la Constitución Nacional ha hecho del trabajador un sujeto de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse principio protectorio: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes" y, al precisar que éstas "asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor", dicho precepto se erige en un hito enriquecedor del texto establecido en 1853-1860, con los renovados impulsos del constitucionalismo social desplegado, a escala universal, en la primera mitad del siglo XX.

La manda constitucional de dicha norma se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22. Así lo confirma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuanto declara que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren entre otras calidadesuna remuneración digna y equitativa, seguridad e higiene en el trabajo, así como el acceso al más alto posible nivel de salud física y mental, con el consiguiente mejoramiento de la higiene del trabajo y el medio ambiente y la prevención y tratamiento de las enfermedades, inclusive las profesionales, y atención médica en caso de enfermedad (arts. 7, 12). Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) previene contra la discriminación en el goce de los derechos humanos, defiende el derecho a la vida, a la integridad física y moral, el acceso a la justicia y la protección judicial (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 15); en tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos ampara contra oda discriminación, asegurando la igualdad ante la ley en el goce de los derechos y en el acceso a la justicia (arts. 1, 2,7, 8).

10)Que la debida armonía entre el precepto constitucional que prohíbe causar daño a terceros, del que se deriva el deber de reparar los que se hubiesen ocasionado, y los principios que otorgan intensa tutela constitucional a los trabajadores, ha sido objeto de consideración por este Tribunal al examinar la razón de ser de los alcances reparadores que establecen las normas del Código Civil. Así, ha señalado que la "incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable" (Fallos: 308:1109). En otras ocasiones, descalificó pronunciamientos que habían establecido valores irrisorios o insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible, demostrada la repercusión de las secuelas no sólo en la esfera laboral sino también en lo moral, social y espiritual (Fallos: 314:729, 731 considerando 4°; 316:1949, entre otros).

En suma, lo expresado determina que cabe conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita y evitar la fijación de limitaciones que impliquen alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art. 28).

11) Que la ley de riesgos de trabajo, al vedar la promoción de toda acción judicial tendiente a poder demostrar la real existencia y dimensión de los daños sufridos por el trabajador y disponer, además, la exención de responsabilidad civil para el empleador, cercena de manera inconciliable con los principios constitucionales, el derecho a obtener una reparación íntegra. Esa restricción conceptual importa la frustración de la finalidad esencial del resarcimiento por daños sufridos a la integridad psicofísica del trabajador, pues la ley cuestionada no admite indemnización por otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta mensurada de manera restringida.

12) Que es un hecho notorio que la ley de riesgos del trabajo, al haber excluido la vía reparatoria del Código Civil con excepción de la derivada del art. 1072 eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (ver Fallos: 123:379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fue el caso de la ley 9688, sancionada en 1915.

Tal exclusión resulta censurable en la medida en que traduce el abandono de los preceptos constitucionales de protección al trabajador, que se ve privado, por su sola condición de tal, de acceder a la justicia en procura del amparo de sus derechos que, paradójicamente, tienen expreso y especial reconocimiento en la Ley Fundamental y en los pactos de igual jerarquía que le acceden.

13) Que esa discriminación no encuentra razonable apoyo en el texto constitucional, pues la igualdad de tratamiento ante la ley no exenta de razonables distinciones, según constante jurisprudencia del Tribunal no admite que se distinga negativamente a quienes ven lesionada su capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los restantes habitantes en circunstancias similares. Ello, debido a la ausencia de toda relación lógica y normativa entre la condición de trabajador y la denegación del acceso a la justicia para solicitar la aplicación del régimen general previsto en el Código Civil, que no encuentra compensación adecuada en un régimen sustitutivo, de indemnizaciones tarifadas, cuya adopción y la ponderación de sus eventuales ventajas comparativas no es producto de la libre elección de la víctima.

14) Que, por otra parte, la exención de responsabilidad del empleador que consagra ese régimen legal, constituye en sí misma un elemento distorsionante de la relación laboral, en claro apartamiento de los lineamientos constitucionales que se orientan en dirección a la protección del trabajador y no de su desamparo. Es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. La prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana.

15) Que, en tal sentido, las normas sub examine exteriorizan un retroceso en la concepción humanista que exalta la calidad intrínseca del trabajo como expresión de la persona, consagrada entre otros documentos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23).En ese contexto, la exención de responsabilidad del empleador frente a infortunios laborales, se presenta como una vía apta para eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de preservar el estado de seguridad, higiene y dignidad del trabajo, ya que mediante la simple contratación de un seguro legal se podrá lograr la impunidad ante la culpa o desaprensión que pudieren causar un daño. Queda, de tal modo, desarticulado un sistema construido a través de los años y de duras experiencias históricas, que impone al empleador responsabilidad por las condiciones en que se presta el trabajo bajo su dependencia, como modo de asegurar que se respeten los derechos universalmente reconocidos al trabajador.

16) Que es contrario a las normas constitucionales en juego y a los principios generales del derecho, que el causante de un daño se exima de las consecuencias de su accionar ilícito, defecto que no se ve superado por la automática asignación de una prestación dineraria a la víctima, desvinculada, además, de la realidad del perjuicio. Y así, al excluir al empleador de las consecuencias de su accionar, el sistema legal que lo establece desatiende fines más amplios y objetivos más elevados que una mera contraprestación económica.

17) Que la confrontación entre la norma cuestionada y las de orden superior en que se inserta, de las que resulta su ineptitud para reglamentarlas conforme a las pautas que impone el art. 28, no conllevan la censura de todo régimen limitativo de la reparación de daños, ni importa desconocer la eventual utilidad del sistema de automaticidad y celeridad en la obtención de las prestaciones conferidas por la ley de riesgos del trabajo. La invalidez constitucional que se comprueba en el sub lite, atiende a la falta de adecuación razonable entre la disposición que veda al trabajador acudir a la justicia para obtener la reparación integral de los daños sufridos, y los preceptos constitucionales que amparan precisamente el derecho de lograrla. En el sub lite, ese desajuste se tradujo en la manifiesta insuficiencia de la reparación a que conduce la indemnización tarifada, frente a la magnitud de la que exige la reparación integral acorde con las circunstancias del caso.

18) Que, en el ámbito de las cuestiones examinadas, el art. 39, inc. 1, de la ley 24.557 afecta las garantías constitucionales reconocidas en los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional y de los tratados incorporados por el art. 75 inc. 22, de modo que se encuentran reunidas las condiciones que exigen declarar la invalidez de la norma, como ultima ratio del orden jurídico.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara pro- cedente el recurso extraordinario deducido y se confirma la sentencia apelada, con costas. Reintégrese el depósito de fs 1. Acumúlese la queja al expediente principal. Hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

Recurso de hecho interpuesto por Cargo Servicios Industriales S.A., representado por el Dr. Hernán Alberto Cachés.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan- cia del Trabajo n° 28.

2011-06-18T08:43:00.000-07:00

Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e:

-I-

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala

VI), modificó parcialmente la decisión de primera instancia

-que declaró la invalidez constitucional del artículo 39, primer párrafo, de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT n°

24.557), y admitió el reclamo de indemnización por minusvalía

laboral con fundamento en normas de derecho común (cfse. fs.

103/104 y 558/559)- elevando el monto de condena. Para así decidir, en lo que interesa, entendió que resulta incompatible con las garantías previstas, entre otras normas, en los artículos 14 bis, 16, 17, 19, 23, 43 y 75, inciso 22, de la Ley Fundamental, que una persona incapacitada por la culpa de otra o por la cosa viciosa o peligrosa bajo la guarda de un tercero no pueda ser indemnizada en plenitud por el sólo hecho de ser un trabajador; máxime cuando lo anotado supone ignorar que atañe a ellos una doble tutela, como víctimas del perjuicio y dependientes, amparados por los principios favor debilis e in dubio pro operario. Frente a lo señalado, dijo que nada pueden los argumentos generales y abstractos relati- vos a la previsibilidad económica del sistema instaurado por la ley bajo examen o al obligado resguardo de los intereses de la comunidad global por sobre alguno de sus sectores, porque en tal caso la directiva implementada no puede ser irrazonable ni preterir otros derechos también reconocidos, como el de la integralidad de la reparación o los relacionados con la tutela del trabajo en sus diversas formas (v. arts. 14 bis y 28 de la C.N.). Se explayó, a su turno, sobre numerosos dispositivos de derecho internacional que interpretó en línea con lo señalado, haciendo hincapié en que la propia quejosa reconoció la insuficiencia y confiscatoriedad de la indemnización

habilitada en el diseño excluyente y cerrado de la nueva preceptiva, al apuntar que un ítem de la fijada por el a quo excede el triple de la dispuesta por la ley n° 24.557 para el supuesto de la muerte del trabajador. Estableció, por último, con singular énfasis, que el infortunio se produjo por la culpa grave del principal, quien expuso a su operario, en reiteradas ocasiones, a un trabajo en altura, sin satisfacer los requerimientos de seguridad establecidos en la legislación respectiva (v. fs. 638/645).

Contra dicha decisión, la demandada dedujo recurso

extraordinario (fs. 651/656), que fue contestado (fs. 659/666 y 669/671) y denegado con base en que la cuestión federal no se introdujo en la primera oportunidad habilitada por el pro- cedimiento (fs. 673), lo que, a su turno, dio origen a la presentación directa de fs. 24/30 del cuaderno respectivo. Reproduce, sustancialmente allí, los términos del principal, al tiempo que hace hincapié en la tempestividad del planteo.

-II-

En síntesis, el apelante arguye la existencia de una cuestión federal relativa a la declaración de invalidez constitucional del artículo 39, párrafo 1°, de la Ley de Riesgos del Trabajo, lo que, amén de violar la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional, se aparta de lo re- suelto por la Corte Suprema en el antecedente de Fallos: 325:

11.

Expresa en tal sentido que la sentencia omite que el presentante se atuvo a lo dispuesto por ley en punto a la obligatoria suscripción de una póliza de seguros dirigida a mantener indemne su patrimonio frente a reclamos como el de- ducido -en cuyo marco, por otra parte, se inscribió la aten- ción médico-sanitaria del trabajador siniestrado- y que la

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restricción impuesta por el precepto en cuestión, lejos de vulnerar el principio de igualdad legal, se limita a conside- rar contextos de riesgo de modo diverso, sin establecer, em- pero, distinciones o privilegios irrazonables.

Acusa que la ad quem, al dejar de lado los paráme- tros reparatorios previstos en el sistema especial, se con- vierte en una suerte de legislador, desconociendo el andamiaje jurídico derivado de la Constitución, y soslayando que, conforme el régimen de la ley n° 24.557, la única obligada al pago de prestaciones era la compañía de seguros (en el caso, Asociart S.A. ART); al tiempo que resalta que el objetivo de la regla consiste, por un lado, en reducir la siniestralidad laboral; y, por el otro, en garantizar un conjunto de benefi- cios a las víctimas de los infortunios, solventados por los empleadores mediante el pago de un seguro obligatorio, con prescindencia de sus patrimonios o responsabilidades indivi-

duales.

Refiere que, en el marco descripto, atañe al Estado la actualización de los montos destinados a la reparación de dichas incapacidades; cuya ponderación no puede sortear as- pectos determinados por los intereses sociales inherentes a la actividad productiva, así como tampoco la necesidad de que se resguarde la implementación de un sistema igualitario de prestaciones que supera eventuales diferencias tocantes a la disímil importancia o envergadura económica de las empleado- ras, como el que se traduce en la preceptiva examinada.

Añade a lo expresado, con énfasis en el precedente de Fallos: 325: 11, que la ley n° 24.557 atiende a los riesgos de un ámbito específico y diferenciado de la vida contem- poránea, permitiendo la previsión y el resarcimiento de los daños acontecidos en él con arreglo a parámetros preestable-

cidos, que aparejan una restricción razonable al acceso a la vía común; más aun, cuando la misma se ve compensada por un mecanismo automático de prestaciones en dinero y especie, a salvo de litigios judiciales y eventuales insolvencias, cos- teados por los empleadores y bajo la gestión de entidades y organismos especializados (fs. 651/656).

-III-

Previo a todo, corresponde señalar que es un hecho ya indiscutible en esta instancia que el pretensor, de 29 años de edad al tiempo del infortunio -es decir, el 22.11.97- sufrió un serio accidente al caer de un techo de chapa de unos diez metros de altura, en el que se encontraba trabajando, siguiendo las directivas de su empleadora, en la colocación de una membrana, sin que se le hubiera provisto ningún elemento de seguridad o se hubiera instalado una red o mecanismo protectorio para el supuesto de caídas. Vale resaltar que la categoría laboral del accionante era la de operador de autoelevador, y que el accidente aconteció cuando, durante los días sábados, reparaba la chapa de fibro-cemento de un depósito de camiones del empleador, circunstancia en la que aquélla cedió bajo el peso del operario. Si bien en primera instancia se ponderó la minusvalía derivada del accidente en un 78,79% de la T.O., la ad quem la entendió total y defini- tiva, no sólo porque la suma de incapacidades parciales supera el 100%, sino, porque el porcentaje de la remanente le imposibilita realizar cualquier actividad, en la especialidad del trabajador o cualquier otra (fs. 642).

Con arreglo a lo anterior, manteniendo los paráme- tros de la primera instancia, la Cámara ajustó la indemniza- ción a la incapacidad establecida, puntualizando que: a) la cifra determinada sólo repara la incapacidad laborativa, sin

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alcanzar los gastos médicos, farmacológicos y de rehabilita- ción -ya abonados, no obstante, por Asociart S.A. ART-; b) los gastos futuros por atención médica, sanitaria y farmacológica son admitidos, adicionándose a la suma fijada; y, c) el importe por daño moral se eleva atendiendo a los perjuicios extrapatrimoniales sufridos. Ratificó, por último, la eximición de responsabilidad en las actuaciones de la asegu- radora de riesgos de trabajo, traída a proceso por iniciativa de la accionada (fs. 638/645).

-IV-

En primer término, es pertinente referir que, aun con prescindencia del escrito de fs. 100, por el que la de- mandada contesta el traslado corrido a propósito del planteo de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 39, apartado 1°, de la ley n° 24.557 (v. fs. 95), defendiendo la regularidad de dichos preceptos, lo cierto es que V.E. ha reiterado que si la decisión que se impugna consideró y resolvió el caso federal, resulta inoficioso todo examen respecto de la oportunidad y forma de la introducción y mantenimiento en el pleito (Fallos:

324:1335, 2184; 325:2875, 3255; etc). Resulta indubitable aquí

que la parte accionada controvirtió la inconstitucionalidad decidida por el inferior a fs. 103/104 (fs. 116/118; 119/122 y

576/579); y que la alzada resolvió la cuestión contrariando la tesitura de la quejosa, lo que priva de razón al señalamiento de aquélla, expuesto a fs. 673, en punto a la índole tardía del planteo federal.

-V-

En cuanto al resto del asunto, corresponde decir que, en mi criterio, la presente cuestión guarda sustancial

analogía con la considerada al emitir dictamen en las actua- ciones S.C. P n° 673, L. XXXXVIII y S.C. P. n° 661, L. XXXVIII, "Ponce, Ricardo Daniel c/ Ferrosider S.A. y otro", del 10 de marzo del corriente año -que en copia se acompaña a la presente- a cuyos términos y consideraciones procede remitir, en todo lo pertinente, en razón de brevedad.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2004.

Es Copia Felipe Daniel Obarrio

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2004.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la de- mandada en la causa Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Indus- triales S.A.", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apela- ciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que, después de haber declarado la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, de la ley 24.557 de riesgos del trabajo (LRT), condenó a la empleadora demandada, con base en el Có- digo Civil, al pago de la indemnización por daños derivados del accidente laboral (producido en noviembre de 1997), re- clamada por el actor, empleado de la primera. Juzgó a tal fin, en síntesis y entre otras consideraciones, que el régimen indemnizatorio de la LRT aplicable en el caso era marcadamente insuficiente y no conducía a la reparación plena e integral que debía garantizarse al trabajador con arreglo al art. 14 bis de la Constitución Nacional y a otras normas de jerarquía constitucional enunciadas en diversos instrumentos internacionales contenidos en el art. 75, inc. 22, de aquélla, máxime cuando sólo la indemnización relativa al lucro cesante triplicaba la prevista por la LRT para el supuesto de fallecimiento. El a quo, por otro lado, tomó en cuenta que el trabajador, cuando contaba con la edad de 29 años, a conse- cuencia del infortunio laboral sufrido al caer desde un techo de chapa ubicado a unos 10 metros del piso, padecía de una incapacidad del 100% de la llamada total obrera, encontrándose impedido de realizar cualquier tipo de actividad, sea en la especialidad de aquél o en cualquier otra. Señaló, asimismo, que llegaba firme ante la alzada la conclusión del fallo de primera instancia, en cuanto a que estaba demostrado que al trabajador no le habían sido otorgados los elementos de

seguridad y que no se había colocado red u otra protección para el caso de caídas.

2°) Que contra dicha sentencia, sólo en la medida en que declaró la inconstitucionalidad de la LRT, la demandada interpuso recurso extraordinario, que ha sido incorrectamente denegado tal como lo pone de manifiesto el señor Procurador Fiscal en el dictamen antecedente (punto IV). Luego, al estar en juego una cuestión federal y encontrarse reunidos los restantes requisitos de admisibilidad del recurso ex- traordinario previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 48, corresponde hacer lugar a la queja interpuesta con motivo de la mencionada denegación.

En tales condiciones, la Corte procederá a examinar

los agravios sobre la invalidez del art. 39, inc. 1, de la LRT, que reza: "Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus tra- bajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola ex- cepción de la derivada del artículo 1072 del Código Civil".

3°) Que el art. 19 de la Constitución Nacional es- tablece el "principio general" que "prohíbe a los 'hombres' perjudicar los derechos de un tercero": alterum non laedere, que se encuentra "entrañablemente vinculado a la idea de re- paración". A ello se yuxtapone, que "la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Código Civil sólo consagra el [citado] principio general", de manera que la reglamentación que hace dicho código en cuanto "a las personas y las respon- sabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica" ("Gunther c/ Estado Nacional", Fallos: 308:1118, 1144, consi- derando 14; asimismo: Fallos: 308:1109).

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal

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cuenta con numerosos antecedentes que han profundizado la razón de ser de los alcances reparadores integrales que esta- blecen las mencionadas normas del Código Civil las cuales, como ha sido visto, expresan el también citado "principio general" enunciado en la Constitución. Cabe recordar, enton- ces, que el "valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción mate- rialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo. Re- sulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifesta- ciones del espíritu insusceptibles de medida económica inte- gran también aquel valor vital de los hombres". Es, lo trans- cripto, la ratio decidendi expuesta ya para el 26 de agosto de

1975 (Fallos: 292:428, 435, considerando 16; asimismo: Fallos:

303:820, 822, considerando 2°; 310:2103, 2111, considerando 10, y 312:1597, 1598, entre muchos otros), y que el paso del tiempo y las condiciones de vida que lo acompañaron no han hecho más que robustecer, sobre todo ante la amenaza de hacer del hombre y la mujer, un esclavo de las cosas, de los sistemas económicos, de la producción y de sus propios productos (Juan Pablo II, Redemptor hominis, 52).

En esta línea de ideas, la Corte también tiene juz- gado, dentro del antedicho contexto del Código Civil y con expresa referencia a un infortunio laboral, que la reparación también habrá de comprender, de haberse producido, el "daño

moral". Más aún; la "incapacidad debe ser objeto de repara- ción, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de [la] actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable". En el caso, fue juzgado que "la pérdida casi total de la audición sufrida por el actor, y sus graves secuelas, sin duda producen un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc." (Fallos: 308:1109, 1115, considerando 7°). De ahí, que "los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos Caunque elementos importantes que se deben considerarC no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio" (Fallos: 310:1826, 1828/1829, considerando 5°). En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance", cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos:

308:1109, 1117, considerando 9°).

Estos precedentes, por lo demás, se corresponden, de manera implícita pero inocultable, con los principios hu- manísticos que, insertos en la Constitución Nacional, han nutrido la jurisprudencia constitucional de la Corte. En pri- mer lugar, el relativo a que el "hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo Cmás allá de su naturaleza trascendenteC su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restan- tes valores tienen siempre carácter instrumental" ("Campodó-

nico de Beviacqua c/ Ministerio de Salud y Acción Social"

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Fallos: 323:3229, 3239, considerando 15 y su cita). En segundo término, el referente a que el "trabajo humano tiene ca- racterísticas que imponen su consideración con criterios pro- pios que obviamente exceden el marco del mero mercado econó- mico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, [...] normativamente comprendidos en la Cons- titución Nacional...Y ello sustenta la obligación de los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes respec- tivas, a la preservación de quienes los prestan" ("S.A. de Seguros 'El Comercio de Córdoba' c/ Trust" Fallos: 258:315,

321, considerando 10 y sus citas; en igual sentido Fallos:

304:415, 421, considerando 7°). El Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744) se inscribe en esta perspectiva, cuando preceptúa que el "contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico..." (art. 4).

En breve, como fue expresado hace varios siglos, no

es la mano la que trabaja, sino el hombre mediante la mano:

homo per manum.

4°) Que la Corte, en "Provincia de Santa Fe c/ Nic- chi", juzgó que resultaba inconstitucional una indemnización que no fuera "justa", puesto que "indemnizar es [...] eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento", lo cual no se logra "si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida" (Fallos: 268:112, 114, considerandos 4° y

5°). Esta doctrina, por cierto, fue enunciada y aplicada en el campo de la indemnización derivada de una expropiación y con base en el art. 17 de la Constitución Nacional. Empero, resulta a todas luces evidente que con mayor razón deberá

serlo en la presente controversia. Por un lado, no está ahora en juego la protección de la integridad patrimonial, esto es, según el citado precedente "Campodónico de Beviacqua", un valor instrumental, sino uno fundamental, la protección de la inviolabilidad física, psíquica y moral del individuo traba- jador ante hechos o situaciones reprochables al empleador. Por el otro, la propia Constitución Nacional exige expressis verbis, y no ya implícitamente como ocurre con el citado art.

17, que la ley asegurará condiciones "equitativas", i.e, jus- tas, de labor (art. 14 bis). Y aun podría agregarse que si el expropiado amerita tan acabada reparación, insusceptible de mayores sacrificios ante nada menos que una causa de "utilidad pública" (art. 17 cit.), a fortiori lo será el trabajador dañado, por cuanto la "eximición" de responsabilidad impugnada tiene como beneficiario al empleador, que no ha sabido dar cumplido respeto al principio alterum non laedere. Adviértase, por lo demás, que según lo indicó el juez Risolía, la regla de "Provincia de Santa Fe" transcripta al comienzo de este párrafo, es aplicable a los litigios por daños y perjuicios (en el caso, derivados de un accidente de tránsito), lo que "impone que la indemnización deba ser 'integral' Cque vale

tanto como decir 'justa'C, porque no sería acabada in-

demnización si el daño y el perjuicio quedaran subsistentes en todo o en parte" (Fallos: 283:213, 223, considerando 4° y su cita Cla itálica es del originalC). En términos análogos se

expresó, en la misma oportunidad, la jueza Argúas: "en forma

unánime la doctrina nacional y extranjera y la jurisprudencia de casi todos los tribunales del país, sostienen que la indemnización debe ser 'integral' o justa [...] ya que si no lo fuera y quedara subsistente el daño en todo o en parte, no existiría tal indemnización" (pág. 225, considerando 8°).

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Asimismo, esta Corte reconoció la aplicación del art. 21, inc.

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa", a reclamos fundados en violaciones al derecho a la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial (O.158.XXXVII "Oharriz, Martín Javier c/ M° J y DD HH - ley

24.411 (resol. 111/90)", sentencia del 26 de agosto de 2003).

5°) Que, en tales condiciones, el thema a esclarecer consiste en si el art. 39, inc. 1, de la LRT conduce a un resultado compatible con los principios enunciados en los dos considerandos anteriores, no obstante que dispone la eximición de responsabilidad civil del empleador y, por ende, "de- sarraiga" de la "disciplina jurídica" de los accidentes y enfermedades laborales la reglamentación que hace el Código Civil (excepción hecha del art. 1072 de este último, que con- templa un supuesto ajeno a la litis). Ahora bien, dado que dicha eximición es producto de las "prestaciones" de la LRT, el aludido esclarecimiento requiere el estudio de los alcances de la prestación por incapacidad permanente total declarada definitiva (LRT, art. 15, inc. 2, segundo párrafo, según texto vigente a la fecha del accidente y al que se aludirá en adelante). Esto es así, por cuanto fue con base en dicha prestación que los jueces de la causa compararon el régimen de la LRT con el del Código Civil. Cuadra advertir, a los efectos de dicha comparación, que las restantes prestaciones de la LRT, i.e., las llamadas "en especie" (art. 20, inc. 1, a, b y c), nada agregan a lo que el régimen civil hubiese exigido al empleador (vgr. Fallos: 308:1109, 1116, considerando 8°). Otro tanto correspondería decir si se quisiera integrar al plexo de prestaciones, las previstas para la situación de incapacidad

laboral temporaria y de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente total (LRT, arts. 13 y 15, inc. 1, primer

párrafo).

6°) Que puesto el debate en el quicio indicado, lo primero que debe afirmarse es que resulta fuera de toda duda que el propósito perseguido por el legislador, mediante el art. 39, inc. 1, no fue otro que consagrar un marco reparato- rio de alcances menores que los del Código Civil. Varias ra- zones justifican este aserto. Por un lado, de admitirse una posición contraria, debería interpretarse que la eximición de responsabilidad civil impugnada carece de todo sentido y efecto útil, lo cual, regularmente, es conclusión reñida con elementales pautas de hermenéutica jurídica (Fallos: 304:

1524, y otros), mayormente cuando se trata de una norma que,

en el seno de las dos cámaras del Congreso de la Nación, des- pertó encendidos debates y nada menos que en torno de su constitucionalidad (v. Antecedentes parlamentarios, Buenos Aires, La Ley, 1996-A, págs. 465, 468, 469/470, 476/477, 481 y

505/515 Cpara la Cámara de DiputadosC; y 555, 557/558, 562,

569/574 Cpara la de SenadoresC; ver asimismo, el despacho en minoría formulado en la primera de las citadas cámaras Cídem, pág. 462C).

Por el otro, es manifiesto que, contrariamente a lo que ocurre con el civil, el sistema de la LRT se aparta de la concepción reparadora integral, pues no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta conmen- surable de manera restringida. De no ser esto así, el valor mensual del "ingreso base" no sería el factor que determina el importe de la prestación, sobre todo cuando el restante elemento, "edad del damnificado", no hace más que proyectar dicho factor en función de este último dato (LRT, art. 15,

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inc. 2, segundo párrafo). Súmanse a ello otras circunstancias relevantes. El ingreso base (LRT, art. 12, inc. 1): a. sólo toma en cuenta los ingresos del damnificado derivados del trabajo en relación de dependencia e, incluso en el caso de pluriempleo (ídem, art. 45.a), lo hace con el limitado alcance del decreto 491/97 (art. 13); y b. aun así, no comprende todo beneficio que aquél haya recibido con motivo de la aludida relación, sino sólo los de carácter remuneratorio, y, además, sujetos a cotización, lo cual, a su vez, supone un límite derivado del módulo previsional (MOPRE, ley 24.241, art. 9, modificado por decreto 833/97). Finalmente, la prestación, sin excepciones, está sometida a un quántum máximo, dado que no podrá derivar de un capital superior a los $ 55.000 (LRT, art.

15, inc. 2, segundo párrafo).

En suma, la LRT, mediante la prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, y la consiguiente eximición de responsabilidad del empleador de su art. 39, inc. 1, sólo indemniza daños materiales y, dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de ganancias, que, asimismo, evalúa menguadamente.

7°) Que, por ende, no se requiere un mayor esfuerzo de reflexión para advertir que la LRT, al excluir, sin reem- plazarla con análogos alcances, la tutela de los arts. 1109 y

1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos cons-

titucionales antes expuestos, a pesar de haber proclamado que tiene entre sus "objetivos", en lo que interesa, "reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales" (art. 1, inc. 2.b). Ha negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabaja- dor, frente a supuestos regidos por el principio alterum non laedere, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra

Constitución Nacional y, de consiguiente, por esta Corte, que no deben cubrirse sólo en apariencia (Fallos: 299:125, 126, considerando 1° y sus citas, entre muchos otros). Para el presente caso, es de reiterar lo expresado en el considerando

1°, que llega firme a esta instancia: por un lado, la falta imputable al empleador por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias, y, por el otro, la insuficiencia de la reparación prevista en la LRT.

En este orden de ideas, el Tribunal no advierte la

existencia de motivo alguno que pudiera justificar no ya el abandono sino la simple atenuación de la doctrina constitu- cional de la que se ha hecho mérito; antes bien, las razones que serán expuestas en el presente considerando, así como en los siguientes, imponen un celoso seguimiento de aquélla.

En efecto, es manifiesto que el art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes", y al precisar que éstas "asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor", la reforma constitucional de 1957 se erige en una suerte de hito mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden constitucional, por haber enriquecido el bagaje humanista del texto de 1853-1860 con los renovadores impulsos del cons- titucionalismo social desplegados, a escala universal, en la primera mitad del siglo XX. Impulsos estos percibidos por la Corte en temprana hora (1938), cuando juzgó válidas diversas reglamentaciones tutelares de la relación de trabajo con base en que el legislador argentino, mediante ellas, no hacía otra cosa que seguir "el ritmo universal de la justicia" (Fallos:

181:209, 213). Ritmo que, a su turno, la reforma de 1957 tra-

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dujo en deberes "inexcusables" del Congreso a fin de "asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables" (Fallos:

252:158, 161, considerando 3°). La "excepcional significación, dentro de las relaciones económico-sociales existentes en la sociedad contemporánea, hizo posible y justo" que a las materias sobre las que versó el art. 14 bis "se les destinara la parte más relevante de una reforma constitucional" (ídem, pág. 163, considerando 7° y sus citas).

Para el constituyente que la elaboró y sancionó, la citada norma entrañaba, en palabras del miembro informante de la Comisión Redactora, convencional Lavalle, una aspiración "a derrotar [...] al 'hombre tuerca' [...] y soliviantar al

'hombre criatura' que, agrupado en su pueblo, en el estilo de la libertad y en nombre de su humana condición, realiza, so- ñador y doliente, agredido y esperanzado, con perspectiva de eternidad, su quehacer perecedero" (Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Año 1957, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1958, t. II, pág. 1061).

8°) Que la manda constitucional del art. 14 bis, que tiene ya cumplidos 47 años, a su vez, se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). El Pacto Interna- cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es asaz concluyente al respecto, pues su art. 7 preceptúa: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: [...] a.ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus fami- lias [...]; b) La seguridad y la higiene en el trabajo". A

ello se suma el art. 12, relativo al derecho de toda persona al "disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", cuando en su inc. 2 dispone: "Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de ase- gurar este derecho, figurarán las necesarias para [...] b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo [...]; c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades [...] profesionales". El citado art. 7.b del PIDESC, corres- ponde subrayarlo, implica que, una vez establecida por los estados la legislación apropiada en materia de seguridad e higiene en el trabajo, uno de los más cruciales aspectos sea la reparación a que tengan derecho los dañados (Craven, Matt- hew, The International Covenant on Economic, Social and Cul- tural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, pág. 242).

Añádense a este listado de normas internacionales con jerarquía constitucional, por un lado, las relativas a la específica protección de la mujer trabajadora contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como son, más allá de las previstas en cuanto a la discriminación respecto del trabaja- dor masculino, vgr., el art. 11, que impone la "salvaguardia de la función de reproducción" (inc. 1.f), y que obliga al Estado a prestar "protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado pueden resultar perjudiciales para ella" (inc. 2.d). Por el otro, no puede ser pasada por alto la protección especial del niño trabajador, claramente dispuesta en el art. 32 de la Conven- ción sobre los Derechos del Niño, y de manera general, en el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este orden de ideas, cuadra poner de relieve la actividad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-

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turales, por cuanto constituye el intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional y actúa, bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de éste, por recordar los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional. Dicha actividad es demostrativa de la gran importancia que el PIDESC reconoce a la protección del trabajador víctima de un accidente laboral. Por ejemplo, no ha faltado en el seno de ese órgano la censura a la New Zealand Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act de 1992, en cuanto ponía en cabeza del trabajador víctima de un accidente una parte del costo del tratamiento médico (Comisionado Simma, Summary record of the 25th meeting: New Zealand. 22/12/1993, E/C.12/

1993/SR. 25, párr. 17). A su vez, las Directrices relativas a la Forma y el Contenido de los Informes que deben presentar los Estados Partes, elaboradas por el citado Comité, requieren que éstos den cuenta de las disposiciones legales, admi- nistrativas o de otro tipo, que prescriban condiciones mínimas de seguridad e higiene laborales, y proporcionen los datos sobre el número, frecuencia y naturaleza de accidentes (especialmente fatales) o enfermedades en los últimos 10 y 5 años, comparándolos con los actuales (HRI/GEN/2, 14-4-2000, párr. 16.a y b). Agrégase a ello, que no son escasas las ad- vertencias y recomendaciones del mencionado órgano interna- cional, dirigidas a los países en los que las leyes de segu- ridad en el trabajo no se cumplen adecuadamente, de lo que resulta un número relativamente elevado de accidentes labora- les tanto en el ámbito privado como en el público (vgr., Ob- servaciones finales al tercer informe periódico de Polonia, E/C.12/Add.26, 16-6-1998). Respecto de nuestro país, el Comité mostró su inquietud con motivo de la "privatización de las inspecciones laborales", y por el hecho de que "a menudo las condiciones de trabajo [...] no reúnan las normas estableci-

das". De tal suerte, lo instó "a mejorar la eficacia de las medidas que ha tomado en la esfera de la seguridad y la hi- giene en el trabajo [...], a hacer más para mejorar todos los aspectos de la higiene y la seguridad ambientales e indus- triales, y a asegurar que la autoridad pública vigile e ins- peccione las condiciones de higiene y seguridad industriales" (Observaciones finales al segundo informe periódico de la República Argentina, 1-12-1999, E/C.12/1/Add.38, párrs. 22 y

37). Cabe acotar que, ya en las Observaciones que aprobó el 8 de diciembre de 1994, este órgano había advertido a la Argen- tina "que la higiene y la seguridad en el lugar de trabajo se encuentran frecuentemente por debajo de las normas estableci- das", por lo que también había instado al Gobierno "a que analice los motivos de la falta de eficacia de sus iniciativas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y a que haga más esfuerzos para mejorar todos los aspectos de la higiene y la seguridad medioambiental y laboral" (E/C.12/1994/ 14, párrs. 18 y 21).

Desde otro punto de vista, el ya mencionado princi-

pio protectorio del art. 14 bis guarda singular concierto con una de las tres obligaciones que, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impone el PIDESC al Estado ante todo derecho humano: la de "proteger", por cuanto re- quiere que este último "adopte medidas para velar que las empresas o los particulares" no priven a las personas de los mentados derechos (v. Observación General N° 12. El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), 1999; N° 13. El derecho a la educación (art. 13), 1999; N° 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12), 2000, y N° 15. El derecho al agua (arts. 11 y 12), 2002, HRI/GEN/1/Rev.6, págs.

73 Cpárr. 15C, 89 Cpárr. 50C, 104 Cpárr. 35C y 123 Cpárrs.

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23/24C, respectivamente).

En línea con lo antedicho, no huelga recordar los más que numerosos antecedentes que registra el Derecho Inter- nacional de los Derechos Humanos respecto de las llamadas "obligaciones positivas" de los estados, que ponen en cabeza de éstos el deber de "garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de los individuos en relación con el poder, y también en relación con actuaciones de terceros particulares" (v., entre otros: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Con- sultiva OC-17/2002, 28-8-2002, Informe anual de la Corte In- teramericana de Derechos Humanos 2002, San José, 2003, págs.

461/462, párr. 87 y sus citas).

Más aún; en el terreno de las personas con discapa- cidad, en el que se insertan, naturalmente, las víctimas de infortunios laborales, el PIDESC exige "claramente que los gobiernos hagan mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas" para dichas personas. "En el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar trato preferente apropiado a las personas con discapaci- dad, a fin de conseguir los objetivos de la plena realización e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas", máxime cuando la del empleo "es una de las esferas en las que la discriminación por motivos de discapacidad ha sido tan pree- minente como persistente. En la mayor parte de los países la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es de dos a tres veces superior a la tasa de desempleo de las per- sonas sin discapacidad" (Comité de Derechos Económicos, So- ciales y Culturales, Observación General N° 5. Las personas con discapacidad, 1994, HRI/GEN/1/Rev.6, págs. 30 Cpárr. 9C y 33

Cpárr. 20C).

9°) Que, en suma, lo expresado en los dos conside- randos anteriores determina que, si se trata de establecer reglamentaciones legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, el deber del Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, y evi- tar la fijación de limitaciones que, en definitiva, implican "alterar" los derechos reconocidos por la Constitución Nacio- nal (art. 28). De tal manera, el proceder legislativo resul- taría, además, acorde con los postulados seguidos por las jurisdicciones internacionales en materia de derechos humanos. Valga citar, por hacerlo de uno de los recientes pronun- ciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero reiterativo de su tradicional jurisprudencia, que cuando no sea posible el restablecimiento de la situación anterior a la violación del derecho que corresponda reparar, se impone una "justa indemnización". Y las reparaciones, "como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su na- turaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial" y no pueden implicar el "empobrecimiento de la víctima" (Bamaca Velázquez vs. Guate-

mala. Reparaciones, sentencia del 22-2-2002, Serie C N° 91,

Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

2002, San José, 2003, págs. 107/108, párrs. 40/41 y sus ci- tas).

10) Que, desde otro ángulo, es un hecho notorio que la LRT, al excluir la vía reparadora del Código Civil eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (v. Fallos: 123:379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fue

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el caso de la ley 9688 de accidentes del trabajo, sancionada en 1915 (art. 17).

Ahora bien, este retroceso legislativo en el marco de protección, puesto que así cuadra evaluar a la LRT según lo que ha venido siendo expresado, pone a ésta en grave conflicto con un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y del PIDESC en particular. En efecto, este último está plenamente informado por el principio de progresividad, según el cual, todo Estado Parte se "compromete a adoptar medidas [...] para lograr pro- gresivamente [...] la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos" (art. 2.1). La norma, por lo pronto, "debe in- terpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata". Luego, se siguen del citado art. 2.1 dos consecuencias: por un lado, los estados deben proceder lo "más explícita y eficazmente posible" a fin de alcanzar dicho objetivo; por el otro, y ello es particu- larmente decisivo en el sub lite, "todas las medidas de ca- rácter deliberadamente retroactivo a este respecto requerirán la consideración más cuidadosa, y deberán justificarse plena- mente con referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga" (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 3, La índole de las obligaciones de los Estados Partes, párr. 1 del art. 2 del Pacto, 1990, HRI/GEN/1/Rev.6, pág. 18, párr. 9; asimismo: Observación General N° 15, cit., pág. 122, párr. 19, y específicamente sobre cuestiones laborales: Proyecto de Observación General sobre el derecho al trabajo (art. 6°) del

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentado por Phillipe Texier, miembro del Comité, E/C12.2003/7, pág. 14, párr. 23).

Más todavía; existe una "fuerte presunción" contra-

ria a que dichas medidas regresivas sean compatibles con el tratado (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 14 y N° 15, cits., págs. 103 Cpárr. 32C y 122 Cpárr. 19C, respectivamente), sobre todo cuando la orientación del PIDESC no es otra que "la mejora continua de las condiciones de existencia", según reza, preceptivamente, su art. 11.1.

El mentado principio de progresividad, que también enuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos preci- samente respecto de los derechos económicos y sociales (art.

26), a su vez, ha sido recogido por tribunales constituciona- les de diversos países. Así, vgr., la Corte de Arbitraje bel- ga, si bien sostuvo que el art. 13.2.c del PIDESC no tenía efecto directo en el orden interno, expresó: "esta disposi- ción, sin embargo, se opone a que Bélgica, después de la en- trada en vigor del Pacto a su respecto [...], adopte medidas que fueran en contra del objetivo de una instauración progre- siva de la igualdad de acceso a la enseñanza superior..." (Arrêt n° 33792, 7-5-1992, IV, B.4.3; en igual sentido: Arrêt n° 40/94, 19-5-1994, IV, B.2.3). Este lineamiento, por cierto, es el seguido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al censurar, por ejemplo, el aumento de las tasas universitarias, dado que el art. 13 del PIDESC pide por lo contrario, esto es, la introducción progresiva de la enseñanza superior gratuita (Observaciones finales al tercer informe periódico de Alemania, 2-12-1998, E/C.12/1/Add.29, párr. 22).

En un orden de ideas análogo, el Tribunal Constitu-

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cional de Portugal ha juzgado que "a partir del momento en que el Estado cumple (total o parcialmente) los deberes cons- titucionalmente impuestos para realizar un derecho social, el respeto de la Constitución por parte de éste deja de consistir (o deja sólo de consistir) en una obligación positiva, para transformarse (o pasar a ser también) una obligación negativa. El Estado, que estaba obligado a actuar para dar satisfacción al derecho social, pasa a estar obligado a abstenerse de atentar contra la realización dada al derecho social" (Acórdão N° 39/84, 11-4-1984, la itálica es del original; asimismo: Gomes Canotilho, José Joaquim, Direito Constitucional e Teoria da Constitução, Coimbra, Almedina, 40. ed., pág. 469 y la doctrina allí citada, a propósito del "principio de prohibición de retroceso social" o de "prohibición de evolución reaccionaria").

De su lado, el Consejo Constitucional francés, con

referencia a los objetivos de valor constitucional, tiene juzgado que, aun cuando corresponde al legislador o al Go- bierno determinar, según sus competencias respectivas, las modalidades de realización de dichos objetivos y que el pri- mero puede, a este fin, modificar, completar o derogar las disposiciones legislativas proclamadas con anterioridad, esto es así en la medida en que no se vean privadas las garantías legales de los principios de valor constitucional que dichas disposiciones tenían por objeto realizar (Décision n° 94-359 DC del 19-1-1995, Recueil des décisions du Conseil Constitu- tionnel 1995, París, Dalloz, págs. 177/178, párr. 8). Es esta una muestra de la jurisprudencia llamada du cliquet (calza que impide el deslizamiento de una cosa hacia atrás), que prohíbe la regresión, mas no la progresión.

Cabe memorar, en este contexto, las palabras del ya

mencionado miembro informante de la Comisión Redactora de la Asamblea Constituyente de 1957, sobre el destino que se le deparaba al proyectado art. 14 bis, a la postre sancionado. Sostuvo el convencional Lavalle, con cita de Piero Calaman- drei, que "'un gobierno que quisiera substraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es ga- rantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que se irá adelante'", aun cuando ello "'podrá desagradar a alguno que querría permanecer firme'" (Diario de sesiones..., cit., t. II, pág. 1060).

11) Que la exclusión y eximición sub discussio im- puestas por la ley de 1995, también terminan mortificando el fundamento definitivo de los derechos humanos, enunciado desde hace más de medio siglo por la Declaración Universal de Derechos Humanos: la dignidad del ser humano, que no deriva de un reconocimiento ni de una gracia de las autoridades o poderes, toda vez que resulta "intrínseca" o "inherente" a todas y cada una de las personas humanas y por el solo hecho de serlo (Preámbulo, primer párrafo, y art. 1; asimismo, PI- DESC, Preámbulo, primer párrafo; Pacto Internacional de Dere- chos Civiles y Políticos, ídem y art. 10.1, y Convención Ame- ricana sobre Derechos Humanos, Preámbulo, párrafo segundo y arts. 5.2 y 11.1, entre otros instrumentos de jerarquía cons- titucional). Fundamento y, a la par, fuente de los mentados derechos pues, según lo expresa el PIDESC, los derechos en él enunciados "se desprenden" de la dignidad inherente a la per- sona humana (Preámbulo, segundo párrafo; en iguales términos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Preámbu- lo, segundo párrafo. Ver asimismo: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Preámbulo, párrafo segundo). Por demás con- cluyente es este último tratado de raíz continental: ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de

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"excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano [...]" (art. 29.c), así como también lo es la Declara- ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: "Consi- derando: Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar materialmente y alcanzar la felicidad..." (primer párrafo).

Protección de la dignidad del hombre que, inserta en el texto constitucional de 1853-1860, como será visto en el considerando siguiente, ha recibido un singular énfasis si se trata del trabajador, por vía del art. 14 bis: las leyes asegurarán a éste condiciones "dignas" de trabajo. Incluso el trabajo digno del que habla el PIDESC es sólo aquel que res- peta los derechos fundamentales de la persona humana y los derechos de los trabajadores, entre los cuales "figura el respeto de la integridad física y moral del trabajador en el ejercicio de su actividad" (v. Proyecto de Observación General sobre el derecho al trabajo (artículo 6°)..., cit., pág. 5,

párr. 8).

Luego, el hecho de que los menoscabos a la integri- dad psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non laedere deban ser indemnizados sólo en los términos que han sido indicados (supra considerando 6°), vuelve al art. 39, inc. 1, de la LRT contrario a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de rei- ficar a la persona, por vía de considerarla no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo. Se olvida, así, que el hombre es el señor de todo mercado, y que éste encuentra sentido si, y sólo si, tributa a la realización

de los derechos de aquél (conf. causa V.967.XXXVIII "Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido", sentencia del 14 de septiembre de 2004, considerando 11). La expresión mercado de trabajo, empleada en más de una oportunidad por el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó al entonces proyecto de LRT (Antecedentes..., cit., págs. 408 y 409), parece no haber reparado siquiera en la precisa observación de Pío XI, cuando habla del mercado que "llaman" del trabajo: in mercatu quem dicunt laboris (Quadragesimo anno, 36, 408). Fue precisamente con base en que "el trabajo no constituye una mercancía", que esta Corte descartó que la normativa laboral a la sazón en juego pudiera ser inscripta en el ámbito del comercio y tráfico del art. 67, inc. 12, de la Constitución Nacional Cactual art. 75, inc. 13C (Fallos: 290:116, 118, considerando

4°).

Es oportuno, entonces, que el Tribunal, además de insistir sobre el ya citado precedente "Campodónico de Be- viacqua", recuerde que la dignidad de la persona humana cons- tituye el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional (Fallos:

314:424, 441/442, considerando 8°), y haga presente el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales "indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Es por ello que, en la jurisprudencia de la Corte, no está ausente la evaluación del daño como "frustración del desarrollo pleno de la vida" (Fallos:

315:2834, 2848, considerando 12).

12) Que el régimen de la LRT cuestionado tampoco se encuentra en armonía con otro principio señero de nuestra Constitución Nacional y del Derecho Internacional de los De- rechos Humanos: la justicia social, que cobra relevante apli-

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cación en el ámbito del derecho laboral a poco que se advierta que fue inscripto, ya a principios del siglo pasado, en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, como un medio para establecer la paz universal, pero también como un fin propio. Entre otros muchos instru- mentos internacionales, los Preámbulos de la Carta de la Or- ganización de los Estados Americanos y de la Convención Ame- ricana sobre Derechos Humanos, a su turno, no han cesado en la proclamación y adhesión a este principio, que también revista en el art. 34 de la antedicha Carta (según Protocolo de Buenos

Aires).

Empero, es incluso innecesario buscar sustento en los mentados antecedentes, por cuanto la justicia social, como lo esclareció esta Corte en el ejemplar caso "Berçaitz", ya estaba presente en nuestra Constitución Nacional desde sus mismos orígenes, al expresar ésta, como su objetivo preemi- nente, el logro del "bienestar general" (Fallos: 289:430,

436). Más aún; el citado antecedente de 1974 no sólo precisó

que la justicia social es "la justicia en su más alta expre- sión", sino que también marcó su contenido: "consiste en or- denar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comu- nidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización"; es la justicia por medio de la cual se consigue o se tiende a alcanzar el "bienestar", esto es, "las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad" (ídem; asimismo: Fallos: 293:26, 27, considerando 3°).

Es oportuno destacar, aún, que fue esta justicia la que inspiró, precisamente, la elaboración y sanción del ya citado art. 14 bis, según lo asentaron con toda claridad los

reformadores de 1957 (convencionales Jaureguiberry Cinformante del despacho de la Comisión RedactoraC, Peña, Palacios, Schaposnik, Pozzio y Miró, Diario de sesiones..., cit., t. II, págs. 1221, 1253, 1262 y 1267, 1293 y 1344, respectivamente), y lo advirtió oportunamente esta Corte (Fallos: 246:345, 349,

considerando 7°, y 250:46, 48, considerando 2°).

Más todavía. La llamada nueva cláusula del progreso, introducida en la Constitución Nacional para 1994, es prueba manifiesta del renovado impulso que el constituyente dio en aras de la justicia social, habida cuenta de los términos en que concibió el art. 75, inc. 19, con arreglo al cual corresponde al Congreso proveer a lo conducente al "desarrollo humano" y "al progreso económico con justicia social". No es casual, además, que en el proceso de integración del MERCOSUR, los estados partícipes se hayan atenido, en la Declaración Sociolaboral, al "desarrollo económico con justicia social" (Considerandos, párrafo primero).

Desarrollo humano y progreso económico con justicia social, que rememoran la Declaración sobre el Derecho al De- sarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986 (Resolución 41/128 Citálica agregadaC): "Los Estados tienen el derecho y el deber de for- mular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equi- tativa distribución de los beneficios resultantes de éste"

(art. 3), máxime cuando también les corresponde garantizar "la justa distribución de los ingresos" y hacer las reformas económicas y sociales adecuadas con el objeto de "erradicar todas las injusticias sociales" (art. 8.1). En este último sentido, resulta de cita obligada la Corte Europea de Derechos

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Humanos: "Eliminar lo que se siente como una injusticia social figura entre las tareas de un legislador democrático" (James y otros, sentencia del 21-2-1986, Serie A n° 98, párr. 47).

Es cuestión de reconocer, por ende, que "el Derecho

ha innegablemente evolucionado, en su trayectoria histórica, al abarcar nuevos valores, al jurisdiccionalizar la justicia social...", por reiterar las palabras del voto concurrente del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antônio A. Cançado Trindade (Medidas provisionales en el caso de la Comunidad de Paz de San José Apartado, resolución del

18-6-2002, Informe Anual de la Corte Interamericana de Dere- chos Humanos 2002, San José, 2003, pág. 242, párr. 10 y sus

citas).

También lo es de reconocer, al unísono, que mediante la eximición de la responsabilidad civil del empleador frente al daño sufrido por el trabajador, la LRT no ha tendido a la realización de la justicia social, según ha quedado ésta anteriormente conceptualizada. Antes bien; ha marchado en sentido opuesto al agravar la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo (Fallos: 181: 209,

213/214; 239:80, 83 y 306:1059, 1064, considerando 8°) y, en consecuencia, formular una "preferencia legal" inválida por contraria a la justicia social (doctrina de Fallos: 264: 185,

187, considerando 6°). Ello encierra, paralelamente, la inobservancia legislativa del requerimiento de proveer regla- mentaciones orientadas a "asegurar condiciones humanitarias de trabajo y libertad contra la opresión", según lo afirmó esta Corte en "Roldán c/ Borrás", con cita de la sentencia West Cost Hotel Co. v. Parrish de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América (Fallos: 250:46, 49, considerando 3°; en sentido análogo, respecto de la regulación estatal de los

salarios: Fallos: 246:345, 348/349, considerandos 6° y 7°). Al respecto, corresponde acotar, por un lado, que en el citado precedente nacional de 1961, se impugnó la constitucionalidad de la obligación a la sazón impuesta a los empleadores de pagar a sus empleados una determinada asignación mensual por cada uno de los hijos menores o discapacitados a cargo de aquéllos. Por el otro, que esta Corte rechazó el planteo haciendo explícito que "el fundamento valorativo de la solución reposa en inexcusables principios de justicia social (Fallos: 181:209; 246:345 y otros) y en la ponderada estimación de las exigencias éticas y condiciones económi- co-sociales de la colectividad a la que se aplica" (pág. 50, considerando 4°). El requisito de la "justicia de la organi- zación del trabajo" asentado en "Roldán", a su turno, daría fundamento a la Corte para rechazar otros cuestionamientos dirigidos a diversas prestaciones en beneficio de los emplea- dos puestas por el legislador en cabeza de los empleadores (vgr. Fallos: 251:21, 34, considerando 3°), sobre todo cuando la observancia de dicho principio "también incumbe a la em- presa contemporánea" (Fallos: 254:152, 155, considerando 3°).

13) Que frente a este cúmulo de objeciones con fun- damento constitucional, corresponde recordar que la lectura del ya citado Mensaje del Poder Ejecutivo y de las interven- ciones de los legisladores de las dos cámaras del Congreso que intervinieron en defensa del art. 39, inc. 1, da cuenta de las diversas razones que apoyaban la iniciativa: "establecer condiciones para que el financiamiento imponga costos previsibles y razonables", evitar los "desbordes que pueden generar evaluaciones que se apartan de criterios técnicos" y los tratos "desiguales frente a personas en idéntica situa- ción", garantizar una "respuesta ágil frente a las necesidades

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de un trabajador siniestrado, sin generar a sus empleadores situaciones traumáticas desde el punto de vista financiero", eliminar "el negocio de empresas que pagaban mucho y accidentados que cobraban poco", por citar sólo algunos ejem- plos (Antecedentes..., cit., págs. 409, 410 y 516). También fue dicho que, después "de la reforma del Código Civil, me- diante la incorporación de las teorías de la culpa y la con- causa en su artículo 1113, la doctrina y la jurisprudencia realizan un desarrollo de la acción civil donde se plantea el tema de la reparación integral, que ha sido distorsionada en los últimos años y ha conformado lo que en la Argentina se dio en llamar la industria del juicio" (ídem, pág. 509).

No hay dudas, para esta Corte, que es justo y razo- nable que la legislación contemple el abanico de intereses y expectativas que pone en juego la relación laboral con motivo de un accidente o enfermedad, en términos que atiendan, equi- libradamente, a todos los actores comprometidos en ese trance. Tampoco las hay, en cuanto a que la solución de estas cuestiones debe ser encarada desde una perspectiva mayor, comprensiva del bien común.

Empero, esto es así, bajo la inexcusable condición de que los medios elegidos para el logro de dichos fines y equilibrios resulten compatibles con los principios, valores y derechos humanos que la Constitución Nacional enuncia y manda respetar, proteger y realizar a todas las instituciones

estatales.

Incluso si la búsqueda legislativa se hubiera orientado hacia el bien común, debería afirmarse que éste es "un concepto referente a las condiciones de vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal", y que tiende, como uno de sus imperativos, a "la organización de la vida social en forma

[...] que se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana" (Corte Interamericana de Dere- chos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas. Arts.

13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85, 13-11-1985, Serie A N° 5, párr. 66). Todo lo relativo al trabajo subordinado, cuadra añadir, denota "una situación a la que en su momento están llamados a ocupar numerosos miembros de la sociedad" (Fallos: 305:2040, 2044, considerando 4°).

En todo caso, es "falsa y tiene que ser desechada la idea de que la prosperidad general, buscada al través de los medios del art. 67, inc. 16 [de la Constitución Nacional Cactual art. 75, inc. 18C], constituye un fin cuya realización autoriza a afectar los derechos humanos [...] La verdad, ajustada a las normas y a la conciencia jurídica del país, es otra. Podría expresársela diciendo que el desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia" del art. 28 de la Constitución Nacional (Fallos: 247:646, 659, considerando 22), que dispone que "los principios, garantías y derechos" reconocidos en ésta, "no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".

Asimismo, es de plena aplicación al presente litigio uno de los elocuentes fundamentos del caso "Mata c/ Ferretería Francesa", que también juzgó sobre un derecho amparado por el primer párrafo del art. 14 bis: "tratándose de cargas razonables [...] rige el principio según el cual el cumplimiento de las obligaciones patronales no se supedita al éxito de la empresa (Fallos: 189:234; 234:161; 240:30 y otros), éxito cuyo mantenimiento de ningún modo podría hacerse depender, jurídicamente, de la subsistencia de un régimen inequitativo de despidos arbitrarios" (Fallos: 252:158, 163/

164, considerando 10).

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Si el régimen anterior al de la LRT había demostrado su "fracaso para proveer una reparación integral y oportuna a quien sufre las consecuencias del siniestro", como lo asevera el varias veces citado Mensaje del Poder Ejecutivo (Antecedentes..., cit., pág. 408), lo cierto es que su reem- plazo, supuesto que hubiese logrado mejorar la reparación en términos de oportunidad, importó un franco retroceso del pre- dicado carácter integral, por vía del art. 39, inc. 1.

14) Que desde antiguo, esta Corte ha establecido que

las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional "cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad" (Fallos: 299: 428,

430, considerando 5° y sus numerosas citas).

En tales condiciones, por cuanto ha sido expresado, el art. 39, inc. 1, de la LRT, a juicio de esta Corte, es inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil mediante la prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, de aquélla. Esta conclusión torna inoficioso que el Tribunal se pronuncie a la luz de otros principios, valores y preceptos de la Constitución Nacional.

Finalmente, se imponen dos advertencias. En primer lugar, el desenlace de este litigio no implica la censura de todo régimen legal limitativo de la reparación por daños, lo cual incluye al propio de la LRT. Lo que sostiene la presente sentencia radica en que, por más ancho que fuese el margen que consienta la Constitución Nacional en orden a dichas li- mitaciones, resulta poco menos que impensable que éstas puedan obrar válidamente para impedir que, siendo de aplicación el tantas veces citado principio contenido en el art. 19 de la Constitución Nacional: alterum non laedere, resulte preci- samente el trabajador, sujeto de preferente tutela constitu-

cional, quien pueda verse privado, en tanto que tal, de re- clamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedad laborales.

En segundo término, la solución alcanzada no acarrea la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones perseguidos por la LRT. En efecto, es manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación de la LRT origine la eximición de responsabilidad civil del em- pleador (art. 39, inc. 1), no se sigue que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley. De tal suerte, este pronunciamiento no sólo deja intactos los mentados propósitos del legislador, sino que, a la par, posi- bilita que el empleador pueda encontrar protección en la me- dida de su aseguramiento.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se resuelve: Hacer lugar al recurso de queja, declarar admisible el recurso extraordinario denegado, y confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia del agravio tratado, con costas a la apelante (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito (fs. 1), acumúlese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (según su voto)- ANTONIO BOGGIANO (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA (según su voto)- E. RAUL ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto).

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-//-TO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA

Considerando:

1°) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apela- ciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que, después de haber declarado la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, de la ley 24.557 de riesgos del trabajo (LRT), condenó a la demandada, empleadora del trabajador re- clamante, al pago de la indemnización por daños derivados de un accidente laboral (producido en noviembre de 1997), con base en el Código Civil.

Juzgó a tal fin, en síntesis y entre otras conside-

raciones, que el régimen indemnizatorio de la LRT aplicable en el caso, era marcadamente insuficiente y no conducía a la reparación que debía garantizarse al trabajador con arreglo al art. 14 bis de la Constitución Nacional y a otras normas de jerarquía constitucional enunciadas en diversos instrumentos internacionales contenidos en el art. 75, inc. 22, de aquélla. Por otro lado, el a quo tomó en cuenta que el trabajador, cuando contaba con la edad de 29 años, a consecuencia del infortunio laboral sufrido al caer desde un techo de chapa ubicado a unos diez metros del piso, padecía de una inca- pacidad del 100% de la llamada total obrera, encontrándose impedido de realizar cualquier tipo de actividad, sea en la especialidad de aquél o en cualquier otra. Señaló, asimismo, que llegaba firme ante la alzada la conclusión del fallo de primera instancia, en cuanto a que estaba demostrado que al trabajador no le habían sido otorgados los elementos de segu- ridad y que no se había colocado red u otra protección para el caso de caídas.

2°) Que contra dicha sentencia, sólo en la medida en que declaró la mencionada inconstitucionalidad, la parte

demandada interpuso recurso extraordinario, que ha sido inco- rrectamente denegado tal como lo pone de manifiesto el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede (punto IV). Luego, al estar en juego una cuestión federal y encontrarse reunidos los restantes requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 48, corresponde hacer lugar a la queja interpuesta con motivo de la mencionada denegación.

En tales condiciones, la Corte procederá a examinar los agravios sobre la invalidez del art. 39, inc. 1, de la LRT, que reza: "Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus traba- jadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excep- ción de la derivada del artículo 1072 del Código Civil".

3°) Que este Tribunal, en la causa de Fallos: 325:11, relató las circunstancias que precedieron a la sanción de la ley 24.557 y el contexto en el cual se insertó su art. 39 (considerandos 4° y 5°). En tal oportunidad, se señaló que el legislador, en uso de prerrogativas que le han sido otorgadas por la Carta Magna, decidió la sustitución de un régimen que en años anteriores y ante circunstancias diferentes había resultado razonable, por otro que consideró adecuado a la realidad del momento; que de acuerdo con la voluntad del legislador, el objetivo del nuevo régimen consiste en la sustitución del obligado frente al siniestro; y que "el bien jurídico protegido [dentro del sistema] es la indemnidad psi- cofísica del trabajador dependiente", perspectiva desde la cual "se impone otorgar primacía a la circunstancia de que, en definitiva, el daño llegue a ser reparado" (considerando 6°).

Aunque en aquel caso se tuvo por no demostrado que la aplicación de la LRT hubiese comportado alguna postergación o frustración del derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación (considerando

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11), la Corte admitió que las limitaciones a la reparación plena previstas en los sistemas especiales de responsabilidad, serían susceptibles de cuestionamiento con base constitucional si se comprobara la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía invocada por el interesado (doctrina de Fallos: 108:240; 139:20; 188:120; 189:306, 391; 250:131;

256:474; 258:202, entre muchos otros; y Fallos: 325:11, 25, considerandos 16 y 17). Esto último implica que, si se configurara el supuesto descalificante de la norma especial, los hechos deberían juzgarse a la luz de las normas que expresan principios generales sobre responsabilidad.

4°) Que para determinar si se produjo ese menoscabo es necesario examinar, por un lado, el alcance de los derechos constitucionales involucrados en el caso, y por otro, si el daño causado por la contingencia en cuestión encuentra su debida reparación con las prestaciones de la LRT. En relación con esto último, se trata de efectuar un test de razonabilidad sobre la base de que la LRT prevé un sistema especial de responsabilidad sujeto a limitaciones propias de la discreción del cuerpo legislativo (doctrina de Fallos: 325:11, 25, considerandos 16 y 17).

En definitiva, a partir de las normas y principios

constitucionales en juego corresponde dilucidar si quedó de- mostrado que, tras la aplicación de pautas mensurables, el daño causado excede en forma manifiesta e intolerable el marco de cobertura que razonablemente cabe entender abarcado por el sistema especial. Es sabido, por un lado, que la LRT presenta para el damnificado algunas ventajas comparativas con respecto al régimen del derecho común (amplios presupuestos de responsabilidad, restricción de eximentes, automaticidad de las prestaciones, etc.), las cuales han de ser consideradas y, en su caso, discriminadas para realizar una comparación seria

entre eventuales resarcimientos; por otro lado, no cabe prescindir de los márgenes de discrecionalidad que presupone la tarifación.

En ese contexto, resulta aplicable la doctrina de esta Corte según la cual las leyes son susceptibles de cues- tionamiento constitucional "cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuen a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta iniquidad" (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus nume- rosas citas).

5°) Que, dados los argumentos convergentes de las decisiones de ambas instancias y los agravios planteados a su respecto, se encuentra específicamente en cuestión si el art.

39, inc. 1, de la LRT, al haber desarraigado de la disciplina

jurídica de los accidentes y enfermedades laborales la regla- mentación que hace el Código Civil (excepción hecha del art.

1072 de este último, que contempla un supuesto ajeno a la litis) como expresión del alterum non laedere, conduce en el sub examine a un resultado compatible con dicho principio y con las "condiciones dignas y equitativas de labor" que deben asegurarse al trabajador según el mandato constitucional del art. 14 bis.

6°) Que, con respecto al 19 de la Constitución Na- cional, en lo que interesa, esta Corte ha dicho que el "prin- cipio general" que establece, según el cual se "prohíbe a los

'hombres' perjudicar los derechos de un tercero", se encuentra

"entrañablemente vinculado a la idea de reparación". También señaló que la reglamentación que hace el Código Civil, aunque carece de carácter exclusivo y excluyente en cuanto a las personas y responsabilidades, expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (doctrina de Fallos:

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308:1118, considerando 14).

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal cuenta con numerosos antecedentes que han profundizado la razón de ser de los alcances reparadores que establecen las normas del Código Civil. Cabe recordar, al respecto, que el "valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales ni se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de la víctima, pues ello importaría instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" (Fallos:

303:820, 822, considerando 2° y su cita; criterio reiterado en

Fallos: 310:2103 y 312:1597, entre otros).

Esta Corte también ha señalado, dentro del contexto del Código Civil y Cesta vezC con referencia a un infortunio laboral, que la "incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de [la] actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable" (Fallos:

308:1109, 1115, considerando 7°). En ocasiones posteriores, descalificó pronunciamientos que habían establecido valores irrisorios o insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible, demostrada la repercusión de las secuelas no sólo en la esfera laboral sino también en lo moral, social y espiritual (Fallos: 314:729, 731, considerando 4°; 316:1949,

1950, considerando 4°; entre otros).

En suma, lo expresado determina que quepa conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, y evitar la fijación de limitaciones en la medida en

que impliquen "alterar" los derechos reconocidos por la Cons- titución Nacional (art. 28).

7°) Que tales nociones se complementan, en lo que respecta al trabajador, con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, norma que no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse principio protectorio: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes", y al precisar que éstas "asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor", dicho precepto se erige en una suerte de hito mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden constitucional, por haber enriquecido el bagaje humanista del texto de 1853-1860 con los renovadores impulsos del constitucionalismo social desplegados, a escala universal, en la primera mitad del siglo

XX.

La manda constitucional de dicha norma se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994, tienen jerarquía constitu- cional (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es asaz concluyente al respecto, pues en su art. 7 preceptúa: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: [...] a.ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias [...]; b) La seguridad y la higiene en el trabajo". A ello se suma el art. 12, relativo al derecho de toda persona al "disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", cuando en su inc. 2 dispone: "Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a

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fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figura- rán las necesarias para: [...] b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo [...]; c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades [...] profesionales".

Añádense a esta nómina de normas internacionales con jerarquía constitucional, por un lado, las relativas a la específica protección de la mujer trabajadora contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como son, más allá de las previstas en cuanto a la discriminación respecto del trabaja- dor masculino, vgr., el art. 11, que impone la "salvaguardia de la función de reproducción" (inc. 1.f), y que obliga al Estado a prestar "protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado que pueden resultar perjudiciales para ella" (inc. 2.d). Por el otro, no puede ser pasada por alto la protección especial del niño trabajador, claramente dispuesta en el art. 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y de manera general, en el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos.

8°) Que, en el caso sub examine, se determinó fun- dadamente en ambas instancias de grado que se había afectado la obligación de reparar en forma adecuada el grave perjuicio ocasionado al trabajador ante hechos o situaciones reprocha- bles al empleador.

En tal sentido, como lo señala el señor Procurador

Fiscal en su dictamen (punto III, primer párrafo), quedó fuera de discusión que el trabajador reclamante tenía 29 años de edad al tiempo del infortunio y sufrió un serio accidente al caer de un techo de chapa de unos diez metros de altura, en el que se encontraba trabajando, siguiendo las directivas de su empleadora, en la colocación de una membrana, sin que se le

hubiera provisto ningún elemento de seguridad o se hubiera instalado una red o mecanismo protectorio para el supuesto de

caídas.

Específicamente, en la sentencia recurrida se tu- vieron en cuenta las conclusiones periciales según las cuales el actor presenta las siguientes dolencias: "Lesión del V1 par craneano que produjo parálisis del músculo recto externo derecho que a su vez llevó a un estrabismo convergente y ul- terior pérdida de visión del ojo (incapacidad 42% de la T.O.), secuelas neurológicas-hemiparesia facio-brauiocrural izquierda, trastornos sensitivos en cara y lado izquierdo, trastornos cerebelosos del mismo lado, compromiso de pares craneanos facial, motor ocular externo y trastornos velopala- tinos (incapacidad 40% de la T.O.), hipoacusia mixta bilateral (6,8%) y por las cicatrices, acúfenos, repercusión funcional de lesiones articulares de los dedos de las manos, dedo en resorte y lesiones dentarias (1,5%)". Además, el trabajador presenta "secuelas de síndrome psicorgánico con componente depresivo reactivo franco de grado moderado que lo incapacita en un 30% de la T.O.". Por todo ello y habida cuenta de que se consideró al trabajador impedido de realizar cualquier tipo de actividad, el tribunal de alzada atribuyó a las secuelas sufridas una incapacidad del 100%, mayor que la fijada en primera instancia (confr. fs. 642 de los autos principales).

También surge de las constancias de la causa que, en consideración de distintas pautas por aplicación de las normas del derecho común, la eventual compensación adecuada de la pérdida de ganancia que el trabajador experimentaría como consecuencia de su incapacidad total y definitiva, desde el infortunio hasta que estuviera en condiciones de gozar de la jubilación ordinaria, superaría los $ 209.000. Ésta repre- sentaba más de tres veces el importe resultante de aplicar las

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pautas de la LRT (según el texto vigente a la fecha del accidente, al que se aludirá en adelante) para determinar la prestación dineraria respectiva, con prescindencia del examen sobre el alcance del reclamo de otros rubros en relación con la asistencia ya otorgada por la aseguradora de riesgos del trabajo con posterioridad al accidente. Dicho examen Cque pudo involucrar el alcance de ciertas ventajas comparativas de la LRT en el casoC fue efectuado en el punto 4 de fs. 642/643 sin suscitar cuestionamiento específico en el recurso extraordinario.

Todas estas apreciaciones referentes a temas fácti- cos y de derecho común no son revisables en esta instancia, habida cuenta de que Cmás allá de su grado de aciertoC no han sido objeto de una crítica concreta y razonada que demuestre la configuración de un supuesto de arbitrariedad.

9°) Que, consecuentemente, en autos ha de conside- rarse probada la diversidad de daños irrogados a la víctima en relación causal adecuada con el accidente por el que reclamó, los cuales resultan insuficientemente reparados por el régimen de la LRT en medida tal que importa la frustración de la finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica del trabajador.

En el caso, la afirmada insuficiencia pone de mani-

fiesto una circunstancia de dicho régimen que, aunque no au- torice a considerar que la tarifa respectiva resulte de suyo reñida con los principios constitucionales aludidos, invita a poner especial atención frente a la posibilidad de que otros trabajadores o sus derechohabientes experimenten menoscabos asimilables al sub examine.

En concreto, la LRT no admite indemnización por otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta conmensurable de manera

restringida. De no ser esto así, el valor mensual del "ingreso base" no habría sido el factor determinante del importe de la prestación, sobre todo cuando el restante elemento, "edad del damnificado", no ha hecho más que proyectar dicho factor en función de este último dato (LRT, art. 15, inc. 2, segundo párrafo, según texto vigente a noviembre de 1997). Súmanse a ello otras circunstancias relevantes. El ingreso base (art.

12, inc. 1, íd.): a. sólo ha tomado en cuenta los ingresos del damnificado derivados del trabajo en relación de dependencia y, aun en el caso de pluriempleo (ídem, art. 45.a), lo hizo con el limitado alcance del decreto 491/97 (art. 13), y b. aun así, no comprende todo beneficio que aquél haya recibido con motivo de este vínculo, sino sólo los de carácter remuneratorio, y, además, sujetos a cotización, lo cual, a su vez, supuso un límite derivado del módulo previsional (MOPRE, ley 24.241, art. 9, modificado por decreto 833/97). Finalmente, la prestación, sin excepciones, quedó sometida a un quántum máximo que Csegún el texto legal aplicableC no podía derivar de un capital superior a los $ 55.000 (LRT, art.

15, inc. 2, segundo párrafo).

10) Que, desde otro ángulo, es un hecho notorio que la LRT, al haber excluido la vía reparadora del Código Civil (con excepción de la derivada del art. 1072) eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (v. Fallos: 123:379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fue el caso de la ley 9688 de accidentes, sancionada en 1915 (art. 17). Sin perjuicio de que tal exclusión no resulta en principio censurable, sí lo es Ccomo se advirtió en los considerandos

precedentesC en la medida en que se invoque y demuestre que el

desarraigo del principio general que aquella vía reglamenta, comporta un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada

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reparación.

Para esta Corte, es justo y razonable que la legis- lación contemple el abanico de intereses y expectativas que pone en juego la relación laboral con motivo de un accidente o enfermedad, en términos que atiendan, equilibradamente, a todos los actores comprometidos en ese trance. Empero, esto es así bajo la inexcusable condición de que los medios elegidos para el logro de dichos fines y equilibrios resulten com- patibles con los principios, valores y derechos humanos que la Constitución Nacional enuncia y manda respetar, proteger y realizar; lo cual no ha sucedido en el caso (conf. arts. 28 y

75, inc. 22, Constitución Nacional).

11) Que, por todo lo expresado, el art. 39, inc. 1, de la LRT, a juicio de esta Corte, deviene inconstitucional en el sub examine en cuanto exime al empleador de responsabilidad civil. Esta conclusión torna inoficioso que el Tribunal se pronuncie a la luz de otros principios, valores y preceptos de la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de ello, se imponen dos advertencias.

En primer lugar, el desenlace de este litigio no implica Ccomo es obvioC la censura de todo régimen legal limitativo de reparación por daños, lo cual incluye el propio de la LRT. Lo que sostiene la presente sentencia radica en que, por más ancho que fuese el margen que consienta la Constitución Na- cional en orden a dichas limitaciones, resulta poco menos que impensable que éstas puedan obrar válidamente para impedir que el trabajador pueda verse privado, en todos los casos, de

reclamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedad laborales.

En segundo término, la solución alcanzada no acarrea la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones perseguidos por

la LRT. En efecto, el hecho de ser constitucionalmente inválido, en determinados supuestos, que la mentada prestación de la LRT origine la exención de responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc. 1), no obsta a que las aseguradoras de riesgos del trabajo deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar al recurso de queja, se de- clara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada en cuanto ha sido materia del agravio tra- tado, con costas a la apelante (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito de fs. 1, acumúlese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - JUAN CARLOS MAQUEDA.

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-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

1°) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apela- ciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia, declaró la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, de la ley

24.557 de riesgos del trabajo (LRT) e hizo lugar al pago de

la indemnización por accidente de trabajo reclamada con sustento en el art. 1113 del Código Civil.

2°) Que contra tal pronunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordinario que ha sido mal denegado como bien lo señala el señor Procurador Fiscal en el dictamen antecedente. Existe pues, cuestión federal y hallándose reu- nidos los demás requisitos de admisibilidad del recurso ex- traordinario previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 48, corresponde hacer lugar a la queja interpuesta.

3°) Que las cuestiones traídas a conocimiento de la Corte son sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas en la causa "Gorosito", registrada en Fallos: 325:11, donde se destacó que no es posible predicar en abstracto que el precepto impugnado en la especie conduzca inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional (considerando 18).

4°) Que en el caso, por las razones expuestas en los considerandos 8° a 11 del voto de los jueces Belluscio y Maqueda, que el que suscribe comparte, en lo pertinente, se impone concluir que la indemnización tarifada conduce a la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor

Procurador Fiscal, se hace lugar al recurso de queja, se de- clara admisible el recurso extraordinario y se confirma la

sentencia apelada en cuanto ha sido materia del agravio tra- tado. Con costas a la apelante (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito de fs. 1. Acumúlese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ANTONIO BOGGIANO.

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-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de

NOLASCO Considerando:

1°) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apela- ciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, de la ley 24.557 de riesgos del trabajo y condenó a la empleadora demandada, con base en el Código Civil, al pago de la in- demnización por daños de un accidente laboral sufrido por el actor en el mes de noviembre de 1997. Contra esa decisión interpuso la demandada el recurso extraordinario cuya denega- ción dio lugar a la presente queja.

2°) Que el recurso extraordinario es formalmente procedente, tal como lo señala el señor Procurador Fiscal en su dictamen, por hallarse en juego una cuestión federal y encontrarse reunidos los restantes recaudos de admisibilidad exigidos por los arts. 14 y 15 de la ley 48.

3°) Que, en la sentencia recurrida, el a quo señaló que el art. 39, inc. 1, de la ley 24.557 establece una dis- criminación negativa, al excluir la posibilidad de que, ante un accidente de trabajo, el afectado o sus causahabientes recurran a la vía del art. 1113 del Código Civil, en tanto un ciudadano común puede, en una situación similar, acceder a dicha acción. Juzgó que lo dispuesto en la mencionada norma lesiona gravemente derechos y garantías de la Constitución Nacional, así como principios elementales del derecho del trabajo. Con apoyo en diversas citas doctrinarias y jurispru- denciales, concluyó que esa discriminación es violatoria de los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 75 incs. 19 y 23 de la Constitución Nacional y de diversos tratados que revisten

igual rango, entre los cuales destacó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, además, el convenio 111 de la OIT. Estimó que las razones brindadas en abstracto para fundar tal discriminación, carecen de entidad frente a las mencionadas normas de orden superior, que otorgan al trabajador un intenso marco de protección totalmente obviado por el sistema jurídico cuestionado. Dijo también que es incompatible con ese plexo normativo constitucional, la existencia de un universo jurídico compuesto por personas excluidas del derecho a obte- ner el resarcimiento de los daños causados, en su salud, por la conducta antijurídica de otros habitantes. Añadió que mayor gravedad todavía reviste esa exclusión, porque sólo se funda en la calidad de trabajadores de las víctimas, que no tienen otro capital que su salud, ni otra forma de vivir que poner a disposición de otros su fuerza de labor. Puntualizó el a quo que ese régimen es, además de inconstitucional, injusto, cuando la previsibilidad económica de las reparaciones se obtiene a costa de quienes ya han visto socavado su patrimonio al padecer incapacidades laborativas. Destacó que la limitación establecida en el art. 39 de la ley de riesgos del trabajo no se circunscribe a una eventual falta de equivalen- cia económica, sino que importa la cancelación del derecho de los damnificados a la reparación del daño, aun ante comporta- mientos ilícitos del empleador, lo que colisiona con las ga- rantías constitucionales de igualdad ante la ley, propiedad y libre acceso a la justicia. Ponderó asimismo el tribunal que la adopción de sistemas tarifarios, para ser constitucional- mente válida, requiere que las pautas utilizadas sean razona- bles y tuvo en cuenta que, de la propia expresión de agra- vios de la empleadora, surgía la irrazonabilidad de su apli- cación al caso, en que el actor Cde veintinueve años de edad

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al sufrir el infortunioC resultó con el 100% de incapacidad total obrera, ya que sólo la indemnización concedida para reparar el lucro cesante, triplicaba la que la ley de riesgos del trabajo prevé para el supuesto de fallecimiento del tra- bajador. Finalmente, entendió que se imponía en el sub lite declarar la inconstitucionalidad de la ley, por la grosera violación al principio de igualdad de un régimen que sólo exige al trabajador soportar ese desamparo, mientras que un tercero o una persona sin relación de dependencia con la de- mandada, tendría expedita la vía para reclamar la reparación integral del daño.

4°) Que, en tales condiciones, corresponde examinar los agravios vertidos contra la declaración de invalidez del art. 39, inc. 1, de la ley 24.557, que establece: "Las pres- taciones de esta ley eximen a los empleadores de toda respon- sabilidad civil frente a sus trabajadores y a los derechoha- bientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil".

5°) Que el art. 19 de la Constitución Nacional regula los diversos aspectos de la libertad personal, de modo tan amplio y completo, que ha dicho Joaquín V. González que pocas constituciones han comprendido con tanto acierto ese concepto como la nuestra, desde una perspectiva que abarca tanto la vida privada, "...la esfera de la independencia personal, donde no llega el poder de la ley" como "la que toma al hombre como miembro de la comunidad, obrando activamente dentro del radio donde la ley alcanza" ("Manual de la Constitución Argentina", Angel Estrada y Cía. Editores, n° 95, págs.

116/117).

Precisamente, en ese ámbito en que el hombre actúa regido por las normas que dictan los poderes del Estado, se

enmarca el precepto que prohíbe perjudicar los derechos de un

tercero.

6°) Que el principio del alterum non laedere confi- gura una regla constitucional de vasto alcance, que esta Corte juzgó entrañablemente ligada a la idea de reparación de los daños causados y que, si bien constituye la base de la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las per- sonas y las responsabilidades consecuentes, no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (Fallos: 308:1118; 315:780, 1731, 1892, entre otros).

7°) Que la reglamentación legal de ese precepto debe hacerse de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley Fundamental pues, como lo ha señalado desde antiguo y en forma reiterada esta Corte, los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamenten, siempre que éstas sean razonables, se adecuen al fin que re- quirió su establecimiento y no incurran en arbitrariedad (Fa- llos: 300:381, 700, entre otros), como así también que es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus pre- ceptos de manera que armonicen con el ordenamiento restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 297:142; 299:93; 316:562, entre muchos otros).

8°) Que, desde tal perspectiva, el examen de la norma cuestionada no puede efectuarse sino dentro del marco al cual acceden sus disposiciones, que vinculan el derecho a reclamar judicialmente para obtener la reparación integral de los daños, con la calidad de trabajador de la víctima, excluyendo ab initio, a quienes revisten esa condición, del régimen

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general establecido en el Código Civil.

9°) Que el art. 14 bis de la Constitución Nacional ha hecho del trabajador un sujeto de preferente tutela cons- titucional. Al prescribir lo que dio en llamarse principio protectorio: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes" y, al precisar que éstas "asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor", dicho precepto se erige en un hito enriquecedor del texto establecido en 1853-1860, con los renovados impulsos del constitucionalismo social desplegado, a escala universal, en la primera mitad del siglo XX.

La manda constitucional de dicha norma se ha visto

fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22. Así lo confirma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuanto declara que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren Centre otras calidadesC una remuneración digna y equitativa, seguridad e higiene en el trabajo, así como el acceso al más alto posible nivel de salud física y mental, con el consiguiente mejoramiento de la higiene del trabajo y el medio ambiente y la prevención y tratamiento de las enfermedades, inclusive las profesionales, y atención médica en caso de enfermedad (arts. 7, 12). Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) previene contra la discriminación en el goce de los derechos humanos, defiende el derecho a la vida, a la integridad física y moral, el acceso a la justicia y la protección judicial (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 15); en tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos ampara contra

toda discriminación, asegurando la igualdad ante la ley en el goce de los derechos y en el acceso a la justicia (arts. 1, 2,

7, 8).

10) Que la debida armonía entre el precepto consti- tucional que prohíbe causar daño a terceros, del que se deriva el deber de reparar los que se hubiesen ocasionado, y los principios que otorgan intensa tutela constitucional a los trabajadores, ha sido objeto de consideración por este Tribu- nal al examinar la razón de ser de los alcances reparadores que establecen las normas del Código Civil. Así, ha señalado que la "incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable" (Fallos: 308:1109). En otras ocasiones, descalificó pronunciamientos que habían es- tablecido valores irrisorios o insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible, demostrada la repercusión de las secuelas no sólo en la esfera laboral sino también en lo moral, social y espiritual (Fallos: 314:729, 731 considerando

4°; 316:1949, entre otros).

En suma, lo expresado determina que cabe conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita y evitar la fijación de limitaciones que impliquen alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art. 28).

11) Que la ley de riesgos de trabajo, al vedar la

promoción de toda acción judicial tendiente a poder demostrar la real existencia y dimensión de los daños sufridos por el trabajador y disponer, además, la exención de responsabilidad civil para el empleador, cercena de manera inconciliable con los principios constitucionales, el derecho a obtener una reparación íntegra. Esa restricción conceptual importa la

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frustración de la finalidad esencial del resarcimiento por daños sufridos a la integridad psicofísica del trabajador, pues la ley cuestionada no admite indemnización por otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del traba- jador, la cual, a su vez, resulta mensurada de manera res-

tringida.

12) Que es un hecho notorio que la ley de riesgos del trabajo, al haber excluido la vía reparatoria del Código Civil Ccon excepción de la derivada del art. 1072C eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (ver Fallos: 123:379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fue el caso de la ley 9688, sancionada en 1915.

Tal exclusión resulta censurable en la medida en que traduce el abandono de los preceptos constitucionales de protección al trabajador, que se ve privado, por su sola con- dición de tal, de acceder a la justicia en procura del amparo de sus derechos que, paradójicamente, tienen expreso y espe- cial reconocimiento en la Ley Fundamental y en los pactos de igual jerarquía que le acceden.

13) Que esa discriminación no encuentra razonable apoyo en el texto constitucional, pues la igualdad de trata- miento ante la ley Cno exenta de razonables distinciones, según constante jurisprudencia del TribunalC, no admite que se distinga negativamente a quienes ven lesionada su capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los restantes habitantes en circunstancias simi- lares. Ello, debido a la ausencia de toda relación lógica y normativa entre la condición de trabajador y la denegación del acceso a la justicia para solicitar la aplicación del régimen general previsto en el Código Civil, que no encuentra compensación adecuada en un régimen sustitutivo, de indemni-

zaciones tarifadas, cuya adopción Cy la ponderación de sus eventuales ventajas comparativasC, no es producto de la libre elección de la víctima.

14) Que, por otra parte, la exención de responsabi- lidad del empleador que consagra ese régimen legal, constituye en sí misma un elemento distorsionante de la relación laboral, en claro apartamiento de los lineamientos constitucionales que se orientan en dirección a la protección del trabajador y no de su desamparo. Es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. La prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona

humana.

15) Que, en tal sentido, las normas sub examine exteriorizan un retroceso en la concepción humanista que exalta la calidad intrínseca del trabajo como expresión de la persona, consagrada Centre otros documentosC en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23).

En ese contexto, la exención de responsabilidad del empleador frente a infortunios laborales, se presenta como una vía apta para eludir el cumplimiento de los deberes cons- titucionales y legales de preservar el estado de seguridad, higiene y dignidad del trabajo, ya que mediante la simple contratación de un seguro legal se podrá lograr la impunidad ante la culpa o desaprensión que pudieren causar un daño. Queda, de tal modo, desarticulado un sistema construido a través de los años y de duras experiencias históricas, que impone al empleador responsabilidad por las condiciones en que

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se presta el trabajo bajo su dependencia, como modo de asegurar que se respeten los derechos universalmente recono- cidos al trabajador.

16) Que es contrario a las normas constitucionales en juego y a los principios generales del derecho, que el causante de un daño se exima de las consecuencias de su ac- cionar ilícito, defecto que no se ve superado por la automá- tica asignación de una prestación dineraria a la víctima, desvinculada, además, de la realidad del perjuicio. Y así, al excluir al empleador de las consecuencias de su accionar, el sistema legal que lo establece desatiende fines más amplios y objetivos más elevados que una mera contraprestación económi-

ca.

17) Que la confrontación entre la norma cuestionada y las de orden superior en que se inserta, de las que resulta su ineptitud para reglamentarlas conforme a las pautas que impone el art. 28, no conllevan la censura de todo régimen limitativo de la reparación de daños, ni importa desconocer la eventual utilidad del sistema de automaticidad y celeridad en la obtención de las prestaciones conferidas por la ley de riesgos del trabajo. La invalidez constitucional que se com- prueba en el sub lite, atiende a la falta de adecuación razo- nable entre la disposición que veda al trabajador acudir a la justicia para obtener la reparación integral de los daños sufridos, y los preceptos constitucionales que amparan preci- samente el derecho de lograrla. En el sub lite, ese desajuste se tradujo en la manifiesta insuficiencia de la reparación a que conduce la indemnización tarifada, frente a la magnitud de la que exige la reparación integral acorde con las cir- cunstancias del caso.

18) Que, en el ámbito de las cuestiones examinadas,

el art. 39, inc. 1, de la ley 24.557 afecta las garantías

constitucionales reconocidas en los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y

28 de la Constitución Nacional y de los tratados incorporados por el art. 75 inc. 22, de modo que se encuentran reunidas las condiciones que exigen declarar la invalidez de la norma, como ultima ratio del orden jurídico.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara pro- cedente el recurso extraordinario deducido y se confirma la sentencia apelada, con costas. Reintégrese el depósito de fs.

1. Acumúlese la queja al expediente principal. Hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

ES COPIA

Recurso de hecho interpuesto por Cargo Servicios Industriales S.A., representado por el Dr. Hernán Alberto Cachés.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan- cia del Trabajo n° 28.